Este miércoles 12 de julio se puso fin a una corta pero intensa contienda en contra del ministro de educación, Marco Antonio Ávila. Todo partió el martes 30 de mayo cuando la publicación de una información sacada de contexto, en un medio de comunicación de circulación nacional, alertó a las y los apoderados sobre contenidos de educación sexual que correspondían a una guía de 2017. Ese mismo día, la diputada de la bancada cristiana del congreso; Sara Concha, confirmó el ingreso de la acusación constitucional. Elevada primero por parlamentarias y parlamentarios del Partido Social Cristiano, luego consiguió el apoyo de toda la bancada de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, quienes construyeron una acusación de 156 páginas escritas por diputadas y diputados contrarios a todo avance por los derechos de las personas LGBQAI+, lo que sumado a frases como las de Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente, que llegaron a afirmar que el ministro impone su “inclinación sexual” en los establecimientos educacionales y las de Marcela Aranda, líder del llamado “bus de la libertad”, pusieron la orientación sexual del mandatario sobre la tarima. Con 78 votos en contra y 69 a favor, la acusación no prendió. Y desde diferentes espacios se celebró una acusación rechazada que, para muchas y muchos, no contó desde el principio con una base constitucional y por el contrario, se trató más de un ataque de odio.
