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A tres meses del Matrimonio Igualitario familias LGTBIQ+ revelan trabas en la implementación de la ley BRAGA

A tres meses del Matrimonio Igualitario familias LGTBIQ+ revelan trabas en la implementación de la ley

Natalia Espinoza C
Por : Natalia Espinoza C Periodista - Contacto: braga@elmostrador.cl / (sólo wsp) Fono sección: +569 99182473
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Tras ser promulgada la modificación al matrimonio civil el 9 de diciembre de 2021 y con su entrada en vigor en marzo de 2022, las instituciones han tenido seis meses para prepararse e incorporar a las disidencias en aquellos importantes trámites que antes eran accesibles solo para las familias heterosexuales. Entre los problemas visibilizados por la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor, destacan la demora excesiva en la entrega de certificados; nombres y apellidos mal escritos o eliminados; y la negación de los servicios en algunas de las sedes del Registro Civil a lo largo del país. “Estas anomalías revelan el desconocimiento de la ley por parte de los(as) funcionarios(as) de la institución y el trato inadecuado hacia las personas de la diversidad sexual y de género”, comenta en conversación con El Mostrador Braga.


Consuelo Peralta y Belén Butrón celebraban alegremente que su hijo de 11 años, Gaspar, finalmente podría ser reconocido ante la ley como propio, por ambas madres. El primer día de entrada en vigor de la Ley de Matrimonio Igualitario (10 de marzo de 2022), que contempla los derechos de filiación, comenzaron el trámite de reconocimiento de la maternidad en la sede del Registro Civil de Coquimbo.

Recibieron el anhelado certificado de nacimiento el 5 de junio, casi tres meses después, sin embargo, tenía el orden de los apellidos invertidos. “Tengo mucha pena porque nos dijeron que se guiaban por la ‘ley antigua’, poniendo como primer apellido el de Belén, porque ‘era como en las familias heterosexuales, como que un hombre fuera el que está reconociendo’. Ahora nos dicen que están a la espera de alguna instrucción de Santiago”, cuenta Consuelo. La pareja relata que ha ido en reiteradas oportunidades a la oficina, sin encontrar alguna solución.

Durante este mes de junio, específicamente el día 10, se cumplieron los primeros tres meses desde la entrada en vigencia de la histórica Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 21.400), la cual fue promulgada el 9 de diciembre de 2021 y cuya implementación ha estado a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Según testimonios de distintas familias de la comunidad LGBTIQ+, este proceso ha presentado múltiples dificultades, no solo largas esperas relacionadas con el colapso del sistema provocado por la pandemia, sino que además errores en términos de filiación, como el orden de los apellidos en las inscripciones de niñas y niños (Ley 21.334 que comenzó a regir el 11 de enero de 2022), la denegación de acceso a servicios por parte de funcionarios poco capacitados y reclamos sin solución.

En conversación con El Mostrador Braga, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor, narra las distintas barreras a las que han tenido que enfrentarse las familias de la diversidad para poder ejercer un derecho que, hasta hace pocos meses, era exclusivo de personas heterosexuales.

“Los principales inconvenientes son la demora excesiva en la entrega de certificados; nombres y apellidos mal escritos o eliminados; y la negación de los servicios en algunas de las sedes del Registro Civil a lo largo del país. Estas anomalías revelan el desconocimiento de la ley por parte de los(as) funcionarios(as) de la institución y el trato inadecuado hacia las personas de la diversidad sexual y de género”, cuenta.

Uno de los casos que más les ha hecho ruido en la fundación, ocurrió en la comuna de Estación Central. Allí, casaron a una pareja de mujeres con un régimen patrimonial que no existe en la Ley de Matrimonio Igualitario. Vanesa Fuentes y Farah Retamales se quedaron con la duda de si con este error es incluso válida su unión.

