Ministra Nivia Palma hizo el anuncio en televisión
Hay dudas por el destino de las salmoneras actualmente instaladas en la reserva Alacalufes, en la Patagonia. Ecologistas temen que el gobierno, que aún no presenta la propuesta formal, esté en negociaciones con las empresas..
Con sorpresa reaccionó la comunidad kawésqar a un anuncio hecho por la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, que señaló ante una consulta en un canal de televisión el lunes que la reserva Alacalufe se convertirá en Parque Nacional, un reclamo de larga data de los indígenas.
La comunidad señala que no ha recibido ninguna propuesta formal, aunque esperan recibirla en una reunión prevista con las autoridades la próxima semana.
La organización ecologista Ecoceanos, en tanto, ha reaccionado con cautela y acusa al gobierno de estar negociando en paralelo con las salmoneras instaladas en la zona, como vienen denunciando hace tiempo, que cuentan con una importante influencia por su importancia en el sector exportador, y cuya salida es pedida por los kawésqar por destruir su medio ambiente.
Ecoceanos además asegura que la maniobra del Ejecutivo es un guiño electoral a los kawésqar, en vista de la segunda vuelta presidencial del próximo 17 de diciembre, algo similar a lo ocurrido en la Isla de Pascua, donde el pasado viernes el Estado cedió a la comunidad indígena Ma’u Henua la administración del parque nacional Rapanui.
La declaratoria es parte de una iniciativa anunciada en marzo por la presidenta Michelle Bachelet, que crea una red de ocho parques nacionales en la Patagonia de cuatro millones de hectáreas. Uno de ellos sería el Alacalufes, que actualmente es reserva, una categoría inferior que permite la operación de salmoneras en la costa, como sucede actualmente.
La iniciativa debía ser preparada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pero en abril, por presión del entonces ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, cuya cartera incluye la subsecretaría de Pesca, se decidió dejar fuera de la declaratoria la zona marina en Alacalufes, con el fin de no perjudicar a las empresas acuícolas. Algunos científicos estiman compleja dicha decisión, ya que mar y tierra constituyen un ecosistema único que se influye mutuamente.
En junio además partió un proceso de consulta indígena en la región, mediante la cual las 11 comunidades kawésqar solicitaron varias cosas, como el cambio de nombre de «Alacalufes» a «Kawésqar» y la posibilidad de administrar el lugar junto a la CONAF. Asimismo pidieron que, aunque se reclasificara la reserva, la zona marítima fuera declara Área Marina Protegida de Usos Múltiples (AMP), lo que permitiría que sus miembros desarrollen las actividades que han realizado históricamente, como la caza, pesca y recolección de moluscos.
«La presidenta me ha instruido en los últimos días para que efectivamente trabajemos, porque ya estamos ad portas de preparar el decreto correspondiente, aceptando el nombre, aceptando la coadministración junto a las comunidades y para que las autoridades competentes puedan crear al Área Marina Protegida de Usos Múltiples», señaló Palma a este medio.
Agregó que en este último punto su labor ha sido articular a las distintas autoridades involucradas en el tema, como la Intendencia, Medio Ambiente y la Subsecretaría de Pesca, porque «como usted sabe, la zona marina no es competencia de Bienes Nacionales».
«Estamos trabajando de forma mancomunada, para que en un plazo muy breve, mediante el procedimiento que la ley establece y que obliga a pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la presidenta pueda sancionar mediante el decreto respectivo la creación de esa área», no más allá de fines de diciembre, aseguró.
Actualmente hay una campaña de recolección de firmas llamada «Protejan el mar del Pueblo Kawesqar en la Patagonia chilena», que ya lleva casi diez mil firmas.
«No teníamos idea absolutamente de nada», señaló ante el anuncio Leticia Caro, representante de una comunidad kawésqar. «Nos enteramos por el anuncio de la televisión. Hemos tratado de averiguar cuál es la situación».
Caro admitió que la información fue recibida con alegría, «pero tenemos que tener presente cómo viene la creación de ese decreto» en el tema del AMP, el punto más sensible en su opinión del petitorio. «Por lo tanto, estamos alerta».
La representante agregó que este martes se comunicó con el seremi de Bienes Nacionales de la región de Magallanes, Víctor Igor, quien convocó a un encuentro para el próximo 7 de diciembre «para informarnos sobre la situación y definir un plan de trabajo».
«Siempre pensamos que (la solución) sería dentro del proceso eleccionario. Lo concreto es que el anuncio está y eso es un primer paso», expresó.
En cuanto a la política actual de entregar la administración de los nuevos parques a los pueblos originarios, Caro señaló que se trata de una acción reivindicatoria y «un gran avance» en vista del sufrimiento que sufrieron sus antepasados desde que comenzó la colonización.
Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, llama la atención que dada la importancia de la comunidad indígena y del ecosistema del lugar «lo informal de la comunicación» de la ministra de Bienes Nacionales.
«Esto se maneja de manera bastante cerrada y no se entrega el texto del decreto ni la cartografía» del futuro parque nacional, critica el dirigente.
«Se sospecha que la propuesta va a ser una negociación con los salmoneros», que se quedarían con una parte del parque para poder seguir funcionando, mientras el resto funcionaría como AMP.
Agregó que ante la próxima firma del decreto, la Subsecretaría de Pesca está entregando nuevas concesiones a las salmoneras para que estas puedan actuar a partir de «hechos consumados». De esta manera, las empresas serían indemnizadas o reubicadas, específicamente en la región de Aysén, actualmente vedada por cinco años a cualquier nueva concesión, según estimaciones de Cárdenas. «Será un parque nacional con letra chica».
«Lo que nos preocupa es que esta informalidad, en términos de la información por parte del gobierno, permita una serie de negociaciones que no son públicas, entre el gobierno y la industria salmonera», advirtió. El activista además señaló que el proceso de declarar una AMP no es inmediata, sino demora unos tres años.
Cárdenas además cree que el tema electoral es clave, «para demostrar que el gobierno es sensible al tema indígena».
