Este martes se firman varios decretos supremos en la materia
Deberá, por un lado, realizar una inversión en tecnología para reforzar la labor de la Armada de Chile y Sernapesca y, por otro, lograr en el Parlamento la aprobación del Servicio de Biodiversidad, que estará alojado en el Ministerio del Medio Ambiente. El área a proteger es el doble del territorio nacional terrestre: unos 1,4 millones de km cuadrados.
Con la firma este martes en La Moneda de varios decretos que consolidan la protección del 44 por ciento de las zonas de exclusividad económica como reservas marinas protegidas, el Gobierno de Michelle Bachelet pretende poner el broche de oro a un esfuerzo por la protección ambiental en su mandato.
Con su labor, el Ejecutivo hizo realidad la aspiración de una larga lucha de distintas organizaciones para la protección de la flora y fauna del mar, donde colisionan los intereses económicos de los grupos pesqueros, así como buques extranjeros que realizan pesca ilegal, y los defensores del medio ambiente.
Ahora le tocará al nuevo Gobierno el desafío de hacer realidad esta protección. Por un lado, deberá realizar una inversión en tecnología para incrementar la vigilancia que actualmente realiza principalmente la Armada de Chile, junto a Sernapesca, en especial mediante una inversión en tecnología y un análisis de inteligencia.
Expedición de National Geographic Pristine Seas a Juan Fernández. Crédito Enric Sala
Y por otro, en el aspecto institucional, lograr la aprobación en el Parlamento del nuevo Servicio de Biodiversidad, que estará alojado en el Ministerio del Medio Ambiente, y que cuente con poderes efectivos para desempeñar su función. Esto, sin contar la Ley de Modernización de Sernapesca, clave para combatir la pesca ilegal y que, por rechazo opositor, tampoco fue posible durante el actual mandato.
[cita tipo=»destaque»]Sin embargo, ahora hay que implementar la protección. En el tema de los desafíos, para Mena, el futuro Gobierno deberá seguir la lucha contra la pesca ilegal, entre otros aspectos, impidiendo que descarguen en puertos chilenos lo que extraen, aparte de su fiscalización y sanción. Actualmente esta actividad es realizada principalmente por barcos provenientes de Asia (China, Japón y Corea del Sur) y Europa (España y Rusia) en zonas remotas. También resaltó la fiscalización de los grupos pesqueros nacionales, que trabajan en áreas más cercanas al continente.[/cita]
«Piñera ha demostrado interés por el tema marino, la Patagonia, y durante su gobierno creó algunas áreas protegidas. Además el país ha cambiado, hay una exigencia ciudadana respecto de avanzar más en el tema ambiental», reflexiona Maximiliano Bello, oficial principal de políticas públicas del Pew Charitable Trusts, para comentar lo que enfrentará el empresario.
«Él tiene que responder a eso. También veo una oportunidad para él, para dejar su legado en la implementación de estas áreas. Será maravilloso que Chile tenga un modelo de exportación de cómo implementar las áreas protegidas», señala. Sin olvidar «áreas importantísimas que hoy tienen falencias tremendas y deben ser protegidas, como los fiordos, que están siendo destruidos por las salmoneras», añade Bello.
Expedición de National Geographic Pristine Seas a Juan Fernández. Crédito Enric Sala
En términos concretos, la ceremonia de este martes en La Moneda se refiere a la firma de 6 decretos supremos para declarar como áreas protegidas cinco áreas nuevas y ampliar una sexta.
Específicamente, se trata de los parques marinos de Cabo de Hornos (144.390,60 km2) y el Archipiélago de Juan Fernández, con 262.023,74 km2; de la ampliación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) del mismo archipiélago, con 12.587,34 km2; así como de las AMCP-MU de Rapa Nui, con 579.368 km2; Seno Almirantazgo, con 764 km2; y Tortel, con 6.702,24.
Según información oficial, al momento de comenzar el Gobierno de Bachelet, en 2014, existía una superficie protegida de 150.848,18 km2. La superficie de la zona económica exclusiva (ZEE) de Chile es de 3.468.173 km2, por lo tanto, un 4,35% de la misma estaba protegida a marzo del señalado año.
Entre 2015 y 2016, el Ejecutivo creó seis parques marinos y dos AMCP-MU. Con la firma de este martes, con las nuevas áreas creadas, al finalizar el Gobierno se contará con un total de 1.469.068,07 km2 de la ZEE protegida, lo que corresponde a un 42,4%. A esto hay que sumar además los parques creados a nivel terrestre.
«Es un esfuerzo de conservación oceánica que no tiene comparación», asegura el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, que añadió que desde la época de Eduardo Frei-Montalva (1964-1970) no se creaban tal cantidad de parques en tierra.
