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Adolescentes LGBTIQ+: ¿están las madres y padres de Chile preparados para brindar Educación Sexual Integral a sus hijas e hijos? BRAGA

Adolescentes LGBTIQ+: ¿están las madres y padres de Chile preparados para brindar Educación Sexual Integral a sus hijas e hijos?

Natalia Espinoza C
Por : Natalia Espinoza C Periodista - Contacto: braga@elmostrador.cl / (sólo wsp) Fono sección: +569 99182473
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El Cuarto Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR), realizado por la Corporación Miles Chile, con el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas, Chile Positivo, visibiliza importantes ejes sobre anticoncepción, ESI, VIH, violencia ginecológica, aborto en tres causales, entre otros, en nuestro país. Para la coordinadora del área de investigación de Miles, Stephanie Otth, la motivación tras este proyecto es apoyar la generación de nuevas y mejores políticas públicas, y recomiendan a las autoridades el actual Gobierno priorizar tres ejes: primero, avances normativos, como leyes y programas; luego, dirigirse hacia una ley marco de DSR; y, finalmente, la consagración de estos derechos en la nueva Constitución.


“La Susi se cortó el pelo muy corto, en un proceso de autodescubrimiento, si se sube a la micro o Uber le dicen ‹el niño› y se enoja. Eso, al final, es frustrante. No se puede hacer mucho, porque la sociedad no acompaña y empeora las cosas”, anónimo*.

“Cuando tuve a mi hija me aferré demasiado a sobreprotegerla. No sé qué hubiese pasado con un hijo varón, pero con ella no conversamos nunca de nada. Hasta hoy es un tabú, no converso nada… me da vergüenza y se lo he dejado a la mamá. Es complicado para un padre hablar con una hija, no sé si esto está bien o mal”, Roberto*, padre con más de 60 años de edad.

Estos son algunos de los relatos que reflejan lo que viven las familias chilenas en torno a la sexualidad, que se pueden encontrar en el Cuarto Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, realizado por la Corporación Miles Chile, con el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas, Chile Positivo.

Para todos los países del mundo fue un desafío sumamente complejo continuar implementando las políticas públicas relacionadas con el área de la salud y, simultáneamente, trabajar por erradicar la pandemia del COVID–19. Una de las áreas más afectadas es la que se relaciona con la salud sexual y reproductiva. En respuesta a este dilema, el informe incluye estudios sobre anticoncepción, ESI, VIH, violencia ginecológica, aborto en tres causales y más.

Para reflexionar sobre algunos de los resultados, conversaron con El Mostrador Braga la coordinadora del Área de Investigación de Corporación Miles, Stephanie Otth Varnava, y el coordinador de Educación y Estudios en Fundación Chile Positivo, Jaime Romaní Adorni.

ESI (Educación Sexual Integral)

El problema en nuestro país al hablar sobre sexualidad, más allá de la prevención del embarazo adolescente y las enfermedades venéreas, es que los adultos de hoy tuvieron una formación llena de sesgos y vergüenza.

Según el estudio, “la mayoría recibió una educación sexual muy limitada, muy centrada en la biología y en el sistema reproductivo, para nada integral y con enfoques basados en el miedo o en el riesgo”, explica Romaní. Precisamente esto motiva a las madres, padres y/o cuidadores(as) al trabajo en sexualidad con sus hijos(as) y a tratarlos desde una edad temprana, ajustando los contenidos a su etapa de la vida.

Sin embargo, en menor medida, aún hay madres y padres, en general sobre los 50 años, que tienen una visión más tradicional sobre la educación sexual. “Buscan evitar conversar sobre la temática, pues podría interferir en la ‘inocencia’ de los(as) niños(as). Hoy sabemos que esta visión más conservadora no es efectiva y, más bien, tiene efectos nocivos”, señala el experto.

Durante la investigación, a Jaime Romaní le llamó mucho la atención cómo se iban derribando mitos. “Existe una visión positiva y un interés muy grande para promover el desarrollo saludable de la sexualidad de los hijos(as). En ese sentido, también hay mucha voluntad por parte de las familias en adquirir más información en sus hogares, pues reconocen que aún les faltan herramientas y hay algunas temáticas que les son difíciles de abordar”.

A pesar de que estos adultos desean tener un rol activo, también entienden el papel que juegan los establecimientos educacionales y docentes en promover una educación sexual integral. Por lo mismo, “las familias sí quieren que los colegios aborden la sexualidad de forma más integral, que expandan los contenidos relacionados con la temática y que reduzcan también los sesgos relacionados con el género”. Esto último, puntualiza Romaní, implica involucrar a la comunidad educativa en su conjunto: familias, colegio y jóvenes.

Sexualidad y adolescencia LGBTIQ+

El estudio da cuenta de que las diversidades sexuales son un tema que genera muchas dudas en las familias, sobre todo respecto al entorno y la seguridad de esos(as) NNA LGBTIQ+, pues se enfrentan a situaciones de discriminación y violencia en razón de su identidad de género u orientación sexual, las que han tenido un grave impacto sobre su bienestar, sobre todo en salud mental y en las tasas de deserción o abandono de los establecimientos educacionales.

