Reinserción social de agresores: ‘‘un tema vital para enfrentar la violencia de género’’

En los últimos meses, se han llevado a cabo fallos y sentencias históricas contra imputados por violencia de género. Estas situaciones han sido valoradas positivamente por autoridades políticas y organizaciones de mujeres y feministas, quienes señalan que estas acciones contribuyen a entregar justicia y reparación a las víctimas. 

Sin embargo, ¿qué sucede con estos sujetos una vez que están cumpliendo sus penas de cárcel?, ¿reciben terapias integrales para reconocer y reflexionar sobre sus delitos?, ¿disminuyen su porcentaje de reincidencia? 

De acuerdo a lo que detalla la psicóloga Yuvitza Reyes Donoso, aun cuando los agresores son condenados y privados de libertad, ‘‘no logran asumir, incorporar o dimensionar el daño causado a la víctima, creyéndose incluso víctimas de la justicia, ya que no reconocen que lo que cometieron es un delito’’.

Lo anterior, sucede principalmente porque no existen sistemas de reinserción o rehabilitación con un enfoque que permita que estos sujetos reconozcan sus actos como tal. Lo que causa que puedan aumentar las posibilidades de reincidencia en el mismo tipo de delitos cuando estos estén en libertad. Lo que se traduce, en que la violencia de género continúe desarrollándose. 

Para hablar sobre cómo debería abordarse la reinserción de privados de libertad por violencia de género en nuestro país, El Mostrador Braga conversó con la académica de la carrera de Psicología de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, Yuvitza Reyes Donoso y con la abogada AML Defensa de Mujeres, Valentina Parodi. 

Un problema de raíz 

En primer lugar, es necesario señalar que esta temática ha sido arduamente reflexionada por los movimientos de mujeres y feministas, ya que llegar hasta la situación de rehabilitar a los agresores por sus actos, representa que el problema de la violencia de género no se está previniendo desde su base. 

‘‘Dado que la violencia de género es un problema estructural de la sociedad, es necesario abordarlo desde esa misma perspectiva. Por lo tanto, desde el punto de vista de las soluciones, lo cierto es que ya hablar desde la reinserción nos sitúa en un contexto donde no es posible eliminar de raíz las desigualdades de género estructurales arraigadas por el patriarcado’’, opina la abogada de AML.

Ante esa situación, en que aún queda bastante camino por recorrer para prevenir de forma efectiva la violencia hacia las mujeres, la reinserción de los agresores se vuelve un tema necesario de abordar.  

Cabe señalar, que la reinserción se entiende como un proceso orientado a la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva, con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia. 

El panorama actual 

Según explica Yuvitza Reyes, en nuestro país no existen programas sistemáticos para agresores. ‘‘La política pública de reinserción social, publicada en el año 2018, tampoco hace referencia específica a este tipo de delitos. En general, las personas condenadas reciben programas generales que no están dirigidos a disminuir la reincidencia’’, señala la académica.

Reyes explica que actualmente en el país existe una reinserción de carácter normativo, ‘‘es decir, guiada únicamente por el control externo producto del sometimiento a vigilancia durante el período designado por la justicia’’. 

La profesional de la UNAB, detalla que no contar con programas especializados para estos sujetos se traduce en un gran problema de seguridad. ‘‘Usualmente, los condenados por este tipo de delitos no reconoce el daño a la víctima’’, por lo cual los porcentajes de cometer el mismo tipo de agresión no disminuye aún cumpliendo penas de cárcel. 

Por lo tanto, poder implementar una correcta rehabilitación que permita al agresor responsabilizarse de sus actos, es una medida crucial para que estos sujetos no vuelvan a reincidir en los mismos tipos de delitos, previniendo de esta manera que existan más víctimas de violencia de género.

Otra medida que existe en nuestro país, son los Centros de reeducación de hombres que ejercen violencia de pareja y/o expareja. Estos tiene el objetivo de realizar intervenciones psicosociales a los agresores que son derivados desde los Juzgados de Familia o Fiscalía. 

Sin embargo, de acuerdo a un balance entregado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en el año 2018, la cifras de deserción de estos centros alcanzaba un 35%, su razón era la resistencia de los hombres que asistían a las terapias ofrecidas. 

Cómo debe abordarse

Según explica Valentina Parodi, para poder efectuar procesos de reinserción y rehabilitación integrales es necesario incluir temáticas con perspectiva de género. ‘‘Deben estar vinculados estrechamente a la educación sexual integral; a programas que impartan estos contenidos, cuya adherencia debe ser obligatoria para que sean eficaces’’, opina. 

Por otro lado, la abogada señala que es crucial que se lleven a cabo informes y estudios desde las instituciones públicas, para así poder investigar más sobre la violencia hacia las mujeres y poder generar mecanismos efectivos de prevención, así como actualizar la información para los procesos de reinserción. 

‘‘Es sumamente relevante que desde los organismos estatales se realicen estudios sobre casos extremos de violencia de género, con el objeto de conocer cuál es el contexto donde se desarrollan este tipo de delitos, y de esa manera integrar aquella información a los programas de reinserción’’. 

También, Parodi sostiene que las condiciones que existen actualmente en el sistema penitenciario nacional es algo sumamente considerable y que también tiene incidencia en el interés de los sujetos por acceder a procesos de reinserción. 

‘‘Prevalecen condiciones de precariedad y agresividad que obstaculizan cualquier interés que tenga un recluso por la reinserción, ya que se enfocan en la sobrevivencia, principalmente’’, puntualiza la experta. 

Cabe señalar que de acuerdo a un informe publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante enero del 2022, se reveló que en algunas cárceles del país una persona privada de libertad puede pasar entre 18 y 20 horas sin comida.

Por último, la abogada señala que esta temática debiese ser una prioridad a trabajar considerando los porcentajes de delitos contra mujeres y disidencias que se han experimentado en lo que va del año. De acuerdo a información del SernamEG, se han consumado 26 femicidios a nivel nacional. 

‘‘Actualmente, la preocupación por la reinserción, pese a que debiese ser un tema vital para enfrentar la violencia de género, no ha ocupado un espacio importante en la agenda política nacional’’, finaliza Parodi.