Cabe preguntarse cuanto es lo que se ha avanzado en Chile en materia de reparaciones simbólicas y si es que se ha hecho todo lo que se podía hacer, o más bien ha imperado una mirada superficial en el tratamiento de la memoria urbana asociada a la dictadura bajo una lógica neoliberal, donde el Estado tiene una participación secundaria y el patrimonio se transa primando criterios de rentabilidad.
La memoria en la ciudad es un derecho de todos sus habitantes. Las sociedades traumatizadas por horrores como la dictadura ocurrida en Chile necesitan de un relato urbano sobre lo sucedido, que sirva como marco de orientación, en un proceso de sanación colectiva que contribuya a fortalecer la no repetición de lo vivido. Marcar, recuperar y resignificar lugares emblemáticos como los ex centros de detención, junto con desmarcar los espacios y símbolos que hacen apología a la dictadura es una tarea a una sociedad que desea fomentar una cultura de los derechos humanos. Chile en esta materia ha sido incapaz de elaborar un proyecto nacional de memoria. Las sumatoria de acciones fragmentadas parecieran estar delineadas por el principio de “en la medida de lo posible” y como respuesta a demandas particulares.
La ciudad se puede entender como un Palimpsesto plantea André Corboz, un antiguo manuscrito usado por los egipcios que se reescribía múltiples veces pero que siempre guardaba los rastros de las escrituras anteriores. Una hoja donde se expresan simultáneamente la escritura y el borrado, la memoria y el olvido.
Resulta relevante comprender la ciudad como un territorio en disputa constante, donde se ven reflejadas múltiples fuerzas que promueven intereses diversos: públicos, privados, colectivos, individuales, para instalar discursos o para anularlos. Aquí confluyen el Estado, las organizaciones ciudadanas, el mundo privado, por nombrar algunos actores comunes, quienes son los protagonistas de un juego dinámico que genera que la ciudad este siempre en movimiento, transformándose permanentemente.
Sin embargo, y asumiendo la condición palimpséstica de las ciudades, los procesos de borrado premeditados resultan críticos y debiesen alertar nuestra preocupación: demoliciones, abandono e invisibilización de las huellas del horror, que no suceden por simple obsolescencia o deterioro producto del paso del tiempo, sino más bien como actos intencionados, dado el significado e impacto que estos espacios y estructuras generan en la sociedad. En lo particular es posible presenciar este fenómeno urbano de desaparición en la relación de las ciudades chilenas post-dictadura con el pasado traumático de ésta, donde las marcas de lugares significativos, a través de memoriales y monumentos, han sido promovidas principalmente desde la ciudadanía, siendo el Estado un actor reactivo y falto de propuestas potentes.
Hace 11 años el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, daba cuenta de la existencia de 1.132 lugares que funcionaron como centro de detención a lo largo del país, de los cuales 221 operaron en la ciudad de Santiago: estadios, comisarias, sedes de partidos, casas particulares, etc., siendo algunos de conocimiento público y otros de carácter clandestino. En el segundo informe realizado el año 2010 no hubo avances en esta materia, sin embargo hoy sabemos, por ejemplo, de la existencia del centro clandestino Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, donde no hubo sobrevivientes.
Según el Ministerio de Bienes Nacionales, de los 1.132 recintos el 70% han sido individualizados y de éstos el 64% seria de propiedad fiscal (515), siendo Carabineros de Chile la institución que posee el mayor número de recintos, con un 56,2%. Este escenario nos plantea posibilidades claras de avanzar en materia de marcación y recuperación de lugares que hoy son parte del patrimonio fiscal.
Todorov advierte la necesidad de vincular “la exigencia de recuperar el pasado” con los usos que se harán de este. Llevado al tema de los ex centros de detención y la construcción de memoriales, esto implica no sólo la preocupación por la recuperación física o marcación de lugares, sino también la debida reflexión -particular y colectiva- sobre el para qué y cómo deben ser recuperados estos lugares en el contexto actual. Es importante incluir también dentro de esta discusión, la importancia de des-marcar espacios y símbolos que tienen por objetivo hacer una apología de la dictadura.
Es aquí es donde cabe preguntarse cuanto es lo que se ha avanzado en Chile en materia de reparaciones simbólicas y si es que se ha hecho todo lo que se podía hacer, o más bien ha imperado una mirada superficial en el tratamiento de la memoria urbana asociada a la dictadura bajo una lógica neoliberal, donde el Estado tiene una participación secundaria y el patrimonio se transa primando criterios de rentabilidad.
El programa de gobierno con el que la Nueva Mayoría gana las elecciones presidenciales el año 2013 plantea la creación de “una política de recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantención básica y permanente” y se compromete a desarrollar “una estrategia específica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones”. Concluyendo ya el segunda año de mandato aun estas promesas están en deuda.