“Desde las madres y padres también hay preocupaciones sobre la persistencia de ciertos mandatos sociales y sobre los estereotipos, roles y expresiones de género. Que desde una temprana edad a los niños se les pregunte por ‘la polola’ o que se cuestione que un hombre lleve el pelo más largo, interfieren en su desarrollo, perjudicando los esfuerzos que puedan hacer las familias por generar entornos más favorables a la diversidad en sus hogares”, detalla el experto.

¿Qué piensan los y las adolescentes?

Sobre el mismo tema, pero desde otra vereda, las y los jóvenes critican el adultocentrismo predominante, tienen narrativas y reparos respecto de la matriz de subordinación generacional, donde sus experiencias son subvaloradas y las pautas se establecen exclusivamente desde las expectativas y comprensiones adultas.

En concreto, la presencia o ausencia forzada de contenidos decidida desde una autoridad que no ha tomado en consideración sus opiniones, por ejemplo: respecto de la diversidad sexual y de género, el placer, las expectativas sobre el rendimiento sexual o la apariencia, el amor romántico y el consentimiento.

Por ello, el estudio devela que Internet se menciona como la herramienta predilecta para ellas y ellas, sobre todo videos en YouTube e influencers en otras redes sociales.

Según la investigadora de Miles, Stephanie Otth, hay una instrumentalización de ciertos discursos dirigidos a decir que la educación sexual integral es competencia de las familias, y que las escuelas y el Estado no deberían involucrarse. “Por lo mismo, nosotras quisimos preguntarles a las madres, a los padres y a los cuidadores cuáles eran sus percepciones al respecto y vimos que nueve de cada diez, o sea, la gran mayoría, tenían una mirada bastante progresista”, precisa.

Anticoncepción y violencia obstétrica

El informe aborda cómo la pandemia del COVID–19 ha afectado el acceso de las personas, especialmente mujeres en edad reproductiva, a los servicios de planificación en el sistema público y privado, sobre todo en el ámbito económico.

Al respecto, descubrieron que el gasto promedio de una persona en pastillas anticonceptivas aumentó un 18,8% en un año. Durante enero-febrero del 2020, el costo aproximado mensual era de $12.320, mientras que en 2021 fue de $14.650.

Por décadas la sociedad civil ha trabajado por garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas de manera oportuna y sin discriminaciones. Esto no solo promueve mejores condiciones sanitarias para ellas, sino que representa una acción dirigida hacia el aseguramiento de sus derechos humanos.

No obstante, más allá de la cobertura y acceso, el informe aborda aspectos relativos a la calidad con que dichos servicios son realizados: de un universo de casi 5 mil mujeres, un 67% ha vivido alguna vez una situación de violencia ginecológica.

El estudio plantea que estas violencias se presentan, por ejemplo, en forma de discriminación, abuso de medicalización y el uso de prácticas dolorosas e incluso prohibidas y desaconsejadas como una constante.

Esta situación aumenta si la persona pertenece a un pueblo originario: de 67% a 75%; si es afrodescendiente se eleva de 67% a 76%; y de 67% a 77% si forma parte de las diversidades y disidencias sexuales (lesbianas y personas no binarias).

En torno al aborto, Otth comenta que la objeción de conciencia continúa siendo una fuerte barrera, la que no solamente es un impedimento para acceder: “Lo que nosotras vemos, y puede ser incluso más preocupante, es que funciona como un obstaculizador del proceso”, recalca la investigadora.

Profundizando más, esto no necesariamente significa que una mujer no pueda acceder, sino que la manera en la que tuvo esa experiencia “no es conforme al estándar que uno esperaría. Han hecho tan engorroso el proceso, por ejemplo en las regiones, que terminan teniendo que venir a Santiago”.

Otro ejemplo radica en aquellos profesionales que son objetores, pero que no intervienen directamente en el proceso de interrupción legal de un embarazo. “¿Cuál es el fin, con qué finalidad? Porque la objeción de conciencia no es algo que te permita a ti no darle la información a una mujer en una consulta ni tratarla de otra manera”, señala Otth.

En concreto, develan la existencia de una baja utilización de mifepristona, “se ocupa solamente misoprostol, cuando si se utilizaran combinados sería una mejor experiencia, conforme a estándares internacionales”, comenta. Al combinar ambos medicamentos, la expulsión ocurre más rápida, normalmente a las 24 horas de iniciar el procedimiento, mientras que con el misoprostol solo, generalmente, comienza después de las 48 horas.

El informe general, tras cada uno de los estudios, presenta detalladas recomendaciones para mejorar las políticas públicas. Al respecto, Otth plantea que las prioridades deberían estar puestas en tres ejes: primero, en avances normativos, como leyes y programas; luego, dirigirse hacia una ley marco de derechos sexuales y reproductivos; y, finalmente, en la consagración de estos derechos en la nueva Constitución.

 

*Los nombres de las personas que participaron en el estudio mediante testimonios personales han sido modificados por la Corporación Miles Chile para resguardar su privacidad.

Puedes leer el informe completo haciendo clic aquí.

 

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