Sergio Arévalo. Comisión de Ciudades y Territorios Democráticos, Revolución Democrática.
Días atrás en la prensa escrita y en la televisión se informó que en el exclusivo balneario de Zapallar, la Ordenanza Municipal prohíbe usar en la playa quitasoles con marca, ya que los vecinos no quieren ser molestados ni ser invadidos por publicidad. Nada de quitasoles con marcas, “teams” ni banderas, sólo descanso, decía al diario La Tercera el Administrador Municipal. La ordenanza es de 1991, pero hace siete años que se cumple estrictamente, con multas que pueden ir de 1 a 5 UTM.
Todos los habitantes de Santiago y de las principales ciudades de nuestro país hemos visto como a medida que pasa el tiempo, el espacio público se ha ido transformando cada vez más en un lugar invadido por la publicidad hasta en sus más mínimos rincones. Ya no sólo se trata de los avisos luminosos y los carteles de los locales comerciales; sino que cada una de las arterias más importantes se encuentran abarrotadas de grandes estructuras que soportan gigantescos letreros y pantallas de enormes dimensiones con ciclos de propaganda que funcionan ininterrumpidamente las 24 horas del día y los 365 días del año. De este fenómeno tampoco se salvan los edificios ni otras estructuras como puentes y pasos bajo y sobre nivel.
También el Metro se ha ido llenando de propaganda ya no sólo en la parte interior de los vagones, sino que abarcando toda la superficie exterior de los mismos. Los buses del Transantiago tampoco han escapado a este fenómeno y últimamente hasta la señalética de las calles del centro de Santiago tienen destacada propaganda de una compañía telefónica.
Lo mismo ocurre con las autopistas concesionadas como la Costanera Norte, que en su tramo que va desde el centro hasta la ruta 68 está inundada con gigantescos avisos de publicidad en ambos costados que son un verdadero peligro por la distracción que generan a los conductores. Lo mismo ocurre con Américo Vespucio Norte y Sur y en menor medida en la Autopista Central. Similar fenómeno se puede apreciar en avenidas como Vicuña Mackenna, la Gran Avenida y Avenida Independencia por sólo mencionar algunas.
Durante las pasadas elecciones, el fenómeno de la contaminación visual en la ciudad generó más de alguna polémica por el nivel de impacto negativo que produjo en el paisaje urbano de Santiago. Sin embargo, pasada la época de campaña y eliminadas las famosas palomas de las veredas, pareciera que la contaminación visual hubiera desaparecido de escena, al dejar paso la propaganda política a la de índole puramente comercial.
¿Qué es lo que ocurre en nuestro país, que en un balneario exclusivo la autoridad municipal decide tomar cartas en el asunto y proteger a los ciudadanos de la contaminación visual que genera la propaganda indiscriminada en el espacio público y en las grandes ciudades las correspondientes autoridades hacen, por decir lo menos, vista gorda de este fenómeno cada vez más generalizado?
Para poder dar respuesta a esta interrogante podemos considerar en primer lugar las variables económica y de lobby. Hay enormes cantidades de dinero que se mueven en torno a la publicidad en el espacio público, y las empresas dueñas de estos espacios publicitarios apoyarían campañas políticas para asegurarse que su negocio no va a ser cuestionado por el poder público.
Otra variable a considerar sería la escasa capacidad de fiscalización de los municipios y de los organismos del Estado que tiene que velar por las principales arterias en la ciudad; en particular el MINVU y el MOP.
Un tercer elemento a tener en cuenta es el desconocimiento de la población sobre su derecho constitucional a vivir en un medio libre de contaminación; y en particular la escasa conciencia de que la invasión publicitaria del espacio público atenta contra ese derecho.
Hace pocos días la alcaldesa de Santiago dio a conocer un nuevo proyecto del Municipio llamado Alameda Limpia. Esta iniciativa, enfocada principalmente en eliminar los graffitis, considera la limpieza de fachadas y el borrado de rayados de la Alameda entre Plaza Italia y Matucana. La intervención abarcará nueve kilómetros, perímetro donde existen unas 500 fachadas y 2.500 locales comerciales. Según lo informado por el Municipio, la inversión será de cerca de $50 millones y el plazo de ejecución de 85 días. Los trabajos contemplan: repintado, hidrolavado, hidroarenado y limpieza química. Adicionalmente se considera un período de seis meses de mantención con un costo de $25 millones al mes, todo financiado por el municipio a través de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan).
Si bien es cierto esta iniciativa apunta en la dirección correcta, esto es, a controlar la contaminación visual en el espacio público, su alcance y profundidad contrasta abismantemente con las medidas implementadas por el Municipio de Cachagua. Obviamente que existe una diferencia muy grande entre un pequeño balneario y nuestra ciudad capital; sin embargo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación no es exclusivo de la élite, sino un derecho de todos los habitantes del país, por lo tanto exigir que este derecho se cumpla en todos las ciudades de Chile debiera ser entendido como una demanda más que razonable.
Hay personas que piensan que el fenómeno que se expone es propio de las grandes urbes y no hay nada que hacer al respecto. En twitter un ciudadano nos comentó resignado: “así son las metrópolis, si no te agrada hay miles de pueblos a lo largo del país”. Pero existen alternativas; por ejemplo, una ciudad como Sao Paulo, que tiene el doble de la población de Santiago, experimentó una situación similar a lo que ocurre ahora con nuestra capital y decidió enfrentarla radicalmente con una ley llamada Ciudad Limpia, mediante la cual se impusieron estrictas normas de control de la publicidad en vías y edificios, incorporando a la ciudadanía en la fiscalización de estas normas. El plan ha dado muy buenos resultados.
Como lo señala en su página web el Municipio de Sao Paulo (http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/cidadelimpa/conheca_lei/conheca_lei.html), la ley Ciudad Limpia tiene como objetivo recuperar ciertos derechos fundamentales de la ciudadanía que se habían ido perdiendo con el tiempo. El derecho de vivir en una ciudad que respeta el espacio urbano, el patrimonio histórico, la integridad de la arquitectura de las edificaciones y el derecho a una relación más libre y segura de los ciudadanos con las áreas públicas. La ley Ciudad Limpia significa la supremacía del bien común sobre cualquier interés corporativo.
La prohibición de la propaganda en las áreas exteriores de la ciudad es uno de los puntos más importantes e innovadores introducidos por esta ley municipal. Según lo señalado en su texto, las áreas públicas permanecerán libres de la avalancha de contaminación visual caracterizada por anuncios de los más diversos tipos y formatos. Según esta regla queda totalmente prohibida, por ejemplo, la colocación de letreros de propaganda en las calles, parques, plazas, postes, torres, pasos sobre nivel, túneles, fajas de calles asociadas a señalización de tránsito, costados sin ventanas y techos de los edificios. Incluso se reglamentó la entrega de folletos en la calle por ser una práctica que obstruye el paso y la libre circulación de los peatones.
Al someter el espacio público sólo a las leyes del mercado, no solamente coartamos su uso, sino también la noción de lo público que tiene una comunidad Si no limitamos la reproducción de “arquitectura” publicitaria, confundimos los límites entre lo público y lo privado, la familia y la comunidad, ayudando a propagar el consumo en todas las esferas de nuestras vidas.
Con el proyecto Alameda Limpia, el Municipio de Santiago ha dado un primer paso; esperamos que no se quede ahí, sino que se transforme en el verdadero impulsor, en toda la ciudad, de la recuperación del espacio público de las garras de la publicidad, para devolverlo a quienes son sus legítimos propietarios, la ciudadanía.