“Con Farah nos casamos el 24 de marzo, al tiempo después nos dimos cuenta de que aparecemos con sociedad conyugal, pero la nueva ley no viene con esa opción. Nadie nos ha logrado responder qué régimen legalmente nos corresponde”, señala Vanesa.

Montserrat Orellana y Antonella Sovino se casaron el 21 de abril en Las Condes y aún no consiguen su certificado de matrimonio. “Es como si nunca se hubiese realizado la boda”, puntualiza Isabel Amor.

Aún no existe en ninguna parte, nadie sabe qué pasó, hemos hecho varios reclamos y nos dicen que está en una comisión revisadora. Tenemos una libreta de matrimonio que no sirve para nada y un par de fotos que certifican que sí pasó. Antes del matrimonio teníamos un Acuerdo de Unión Civil (AUC), y en algún momento en mayo ni siquiera teníamos eso, aparecíamos como solteras”, cuenta Montserrat.

No ha sido este el único problema de la pareja, de hecho, antes del matrimonio, intentaron inscribir a su hija recién nacida, pero los funcionarios únicamente habían sido capacitados para hacer rectificaciones de apellidos, no para inscribir a un bebé, por lo que en un principio les fue negado el servicio.

“Nuestra pequeña nació a finales de febrero, por lo que esperamos al 10 de marzo para inscribirla al tiro con ambas mamás, sin rectificación. Era el primer caso en Chile y estuvimos dos horas entre llamadas a la Central y otras coordinaciones. Salimos ese mismo día con el certificado con ambas como madres, pero decía ‘padre’ en vez de ‘progenitor’. Así que tuvimos que pedir que lo actualizaran”, agrega Montserrat.

Según un breve catastro realizado por la fundación durante marzo, cuyas conclusiones fueron entregadas al Registro Civil en abril, las comunas en donde se concentran los principales problemas son Colina, Estación Central, La Reina, Las Condes, Lo Prado, Ñuñoa, Santiago, Quinta Normal, Independencia, Providencia, Puente Alto, Maipú, Concepción, Valparaíso, Osorno, San Pedro de la Paz, Talca y Talcahuano.

“En Concepción no dejaban inscribir la semana pasada a una niña que nació a través de técnicas de reproducción asistida –cuyo caso está contemplado en la ley– porque, según la funcionaria, las madres tenían que estar casadas, y eso no es así. En Chile los padres, las madres, no tienen que estar casados para reconocer a un hijo, porque predomina el interés superior del infante”, puntualiza Isabel Amor.

Para la directora de Iguales, las autoridades aún no han empatizado ni dimensionado el problema en su magnitud real. “Imagínate que hubiese un problema con la inscripción de autos. Sería inaceptable, motivo de cobertura periodística en los noticieros horario prime, pero aquí estamos hablando de niños(as)”, subraya.

Respuesta del Registro Civil

Consultada por El Mostrador Braga respecto de los casos visibilizados por miembros de la comunidad LGBTIQ+, la institución explicó –a través de un comunicado– que con la reciente implementación de las leyes sobre cambio de orden de apellidos y Matrimonio Igualitario, “se cumple un anhelo de hace mucho tiempo” y que “implica un gran paso a favor de la igualdad y la no discriminación dentro de nuestra sociedad”.

“Como Registro Civil manifestamos que todos los esfuerzos están enfocados en entregar una atención de calidad a todos los habitantes del país y el cumplimiento de estas normativas, como las futuras que nos sean encomendadas, nos instan a seguir trabajando para mejorar”.

En concreto, transparentan que han estado realizando diversos esfuerzos para implementar los nuevos sistemas y capacitar a funcionarias y funcionarios para cumplir con el mandato legal, como, por ejemplo, adecuaciones al sistema de inscripción de nacimiento para admitir la inversión del orden de los apellidos y a progenitores del mismo sexo; también constan de la posibilidad de rectificación para recibir y practicar estos cambios de orden de apellidos, tanto de personas adultas como de menores de edad.

