BRAGA
Créditos: Foto de Jonnathan Oyarzún/Aton Chile
Desde 1924, la ley del aborto en Perú se mantiene intacta y solo se permite realizarlo cuando la salud o la vida de la mujer se encuentran en riesgo inminente por la continuación del embarazo. Por tanto, se sigue penalizando el aborto en caso de malformaciones congénitas o por violencia sexual.
Han pasado casi 100 años desde que Perú legalizó el aborto terapéutico, un largo periodo en el que, sin embargo, la brecha para acceder al procedimiento no ha logrado cerrarse. Todavía son múltiples los obstáculos que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres para interrumpir un embarazo, incluso en los casos en los que supone el único medio para salvar su vida o evitar un mal grave y permanente en su salud.
El estigma, la desinformación, las creencias religiosas, la oferta restrictiva y, hasta 2014, la falta de un protocolo unificado, entre otras barreras, han provocado que el acceso a este servicio de salud sea muy limitado.
«Llevamos muchos años y aún vemos lejana una implementación real del protocolo de aborto terapéutico. Todavía tenemos un gran número de mujeres jóvenes, adolescentes o niñas que no pueden acceder al protocolo y eso provoca maternidades forzadas», explica a Efeminista la oficial senior de programas de Planned Parenthood Global para Perú, Pilar Montalvo.
Desde 1924, la ley del aborto en Perú se mantiene intacta y solo se permite realizarlo cuando la salud o la vida de la mujer se encuentran en riesgo inminente por la continuación del embarazo.
Por tanto, se sigue penalizando el aborto en caso de malformaciones congénitas o por violencia sexual, una causal «urgente» de incorporar en un país en donde una de cada cinco niñas menores de 15 años ha sufrido violencia sexual, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las estadísticas de violencia sexual explican la pavorosa cifra que revelan los reportes oficiales en Perú, recogidos por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) sobre embarazos infantiles: desde 2016, cada día, se registra un promedio de al menos cinco niñas menores de 14 años obligadas a asumir maternidades forzadas.
Ese panorama fue especialmente dramático para las menores de 10 años en 2020, cuando en plena pandemia de la covid-19 los partos se cuadruplicaron respecto a la tendencia promedia reportada en años anteriores, tras alcanzar los 24 casos y superar de largo los 9 o 5 registrados en 2019 y 2018, respectivamente, según datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo también citados por Cladem en su último informe.
«¿A esas niñas se les informó del aborto terapéutico? ¿Se les ofreció el servicio o se les dio consejería?», se pregunta la directora de programas de Promsex, Rossina Guerrero, quien tacha estos casos de «una condena a la muerte, prácticamente» y recuerda que Perú es el único país de América Latina que ha sido sancionado dos veces por cortes internacionales por haber negado el aborto terapéutico a dos menores de 18 años.
El primer caso data de 2005, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció a favor de una adolescente de 17 años que fue obligada a llevar a término un embarazo con una malformación fetal que era incompatible con la vida.
Seis años después, en 2011, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) también determinó la responsabilidad de Perú por el caso de una niña de 13 años que intentó suicidarse tras sufrir reiteradas violaciones. La menor quedó cuadripléjica debido a una cirugía tardía que solo se le realizó tras sufrir un aborto espontáneo.
«Si queremos cambiar las cosas para que más mujeres puedan acceder al aborto terapéutico hay que disminuir las barreras y eso significa entender la realidad de nuestro país: qué pasa en las zonas amazónicas, qué pasa en las zonas donde apenas tienen un técnico en salud. Tenemos que legislar bajo esa realidad», agrega Pilar Montalvo.
Pilar Montalvo, vocera PP Global, en una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/ JUAN PONCE VALENZUELA
Para acceder a un aborto terapéutico en Perú, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital distrital con especialidades básicas. Pero estos requisitos, coincide Rossina Guerrero, de Promsex, se terminan convirtiendo en barreras
«Las mujeres tienen sus controles prenatales en el primer nivel. El protocolo incluye el misoprostol, que es un procedimiento seguro y ambulatorio, pero se optó por la hospitalización, por hacer este proceso engorroso. Las mujeres llegan al primer nivel de atención, muestran síntomas de alarma o problemas y no se las deriva. No hay una cadena», advierte.
Si estas niñas o mujeres logran llegar al hospital, se encuentran con «una resistencia de los y las médicas para realizar las intervenciones». Si no logran llegar, algunas optan por hacerlo en la clandestinidad, poniendo en peligro sus vidas.
«A veces les ofrecen misoprostol falso. Hay mucha gente lucrando con esta necesidad que pasan las mujeres», señala Pilar Montalvo.
La representante de Planned Parenthood Global agrega que por parte de los y las profesionales de la salud todavía hay desconocimiento. «Por una parte es que «prefiero no saber o no escuchar porque todavía tengo sentimientos encontrados cuando escucho sobre aborto» o porque muchos profesionales dicen que no han tenido capacitación para ello, a pesar que ha habido mucha información».
Sin embargo, para el director de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Luis Flores, el problema no es que los profesionales de la salud no conozcan la guía, sino el marco legal. «A estas alturas, decir que se desconoce la guía es imposible, (pero) lo que sí que hay es temor porque el médico piensa que podrían observarlo judicialmente», afirma.
