CULTURA|OPINIÓN
En 1982 la propuesta enmendaba los términos de la Convención Ballenera, que, en materia de conservación, dejaría de ser un instrumento que autorizaba el uso racional de cetáceos para, a partir de la enmienda, prohibir la cacería comercial de ballenas debido a la severa depredación en curso. Los tres países balleneros rechazaron el acuerdo porque la decisión lesionaba seriamente sus intereses y buscaron maneras distintas de mantener el statu quo. Así, Japón disfrazó su cacería comercial como captura con fines de investigación científica, permitida en la Convención, y Noruega e Islandia cazaron ballenas dentro de su Zona Económica Exclusiva de 200 millas.
Hace unos días Japón decidió retirarse de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para retomar la cacería comercial de cetáceos. Este es un desarrollo desastroso para la conservación de ballenas.
La CBI lleva más de 30 años en un debate enconado y estéril respecto de la conservación de cetáceos, producto de una decisión adoptada en 1982 que transgredió uno de los principios cardinales del funcionamiento de organismos multilaterales: modificar los objetivos fundamentales de una organización internacional sin el acuerdo unánime de sus principales miembros.
Ello ocurrió cuando la CBI aprobó –por votación y no por consenso– una moratoria de la caza comercial de la ballena, con la férrea oposición de tres de los principales países balleneros, Japón, Islandia y Noruega.
Esta propuesta enmendaba de hecho los términos de la Convención Ballenera, que, en materia de conservación, dejaría de ser un instrumento que autorizaba el uso racional de cetáceos para, a partir de la enmienda, prohibir la cacería comercial de ballenas debido a la severa depredación en curso.
Los tres países balleneros rechazaron el acuerdo porque la decisión lesionaba seriamente sus intereses y buscaron maneras distintas de mantener el statu quo. En materia de intereses del Estado, por polémicos que sean, no cabe el romanticismo.
Así, Japón disfrazó su cacería comercial como captura con fines de investigación científica, permitida en la Convención, y Noruega e Islandia cazaron ballenas dentro de su Zona Económica Exclusiva de 200 millas, en el marco de la Convención del Mar.
Si bien la CBI adoptó medidas paliativas frente a esta situación, ello no tuvo impacto en la esencia del problema: que la Comisión había perdido el control sobre la cantidad y especies de cetáceos que se cazaban.
A partir de ese momento, las reuniones anuales de la CBI se caracterizaron por los enfrentamientos agrios y beligerantes entre países conservacionistas y balleneros, que impidieron cualquier acuerdo de consenso en materia de conservación.
En el 2009, en este el ambiente enrarecido, tuve el desafío de ser presidente de la Comisión.
La presidencia de la CBI me impedía ipso facto continuar como el comisionado de Chile, y fui reemplazado por el ministro consejero de la Cancillería, José Fernández. El papel del presidente es distinto al de un comisionado nacional. No está subordinado a la posición de ningún país miembro, ni el propio. Por ello, tiene una mayor flexibilidad para buscar acuerdos y hacer sugerencias. Responde exclusivamente ante la Comisión por el mandato que recibió y, en mi caso, no a Chile respecto de las instrucciones que impartía la Cancillería.
Esta diferenciación es clave para entender la propuesta de negociación que vino después.
Para promover esa negociación tuve en cuenta que la moratoria no había tenido el éxito esperado. De acuerdo a datos de World Wildlife Fund, entre los años 1986 y 2009 se habían capturado de 33,561 ballenas. Ahora esa cifra supera las 40 mil ballenas.
Parecía evidente que había que explorar otras modalidades para conservar cetáceos.
La Comisión estuvo de acuerdo en ello y aprobó la creación de un comité de redacción integrado por un grupo de importantes países conservacionistas y también por Japón, Noruega e Islandia.
Los participantes eran altos funcionarios (comisionados ante la CBI y directores) de sus respectivos ministerios de relaciones exteriores y/o medio ambiente.
Ese grupo trabajó durante siete meses no desprovistos de tensiones y obstáculos para producir el extenso documento IWC/62/7rev-SP (3), disponible en el sitio web de la CBI. El texto de 45 páginas cubre casi todos los aspectos necesarios para una nueva gobernabilidad de la institución, incluido el tema de la conservación.
El pilar fundamental de la propuesta era obtener una reducción considerable de las capturas de los países balleneros por medio de cuotas otorgadas por la CBI, con lo cual se estimaba que entre 500 y mil ballenas pudieran haberse salvado de la caza. Se incluía además un exigente mecanismo de vigilancia.
El costo era que la Comisión revertía, de hecho, la moratoria para autorizar nuevamente la cacería comercial por medio de cuotas y monitoreo.
Este punto, a la postre, fue insuperable para los países conservacionistas y condujo a un rechazo de plano de la propuesta en la reunión de la CBI del 2010 en Agadir, Marruecos.
El documento fue siempre una propuesta para la negociación, sobre la base del principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado y, por lo tanto, abierto a todas las enmiendas y modificaciones que se estimaren necesarias, incluyendo el rechazo al resultado final.
Es paradójico, pero aquellos que, con estridencia, indignación e incluso ataques personales, no le dieron una oportunidad de negociación a la iniciativa, permitieron que 1.000 ballenas más fueran cazadas anualmente durante la última década.
La propuesta tenía escollos técnicos, y dificultades políticas, pues exigía concesiones muy significativas tanto a balleneros como conservacionistas. Aun así, visto lo ocurrido, de haberse llevado a cabo la negociación ciertamente habría evitado que Japón renunciara a la CBI.
Ahora habrá que extremar la creatividad para ver cómo pudieren retomarse las conversaciones con Japón. No hay mejor alternativa a la conservación y protección de las ballenas que la negociación con los países que las capturan.
Cristian Maquieira A. Ex presidente de la Comisión Ballenera Internacional.
