BRAGA
A 10 años del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, organizaciones de 33 países del mundo establecieron un marco global en igualdad de género, salud sexual y reproductiva. Pese a los avances, políticas como la educación sexual integral siguen pendientes en Chile.
En el décimo aniversario del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, una decena de organizaciones evalúan los avances y desafíos en Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile. Este acuerdo, celebrado por 33 países, establece un marco global en igualdad de género, salud sexual y reproductiva.
“A diez años del Consenso de Montevideo, la hoja de ruta que traza en materia de derechos sexuales y reproductivos sigue siendo un horizonte a alcanzar en Chile”, afirma Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora 8M.
A pesar de avances, hay deficiencias en la garantía de estos derechos. La baja implementación de compromisos en educación sexual integral y desafíos en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo preocupan a las organizaciones.
“Hay avances en la coordinación institucional para la atención en violencia de género y matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los desafíos siguen estando en educación integral en sexualidad y aborto”, plantea Siomara Molina de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.
Sobre el actual escenario constituyente, las organizaciones subrayan la necesidad de contar con políticas públicas sólidas para salvaguardar la salud sexual y reproductiva en Chile.
“En un contexto que es de amenaza en Chile y en numerosos países de América para el reconocimiento de estos derechos, en especial de la Educación Sexual Integral, el aborto ante embarazos no deseados o no aceptados, así como los derechos de la comunidad LGTBQI+. Lo cual podría aumentar las barreras ya existentes”, agrega la vocera de la Coordinadora 8M.
Las agrupaciones feministas subrayan la necesidad de una supervisión constante del Estado en asuntos relacionados con mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. También insisten en la revisión de los compromisos internacionales en la agenda chilena. Carolina Cisternas, vocera de las Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), destaca la importancia de la sociedad civil organizada en evaluar el progreso respecto a este marco normativo y similares.
En su declaración, las organizaciones instan a trabajar juntas para construir un futuro donde todas las personas tengan el derecho fundamental de decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Este es nuestro llamado a la acción y contribución al avance de una sociedad más justa e igualitaria”.
Entre las organizaciones que adhieren a la declaración están APROFA, Asociación Ginecólogas Chile, Colectiva por el Derecho a Decidir, Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Miles, Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI), ONG Amaranta, Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Red Nacional Con Las Amigas y En La Casa.