«Es un trabajo de hormiga, hay que trabajar hospital por hospital», agrega Flores, tras citar un estudio de su colega Juan Pedro Matsumura, que reveló que para el 63 % de los profesionales de la salud las principales barreras para practicar el aborto terapéutico son personales e incluyen aspectos religiosos, legales y temores.
Según datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2020 se realizaron 643 abortos médicos, siendo el año de la llegada de la pandemia el que tiene más registros: 325. Sin embargo, el doctor Flores prefiere no confiar en esas estadísticas. «El aborto terapéutico no tiene una subclasificación en el código internacional de las enfermedades, entonces entra como un aborto más. No hay datos estadísticos que nos puedan decir en el Perú cómo está el aborto terapéutico».
Tampoco hay cifras actualizadas sobre abortos clandestinos, aunque un estudio de Promsex de 2019 da cuenta de la dimensión de abortos que se realizan en el país: el 19 % de las peruanas entre 18 y 49 años dijo haber interrumpido su embarazo. «No es poquita esa cifra si somos el 50 % de la población del país», dice Rossina Guerrero.
Rossina Guerrero, vocera del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), en una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/ JUAN PONCE VALENZUELA
Si en las grandes ciudades ya es difícil acceder a ese procedimiento, los obstáculos se agudizan en las zonas más remotas del país. Allí, según declara Flores, se vuelve aún más importante la labor de organizaciones municipales e instituciones feministas que trabajan con mujeres para dar a conocer sus derechos sexuales y reproductivos.
Una de esas organizaciones que trabaja para dar a conocer a las mujeres sus derechos sexuales y reproductivos en zonas rurales de Piura es el Centro Ideas.
Su representante, Milagros Mendoza, cuenta a Efeminista que durante 43 años que llevan realizando incidencia política han logrado poner en la agenda local temas como el acceso al aborto, pero que el avance es aún es «muy lento».
«La parte normativa la tenemos, lo que no tenemos son las estrategias para su implementación», narra. Además de la dificultad para llegar hasta un establecimiento de salud de segundo nivel o de encontrar especialistas, el idioma se convierte en otro obstáculo, especialmente para las niñas y mujeres quechuahablantes, de lengua aymara o de otras de las lenguas originarias pues no hay profesionales que les den información para que ellas puedan tomar sus propias decisiones.
«Entre 2019 y 2020, por ejemplo, no hemos tenido ningún aborto terapéutico y no es porque no hay (casos), sino porque no se aplica», relata la vocera del Centro.
Mendoza compara esas cifras con las de embarazos de menores de 14 años, los cuales, afirma, «cada año se incrementan». Esos casos, asegura, deberían tomarse como afectaciones graves a la salud de las víctimas. «Aquí está en juego la vida de una niña, el futuro de una niña».
Un ejemplo de esta situación es lo que sucedió con Camila, una niña indígena de 13 años que fue violada por su padre durante al menos cuatro. Quedó embarazada, pero los médicos le negaron el acceso al aborto terapéutico. Semanas después, Camila tuvo un aborto espontáneo y fue acusada por el delito de «autoaborto». Su caso está ahora en el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a la espera de sentencia.
«Lamentablemente en las zonas rurales se normaliza mucho la violencia. E inclusive los embarazos a temprana edad lo ven como algo normal», sostiene Mendoza. Una normalización que llega hasta las instituciones del Estado.
A fin de subsanar lo que Guerrero define como «un marco jurídico no solo anacrónico y desfasado, sino que no comprende la integridad de la salud», una parlamentaria del partido izquierdista «Juntos Por el Perú» presentó el pasado 10 de diciembre ante el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual.
La última iniciativa legislativa de este tipo se lanzó en 2016, pero resultó archivada y ni siquiera llegó a ser debatida en ningún pleno, aunque fue sin duda un hito de la gran campaña feminista «Déjala decidir», que había arrancado a fines de 2012 y, por primera vez, logró poner en agenda un asunto que era «tabú» y del que, si se hablaba, «siempre le ponían un estigma de riesgo, peligro y pecado», recuerda Montalvo.
En ese sentido, y a pesar de que el Congreso «sigue siendo mayoritariamente conservador», la vocera de Planned Parenthood Global para Perú se muestra optimista y augura que esta nueva propuesta legislativa podría tener «mucho más apoyo de los movimientos sociales».
Las expectativas también son altas para Guerrero, quien afirma que, aunque el país está «en tiempos muy turbulentos políticamente hablando», la iniciativa abrirá nuevamente el debate sobre un tema que urge ser atendido y que parece despertar poco interés en las más altas esferas de la política peruana, empezando por el propio presidente, Pedro Castillo.
Desde que asumió el poder en julio pasado, el mandatario izquierdista no ha hablado abiertamente del aborto, pero en abril, en plena campaña electoral, declaró sin tapujos en una entrevista con una emisora local que él «no legalizará el aborto para nada», pero dejó abierta la posibilidad de trasladar el tema a una eventual Asamblea Constituyente para su debate.
«Ahora la consigna del derecho a decidir ya no es solo del movimiento feminista (…). Se han sumado muchos, la voz de profesionales de salud, de gremios científicos, de jóvenes indígenas, de personas afrodescendientes. Se han dado cuenta de que es una necesidad», apostilla Pilar Montalvo.
