Ley de Aborto: el proyecto sin urgencia más urgente de Chile

Las mujeres somos personas y ningún procedimiento relacionado con nuestra salud debería estar incluido en los Códigos Penales. El estigma social, las condenas penales y las posibles penas de cárcel asociadas a esta injusta prohibición son inaceptables y van en contra de los derechos humanos y la dignidad.

La historia del aborto en Chile ha sido marcada por largas décadas de resistencia, avances parciales y confrontaciones. Hasta 2017, el aborto por causales —una figura que en otros países ya era parte del marco legal— no existía formalmente en la legislación chilena. Sin embargo, entre 1931 y 1989, el Código Sanitario hizo referencia a ciertas excepciones permitidas bajo condiciones específicas.

Después de casi 30 años de esfuerzos, debates y resistencia de distintos sectores, en 2017 se logró regularizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales. Desde entonces, el movimiento feminista y de derechos humanos ha insistido en ampliar el marco legal, exigiendo el reconocimiento del derecho a decidir sin causales.

El proyecto de Ley de Aborto Legal que ingresó sin urgencia al Congreso, representó una promesa de la campaña electoral del actual Presidente Gabriel Boric y también un compromiso asumido en la cuenta pública de su gobierno, emitida en 2024, hace exactamente un año. Sin embargo, las tres causales expuestas, dan cuenta que no ha existido el pleno acceso a esta ley y que existen barreras al interior de los hospitales.

Estas, por ejemplo, son la objeción de conciencia desregulada y la presencia permanente de obstructores de derecho, donde según el informe Anual de OLA 2023, el 74% de las mujeres que se encontraban en causal del año 2023, decidiera no presentarse al hospital por miedo a enfrentar estas barreras, además del juicio que pudieran recibir tanto en sus familias como con sus especialistas médicos.

Un proyecto bastante moderado, no toca el código penal y se refiere exclusivamente a modificaciones en el código sanitario. Contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, mantiene las causales de la actual ley 21.030 y considera el reglamento de objeción de conciencia con las modificaciones recientemente aprobadas por la contraloría de la república. Bajo ninguna circunstancia este proyecto de ley significa el techo político de nuestras aspiraciones feministas.

Las mujeres hemos esperado durante mucho tiempo; tiempo en el que el aborto ha sido la única prestación de salud aún considerada delito. Chile tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia el reconocimiento de la dignidad humana y la autonomía de todas las personas en relación con las decisiones sobre sus cuerpos y proyectos de vida. El Congreso de Chile debe dar el debate y la democracia cumplir sus obligaciones con las mujeres y niñas. ¿No es esto urgente?

La consigna “Será Ley” se vuelve más vigente que nunca. Este proyecto, que llega tras años de espera, constituye una oportunidad para cerrar una deuda histórica y abrir un camino hacia una sociedad donde podamos vivir en plena libertad y justicia feminista.