BRAGA
Créditos: Foto de Pavel Danilyuk
El organismo jurídico internacional, exige que más de 70 países deroguen leyes que penalizan la vida sexual de la comunidad LGBTIQ+. De hecho, en 43 de ellos consideran como un delito que las mujeres participen en actividades sexuales con personas del mismo sexo, casi una cuarta parte de todos los países del mundo. La relevancia de estos acontecimientos se agudiza más al considerar que 10 de estos, por ejemplo, Trinidad y Tobago (1986), Islas Salomón (1990) y Nigeria (2014), han añadido la palabra mujer a la ilegalidad, hace 35 años, solo contemplaban las relaciones entre hombres, lo que revela que estos países han estado retrocediendo en vez de avanzar en temas de género y diversidad sexual.
Como un hito histórico fue catalogada la resolución del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que obliga a Sri Lanka a derogar la ley que penaliza las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, ya que lo consideró una falta grave a los derechos humanos.
El fallo tuvo un enfoque de género debido al caso presentado por la activista de derechos LGBT, Rosanna Flamer-Caldera, quien enfrenta acoso y discriminación por su orientación sexual y defensa de los derechos humanos en nombre de las minorías sexuales y de género. En este sentido, ella argumentó ante la comisión que las leyes penales de Sri Lanka violaron su derecho a vivir su vida libre de discriminación basada en su orientación sexual, y además, que la ley atentaba contra el artículo 5 de la convención, que requiere que los Estados tomen medidas para lograr “la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otro tipo que se basen en roles estereotipados para hombres y mujeres”.
El organismo estuvo de acuerdo y encontró que las consecuencias del código penal de Sri Lanka conllevaban que las mujeres lesbianas y bisexuales vivieran con el riesgo constante de arresto y detención. Hecho que toma relevancia, pues las leyes facilitan una cultura en la que pueden florecer la discriminación, el acoso y la violencia contra las lesbianas y las mujeres bisexuales.
El Código Penal de 1883 de Sri Lanka, heredado de su antiguo colonizador británico, prohibía anteriormente las “relaciones carnales contra el orden de la naturaleza” en los hombres. Sin embargo, en el año 1995 el parlamento enmendó la sección 365A del código penal para que se refiriera a “indecencia grave entre personas”, reemplazando “varones” en el texto jurídico.
El órgano de la ONU dictaminó que en un plazo de máximo seis meses, el país del subcontinente indio debe proporcionar una respuesta por escrito al Comité de la CEDAW que establezca las medidas que ha tomado o tomará para hacer efectiva la decisión del comité.
La transformación de esta ley puso sobre el debate la gran cantidad de países que tienen este tipo de leyes.
Hay 43 países donde es un delito que las mujeres participen en actividades sexuales con personas del mismo sexo, casi una cuarta parte de todos los países del mundo. La relevancia de estos acontecimientos se agudiza más al considerar que 10 de esos países como, por ejemplo, Trinidad y Tobago (1986), Islas Salomón (1990) y Nigeria (2014), han añadido a la mujer en los últimos 35 años, lo que revela que estos países han estado retrocediendo en vez de avanzar en temas de género y diversidad sexual.
En esta línea el caso Flamer-Caldera vs Sri Lanka, también se convierte en un precedente a nivel internacional en materia de derechos de la diversidad sexual y de género, que por un lado, obliga a los más de 70 países a derogar sus leyes homofóbicas y lesbofóbicas, y por el otro, enfatiza, el deber de los gobiernos de proteger a todas las mujeres, incluidas las mujeres lesbianas y bisexuales, contra la discriminación y la violencia de género.