Por ello, señalan que potenciaron la Unidad de Rectificaciones del Subdepartamento del Registro Civil con personal especializado, “reforzando de esta forma los controles internos entre las diferentes áreas que tienen injerencia: y el apoyo con soporte telefónico a funcionarios para la solución de casos complejos en oficinas”.

Respecto del matrimonio, comentan que se habilitó una agenda en línea con chequeo de los datos del contrayente y testigos, para evitar múltiples asistencias a la oficina. Otra medida que destacan es el “monitoreo y evaluación constante de los procesos operativos, con capacitaciones internas para las leyes referidas, los cuales están en constante refuerzo”.

A su vez, explican que siguen en el proceso de ajustes para evitar demoras en los trámites que se desprenden de estas normativas, y agregan que, para los casos en que se haya presentado alguna dificultad, han dispuesto un formulario que permite revisarlos uno a uno, “ya que hay algunos de ellos en que concurren más de un acto jurídico”.

“Tiene que haber un golpe de timón para la solución definitiva”

Al respecto, desde Iguales, Isabel Amor dice que han mantenido una relación cercana con el Registro Civil, y que ellos han demostrado buena voluntad para implementar el servicio a las diversidades, pero que estas buenas intenciones lamentablemente no han sido suficientes. Por ello, hacen un llamado a la autoridad gubernamental. De momento, ya han visibilizado estos y otros casos ante la Subsecretaría de Derechos Humanos y la de Justicia.

“Hacemos un llamado a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para terminar de una vez con esta vulneración de derechos. Esto es un problema que le corresponde solucionar al Ministerio Justicia, que es de donde depende el Registro Civil. Nosotras sabemos que las voluntades están. Tenemos un Gobierno muy cercano a la diversidad sexual y de género. Sin embargo, estos problemas existen y ellos saben, yo personalmente se los he dicho. Aunque me encantaría que la Fundación pudiese ayudar en el proceso de solución, tiene que haber un golpe de timón para que haya una definitiva y que no se siga reproduciendo este problema”, enfatiza Amor.

La Ley de Matrimonio Civil en 2022

Según la directora de la Escuela de Derecho UDP, Lucía Rizik, en materia legal no hay diferencias sustantivas entre relaciones hetero y homosexuales respecto de la celebración del matrimonio, ni tampoco en las diligencias previas –como la manifestación ante el oficial civil, la preparación para el matrimonio, la información a testigos o la constancia del consentimiento de los contrayentes–.

Sin embargo, Rizik explica que la principal diferencia está en los pactos económicos que pueden acordar, quedando la sociedad conyugal limitada a solo los matrimonios entre personas de diferente género.

Las reglas de la filiación de niñas, niños y adolescentes se modificaron parcialmente, otorgando reconocimiento en esta materia, ya sea por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida, a los matrimonios del mismo género que tienen hijos, pero –a juicio de la abogada– “la situación no quedó regulada de manera coherente y articulada respecto de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida en los matrimonios celebrados entre cónyuges varones”. Respecto a la adopción, la ley no distingue.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias legales de los problemas que han sido denunciados por la fundación, especialmente en términos de filiación? Según Rizik, la falta de regulación, las inconsistencias, la desarmonización y la falta de articulación entre las reglas y las instituciones que regulan aspectos tan importantes de la vida de las personas como el estado civil de hijo o hija, tienen efectos problemáticos a nivel personal y patrimonial.

En concreto, afectan en la determinación de las obligaciones y responsabilidades parentales en materia de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular que no pueden ser cubiertas completamente.

Asimismo, hay derechos hereditarios a los que se accede exclusivamente por filiación y que estarán restringidos sin el reconocimiento legal de los hijos e hijas. “En definitiva, se limita el acceso a los mecanismos de protección de la familia, en sus diversas formas”, plantea la especialista, cuestión a la que el Estado de Chile está obligado conforme a la normativa internacional y que se declara en la propia Constitución, incorporando a la familia como base de la institucionalidad chilena.

 

 

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