BRAGA
“¿Por qué y para qué quieren esa información?”, se preguntan la vicerrectora de Extensión de la U. de Chile, Faride Zeran; la magíster en Género de la misma casa de estudios, María Soledad Falabella; y la profesora de la Escuela de Sociología de la U. de Valparaíso, Elisabeth Simbürger. Esto, tras la solicitud de información de los diputados oficialistas Harry Jürgensen, independiente (exmilitante de Renovación Nacional), y Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, sobre los “cursos, centros, programas de estudio que se refieran a estudios de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo”. Para las académicas, este oficio es una vulneración al derecho de enseñanza que tienen las universidades públicas en nuestro país.
Han pasado exactamente cuatro meses desde que los diputados oficialistas Harry Jürgensen Rundshagen, independiente (exmilitante Renovación Nacional), y Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, emitieron el oficio N° 76054, dirigido a los ministros de Hacienda y de Salud para solicitar información sobre “cursos, centros, programas de estudio que se refieran a estudios de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo”, y todavía no hay conocimiento de por qué y para qué los parlamentarios necesitan dicha información.
Hasta el momento, más de 18 universidades estatales se unieron y declararon públicamente su rechazo a esta solicitud, en la que se pide también el detalle de cuáles son los recursos fiscales que se entregan a las organizaciones OTD Chile (Organizando Trans Diversidades) y Transfest, programas relacionados con la comunidad LGBTIQ+, respecto de lo cual no solo requieren los datos de las terapias de reemplazo hormonal e intervenciones quirúrgicas, sino quiénes son y fueron destinatarios de estas.
Tras hacerse pública dicha situación el pasado 20 de octubre, estudiantes y funcionarios de las diversas universidades del país, demostraron su rechazo a la medida y se negaron a entregar la información, además de hacer hincapié en el uso despectivo del término “ideología de género”. Las rectorías levantaron comunicados en rechazo alegando que, en su calidad de instituciones públicas, abogan por guiar el “quehacer por los principios de equidad de género, respeto, tolerancia e inclusión”.
“Fuimos quienes de inmediato denunciamos públicamente este requerimiento típico de la era macartista porque conocemos cómo, de ciertos supuestos que devienen en acusaciones, se pasa rápidamente a restricciones presupuestarias y a los ataques a la libertad de cátedra y autonomía universitaria”, comenta la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Faride Zeran.
Sin embargo, la Universidad de Santiago de Chile (Usach) sí entregó la información solicitada por los diputados oficialistas. Un hecho que no tan solo generó gran repudio por parte de la comunidad educativa, sino que también provocó la paralización de las actividades por parte de sus estudiantes, de manera indefinida y que exige, para su término, la renuncia del rector Juan Manuel Zolezzi, quien autorizó el despacho de la información.
El envío de esta información, además de otros requerimientos solicitados a docentes sobre la misma temática, pero vía Transparencia, encendieron nuevamente las alarmas en la comunidad universitaria, sobre todo ante la duda: ¿por qué y para qué necesitan dicha información?
Para responder a esta duda es que, desde El Mostrador Braga, contactamos a los diputados Jürgensen y Urruticoechea, pero lamentablemente, hasta el cierre de la redacción, no obtuvimos respuesta.
Por parte del estudiantado de la Usach, la integrante de la vocería de Género y Sexualidades, Geraldine Araya, comenta que el requerimiento no solicitaba individualizar a los estudiantes que realizaban cursos de género, solo a docentes. Sin embargo, la universidad de todas formas lo hizo. Situación que “sigue sin reconocerse como error ni asumir responsabilidades. Se escudan con la Ley de Transparencia”, asegura Araya.
“Tenemos bastante claro que este requerimiento no tiene un carácter informativo. Va más allá y es claramente una persecución a las identidades trans y a aquellas personas que empatizamos con el feminismo y queremos entregar a nuestra comunidad mejores herramientas en cuanto a estas temáticas”, señala la representante del estamento estudiantil.
Cabe señalar que ninguno de los legisladores, ni Urruticoechea como tampoco Jürgensen, son miembros de alguna de las comisiones en las que se discuten temáticas de educación o salud que pudieran explicar sus intenciones fiscalizadoras.
Otra académica que denuncia ser víctima de persecución por desarrollar temáticas de género, es la profesora titular de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso, Elisabeth Simbürger, quien tras haber enviado un correo reflexivo en rechazo al oficio N°76054, denuncia que le llegó –en la madrugada del 22 de octubre– un correo desde Transparencia, en el cual supuestamente el candidato a diputado de la ultraderecha por el distrito 7, Luis Sánchez, solicita a la universidad sus últimas cuatro liquidaciones de sueldo, evaluaciones como académica, además de información detallada sobre fechas y nombres de charlas y clases que dictó en materia de derechos humanos y de no discriminación.
Tras hacer público este hecho, el candidato Sánchez aseguró no ser él quien emitió la solicitud, la cual estaba asociada a un correo electrónico falso. “Yo no soy la única funcionaria de esta universidad que aborda temáticas de género, pero sí soy la que más usa el correo público de la universidad para plantear temas que me parecen importantes”, comenta la profesora, quien siente que esta solicitud de información detallada es un afán de “amedrentar y perseguir a un académica que simplemente puso el tema de la persecución política y el intento de limitar la libertad de cátedra sobre género (…). Yo no voy a permitir que gente de nuestro propio espacio intente perseguirnos en el año 2021, en el año que la constituyente partió su valioso trabajo. La universidad pública tiene que seguir siendo un lugar de discusión crítica y argumentos, no de amenazas y de persecución política que se instalan a través de oficios”.
Tras lo sucedido, Simbürger, junto a la comunidad educativa de la Universidad de Valparaíso, han reunido más de 1.800 firmas con el objetivo de “ponerle fin al amedrentamiento académico en Chile”. En dicho documento, comentan la preocupación que les genera que haya acciones similares en Brasil, Hungría, Polonia, Rumania y Dinamarca, donde sectores ultraconservadores han buscado intervenir las universidades y proponer una asociación de su quehacer con lo que llaman “marxismo cultural”, particularmente tratando de amedrentar a académicas y académicos que enseñan materias de género y de derechos humanos.
Con esto, “buscan denostar el compromiso de las universidades con la construcción de sociedades más justas, laicas y diversas a través de la producción, difusión y aplicación de conocimiento. Las universidades en todo el mundo, son instituciones clave en promover el desarrollo, el conocimiento y el pluralismo. Un principio que define y distingue a la universidad pública es precisamente la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra”, connota.
Para la académica y magíster en Género y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Chile, María Soledad Falabella, estos hechos son consistentes con el ejemplo internacional de las intervenciones de la ultraderecha.
Según su análisis, esto es “parte de una arremetida de una derecha integrista religiosa internacionalista que está apoderándose de la derecha tradicional chilena. Hoy cuentan con células activas en países como Brasil, México, Colombia y ahora Chile. Dicen ‘defender la religión católica’, como el grupo Yunque, de México. Estos grupos utilizan tácticas comunicacionales disruptivas y antisociales, tales como las fake news y el uso de bots para distribuir discursos de odio”.
Para la académica, el requerimiento de los diputados incurre en un lamentable error conceptual, al referirse al “género” como “ideología”, cuando se trata de un concepto concebido para categorizar la conformación de identidades de las personas. Finalmente, respecto de la mirada internacional de la ultraderecha, explica que son grupos financiados por instituciones como Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), American Center for Law and Justice (ACLJ) y Alliance Defending Freedom (ADF), los que han sido parte de actividades de la derecha extrema también en Hungría y España.
