BRAGA
En La Araucanía, una de las regiones con mayores índices de violencia contra las mujeres, siete parlamentarios, incluyendo una mujer, se oponen a la Ley Integral.
En una de las regiones con los índices más altos de delitos contra las mujeres y femicidios frustrados, llama la atención que siete de sus parlamentarios (entre ellos, una mujer), firmen el requerimiento ante el TC para detener la promulgación de la Ley Integral por vidas libres de violencias. Es en La Araucanía donde más urge la implementación de esta ley para proporcionar tranquilidad a cada madre de familia, mujer, amiga, hermana, adolescente y niña; y, por añadidura, a todos los integrantes del núcleo familiar.
Desde este territorio, caracterizado por su resistencia y lucha, las mujeres nos organizamos para alzar la voz y exigir a nuestros parlamentarios, la promoción de un cambio real en la prevención y erradicación de la violencia de género a través de acciones concretas. Y la educación en igualdad es una de las herramientas más importantes para construir una sociedad más justa y equitativa, a través de la enseñanza de nuevos patrones socioculturales que dejen atrás los que han menoscabado el valor de las niñas, limitando sus oportunidades y perpetuando las violencias contra las mujeres.
El actual ordenamiento jurídico nacional e internacional reconoce el derecho a una educación orientada hacia la igualdad de género, sin discriminación y en pos de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, paso crucial hacia la plena implementación de los estándares internacionales de derechos humanos.
La Ley Integral por vidas libres de violencias tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra la mujer en razón de su género y dota al Estado de la fuerza suficiente para adoptar las medidas necesarias, como cambios en cuerpos legales, instauración de políticas públicas y programas para la prevención, protección, atención, reparación y acceso a justicia, para cumplir este objetivo. Siete años durmió en el Congreso esta ley, tiempo durante el cual se cometieron 309 femicidios en territorio nacional, 20 de ellos en nuestra región.
Es tiempo que el Estado asuma su rol en la protección de mujeres y niñas, garantizando sus derechos plenos a través de una educación que promueva la igualdad de género y contribuya a la construcción de una sociedad libre de violencia para todas y todos. Es tiempo que todos los sectores políticos asuman un rol activo en la erradicación de la violencia de género, a través de la promulgación de la Ley Integral por Vidas Libres de Violencias.