En el caso de Santiago, donde operaron 222 recintos de detención conocidos, hasta la fecha han sido recuperados sitios que hoy son un referente ético y moral para la sociedad, como Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas, por nombrar los más emblemáticos, sin embargo la lista no se extiende por mucho más. En estos casos el Estado ha apoyado la adquisición de los inmuebles y, en algunos, a la sustentabilidad de los proyectos. Son muy puntuales aquellas iniciativas en las que se ha visto involucrado desde los esfuerzos iniciales de recuperación como parte de una política de memoria, lo que pareciera dar cuenta de la limitada importancia que se le otorga al tema.
Quedan pendientes al menos la recuperación de aquellos lugares que hoy concitan esfuerzos desde agrupaciones y organizaciones sociales, como La Venda Sexy -actualmente una casa particular en la comuna de Macul-, 3 y 4 Álamos -hoy un centro de detención de menores en la comuna de San Joaquín- y el Ex Cuartel Borgoño, ocupado desde 1988 por la Policía de Investigaciones en la comuna de Independencia. Este último, centro clandestino de tortura y exterminio, funcionó hasta 1989 y fue demolido en plena democracia en el año 1998, haciendo caso omiso de su valor patrimonial.
En términos de marcas urbanas de lugares emblemáticos el escenario ha sido más prolífico, existiendo muchas veces apoyo estatal para la realización de estas iniciativas. Vale mencionar lo que se ha realizado en el Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara, el memorial del Patio 29 en el Cementerio General y el memorial de Paine. Cabe también mencionar la existencia de un sinnúmero de marcas autogestionadas por agrupaciones, colectivos e individuos que forman parte del paisaje urbano de la memoria colectiva.
En lo relativo a desmarcar y eliminar símbolos asociados a la dictadura, ha habido una ambigüedad en las acciones propiciadas desde el Estado, que nuevamente dan cuenta de un cierto grado de incapacidad o poca voluntad en la materia. En términos positivos, y siempre presión social mediante, destaca lo realizado el año 2004 al apagar la llama de la “libertad” que flameaba frente a La Moneda, extinguiendo con ello el mandato del dictador de que “el pueblo tiene el deber de mantenerla viva e inextinguible». En esta misma línea, la agrupación A Desmonumentar el Golpe junto al Municipio de Providencia, lograron devolver el nombre de la arteria principal de la comuna de Avenida 11 de Septiembre a Avenida Nueva Providencia.
Pese a los avances, son muchos los restos de la dictadura esparcidos por la ciudad sobre los que hay que avanzar. Solo por destacar uno, debido a su ubicación estratégica -en plena Alameda, en la comuna de Santiago-, está el Monumento a los Mártires de Carabineros denominado “Gloria y Victoria”. Puede que a simple vista pase desapercibido, pero al mirarlo con más detención se percibe dos unos formando el número once, representando el día del golpe de Estado. Es probable que un monumento con estas características estuviera prohibido en muchos países del mundo con políticas de memoria y reparación consistentes.
En el Chile de hoy, con un modelo de desarrollo profundamente neoliberal, escasa participación ciudadana y una débil cultura democrática, pareciera primar un pacto de silencio urbano, donde los esfuerzos de memorias fragmentados se diluyen en una imagen borrosa de país. Sin el embargo, el escenario actual presenta oportunidades concretas para avanzar en este tema si es que se logran establecer las convergencias necesarias:
Un desarrollo integral de las ciudades debiese incorporar en su crecimiento el respeto rotundo por la memoria. Esto no implica, necesariamente, recuperarlo todo, pero si abrir una discusión amplia y trascendente acerca del cómo hacernos cargo de este tema en el presente, para proyectarlo al futuro.
Sin embargo, hoy no debiese convocarnos solo la idea de construir lugares que recuerden, sino también las estrategias que necesitamos implementar para que estos lugares se inserten en la ciudad, para que sean protagonistas del cotidiano y no monumentos estáticos. Centros culturales, museos, espacios públicos y parques debiesen buscar complementar las carencias de infraestructura presentes en las distintas comunas. Es fundamental que estos espacios sean pensados para incluir también a las personas que no tienen una aproximación natural al tema de los derechos humanos, ampliando los núcleos de participación y promoviendo la efectiva reflexión en torno al nunca más.
La proliferación de lugares de memoria que fomenten el encuentro democrático, sin duda contribuye a construir una ciudad más inclusiva, tolerante y diversa, que refuerza la creación de una cultura democrática donde lo único que no cabe es la apología al horror.
Sebastian Troncoso Stocker
Arquitecto U. Chile
Master en diseño urbano y desarrollo, University College London
