BRAGA
Créditos: Noelle Otto/Pexels
Los hechos ocurrieron en un baño en el cual solo tenían acceso las enfermeras y TENS del recinto de salud, quienes presentaron una querella en contra del responsable, un ex compañero, y apuntan también a las responsabilidades de la Clínica que no hizo las denuncias correspondientes.
Fueron 13 mujeres, enfermeras profesionales y técnicas de la Clínica Dávila las víctimas de este sujeto, quien por un largo periodo de tiempo las grabó por medio de una cámara escondida cuidadosamente en una planta del baño femenino de la Unidad de Diálisis del centro asistencial.
Tras que una de las trabajadoras hiciera el descubrimiento de la cámara, el autor de los hechos fue identificado y renunció al recinto de salud, sin embargo, acusan que actualmente ya se encuentra buscando un nuevo empleo en otro establecimiento.
Las víctimas acusan que lo ocurrido les trajo consecuencias sicológicas “no podemos dormir, estamos con pesadillas (…) sentirse vulnerada es súper complejo porque finalmente te afecta en tu vida personal, tu vida laboral”, señala una de las afectadas para Meganoticias.
Es por lo anterior que presentaron una querella legal contra el culpable para impedir que vuelva a vulnerar la privacidad de otras personas.
Pese a la existencia de dicha denuncia, la Policía de Investigaciones no ha incautado instrumentos como computadores o teléfonos del acusado. «Las diligencias todavía se encuentran pendientes, a espera que se hagan estas diligencias que busquen obtener el material que él generó en la clínica», sostuvo el abogado de las víctimas Daniel Acuña.
De acuerdo con el abogado, aún «es difícil cuantificar la magnitud de los afectados, porque esta cámara estaba puesta en un lugar de acceso público, así que difícilmente se puede establecer de momento cuánto es la cantidad total de afectados», señaló el abogado en el matinal Mucho Gusto.
Además agregó algunas de las consecuencias legales de los delitos que conllevan la instalación de la cámara y las responsabilidades de la Clínica al no haber denunciado correctamente los hechos.
Según Acuña, la obtención de dicho material audiovisual arriesga desde 61 días de cárcel hasta cinco años, sumado a una multa desde los 50 UTM hasta los 500. Es decir, desde $2.673.800 a los $26 millones 500 mil.
Sumado a ello, el abogado señaló que la Clínica arriesga multas por omisión del delito por parte de su funcionario. «Encontramos la configuración de un delito que se da por la omisión de denuncia por parte de las autoridades de la clínica, y este delito lleva una sanción que va de 1 a 4 UTM», es decir, de $53.476 a $213.904.