Destacó que, durante el mandato de Bachelet se habrán creado los parques marinos más grandes de América, en los casos de Isla de Pascua y Juan Fernández, así como del más austral del mundo, en referencia de Cabo de Hornos.
Expedición de National Geographic Pristine Seas a Juan Fernández. Crédito Enric Sala
Chile pasa a ser número tres en el mundo en la conservación de su mar, solo superado por Estados Unidos y Australia, agregó.
«Es un sueño hecho realidad», afirmó Bello. «Hace diez años nunca lo hubiera imaginado. Es un evento único, y mucho más de lo que esperábamos, algo de estándar mundial. Un cambio de paradigma», expresa.
«La Presidenta Bachelet está dejando el legado ambiental más importante de la historia de Chile, que difícilmente será superado por otro Presidente», subrayó el abogado Álex Muñoz, director de National Geographic Pristine Seas Latinoamérica.
«Valoramos mucho la creación de los parques marinos de Juan Fernández y la isla Diego Ramírez, ya que van a proteger zonas únicas con una biodiversidad excepcional en todo el planeta. Lo que se está haciendo es realmente un esfuerzo extraordinario», recalcó.
Sin embargo, ahora hay que implementar la protección. En el tema de los desafíos, para Mena el futuro Gobierno deberá seguir la lucha contra la pesca ilegal, entre otros aspectos, impidiendo que descarguen en puertos chilenos lo que extraen, aparte de su fiscalización y sanción.
Actualmente esta actividad es realizada principalmente por barcos provenientes de Asia (China, Japón y Corea del Sur) y Europa (España y Rusia) en zonas remotas. También resaltó la fiscalización de los grupos pesqueros nacionales, que trabajan en áreas más cercanas al continente.
«Estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para tener mejores herramientas satelitales para poder hacer la vigilancia de aquellos lugares que es necesario preservar», dijo, para resaltar que el área a vigilar es «el doble de Chile» en kilómetros cuadrados.
Para Muñoz también es necesaria una inversión en tecnología satelital y un análisis de inteligencia para poder detectar a los buques que trabajan de forma ilegal.
«Nadie se puede plantear tener tal contingente para vigilar todo el área, pero sí existe la tecnología para poder enviarlo a lugares específicos donde efectivamente está ocurriendo» pesca ilegal, coincide Bello.
«Ya no basta con tener barcos que tengan presencia en el mar chileno. Debemos contar con una vigilancia satelital para detectar los movimientos en aguas chilenas, que son muy vastas», explica Muñoz, a fin de comentar la labor que actualmente realiza la Armada mediante barcos, aviones y el monitoreo de las señales satelitales de los propios navíos.
Muchos barcos piratas «apagan» su señal satelital –el BMS o el AIS– al entrar en aguas chilenas para poder pescar sin ser detectados.
El director de NatGeo para Latinoamérica señaló que hay entidades dispuestas a entregar de manera gratuita vigilancia satelital por algunos años, como Vulcan, del multimillonario Paul Allen, con lo cual el futuro Gobierno no podrá excusarse en temas presupuestarios para no ejecutarla.
Por eso «va a ser un tema de voluntad política que el Gobierno implemente este sistema». Muñoz se declara «expectante», aunque lamentó la designación como subsecretario de Pesca de Eduardo Riquelme (RN), un abogado de la Universidad del Mar, por su «nula» experiencia en el tema pesquero.
Mena además destacó la necesidad de «fortalecer la institucionalidad ambiental», en referencia al proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que está en el Parlamento, un organismo cuya creación también fue recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). «Es esencial», coincide Muñoz.
Este servicio será el encargado de «de la conservación de la biodiversidad, en todos sus niveles: genes, especies y ecosistemas, a través de varios instrumentos que permitirán la preservación, la restauración y el uso sustentable de la biodiversidad en todo el territorio nacional», según indica la web del ministerio.
«Con la creación de todas estas áreas, se merecen la creación de un servicio específico», indicó Bello.
«Su creación es fundamental para poder tener una protección más efectiva de las zonas, tanto terrestres como marinas, donde estamos trabajando para su conservación», precisó el secretario, quien resaltó que, además de varias consultas indígenas, el proyecto sorteó más de dos mil indicaciones para generar una iniciativa «balanceada, que debería ser promulgada en el próximo periodo de Gobierno».
Mena señaló que su sucesora, Marcela Cubillos, «ha manifestado su prioridad», y añadió que el servicio tiene su origen en el primer mandato de Piñera, cuando «empezó la institucionalidad ambiental».
