CULTURA
Un miembro de la Asociación de Editores presentó un recurso ante la Contraloría y acusó «poca transparencia». Solo en una de las adquisiciones de 2018, el ministerio invirtió más de 4 mil millones de pesos, más de cinco millones de dólares. «Transformar en ley la medida de la Política Nacional que establece el 60% puede ser un gran avance. Establecería ciertos equilibrios, porque el problema es que el mercado no lo hace. Está muy bien conocer el cine de Hollywood, los libros de las multinacionales y de países del norte, pero no puede ser en detrimento de la producción propia», afirma Paulo Slachevsky. El Mineduc, por su parte, ha preferido no manifestarse hasta un pronunciamiento del órgano contralor.
Una fuerte polémica surgió entre el Ministerio de Educación, encabezado por Marcela Cubillos, y la Asociación de Editores de Chile, por la compra pública de libros para bibliotecas escolares.
Un miembro de la Asociación presentó un recurso ante la Contraloría y acusó «poca transparencia». Solo en una de las adquisiciones de 2018, el ministerio invirtió más de 4 mil millones de pesos, más de cinco millones de dólares.
Al Observatorio del Libro y la Lectura (OLL), si bien hay claras trabas en el proceso de licitación, el que ha favorecido a ciertas editoriales extranjeras durante años, le preocupan aún más las consecuencias de esto, ya que determina qué tipo de libros y qué contenidos leerán estudiantes de todo Chile en la enseñanza escolar. Esta pugna, si bien no es nueva, abre un nuevo flanco para la ministra Cubillos, pues la polémica –como sostiene el OLL– no tiene que ver simplemente con un tema de proveedores de textos para las bibliotecas escolares, sino que también de la propia diversidad cultural. «Eres lo que lees», decía Borges.
El caso se remonta a 2018, específicamente al 16 de agosto, cuando la Subsecretaría de Educación publicó una Intención de Compra, en que señaló que podrían participar aquellos proveedores que tuvieran “catalogados” sus productos, según expresa un comunicado de la Asociación de Editores.
«El catálogo es un mecanismo legal que permite la actualización de las listas de ofertas de bienes y servicios. Sin embargo, en este llamado se excluyó a priori a miembros del convenio pertinente para la presentación de muestras en base a la que se haría una selección previa a la catalogación. Así, la elección de 76 títulos se hizo de una manera poco transparente y arbitraria», acusó la citada asociación.
Por esto, el 23 de octubre, Paulo Slachevsky, representante legal de LOM Ediciones –socia de Editores de Chile–, presentó un requerimiento en la Contraloría para acusar poca transparencia en el segundo y más reciente proceso de compras públicas de libros para bibliotecas escolares, realizada por el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), dependiente de la subsecretaría.
“La subsecretaría operó de manera opaca y con abierta falta al principio de igualdad de los oferentes, ya que en esta etapa solo convocó a algunos de los proveedores del Convenio Marco para que presentaran muestras de libros en atención a las áreas o temas planteados por el mencionado organismo público, los que fueron elegidos a través de un procedimiento desconocido, no reglado y a toda luces arbitrario, del cual no tuvimos conocimiento a pesar de ser proveedores del Convenio Marco antes individualizado”, se explica en el documento presentado ante la Contraloría.
Asimismo, miembros de Editores de Chile presentaron dos requerimientos por Ley de Transparencia al Ministerio de Educación, pero obtuvieron «respuestas ambiguas y poco satisfactorias». La Asociación de Editores es una entidad gremial que reúne a 77 editoriales independientes.
Cabe señalar que en la primera adquisición de 2018 del CRA se invirtieron $4.113.915.649 en 475.892 ejemplares, que pueden llegar a las más de 11 mil bibliotecas escolares: 8.547 en educación básica, 2.429 en educación media y a 103 en educación especial, en escuelas y liceos de dependencia particular subvencionada y municipal.
La más reciente invitación a la Gran Compra de 43.973 de libros complementarios al texto escolar 2019, por 262.029 ejemplares de un título, da un valor de referencia de $11.305 cada uno, IVA incluido, por un total de $2.962.237.845.
Ante una consulta de este diario, fuentes del Mineduc señalaron que el ministerio está en proceso de responder el requerimiento de la Contraloría, por lo que declinaban referirse a este tema.
Una de las entidades que ha seguido este asunto es el Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, especialmente el tema de las compras públicas de libros de texto y complementarios de parte del Mineduc, tanto para las bibliotecas CRA como para libros usados en el aula.
De hecho, en el mes de mayo de 2018 hubo un seminario dedicado a la creación, compra y adquisición de textos escolares y complementarios junto al Consejo del Libro, donde se pudo observar de primera mano las contradicciones y problemas que presentan los procesos relacionados con este tema, según explica Sofía Brinck, coordinadora del Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile.
«Si bien hay claras trabas en el proceso de licitación, el que ha favorecido a ciertas editoriales extranjeras durante años, como Observatorio nos preocupan aún más las consecuencias de esto, ya que determina qué tipo de libros y qué contenidos leerán estudiantes de todo Chile en la enseñanza escolar», afirma.
«La diversidad cultural, y por ende literaria, es uno de los principios de la Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL), el que reconoce como un valor la multiplicidad de las culturas que existen en el territorio nacional. Esa bibliodiversidad debe ser intencionada y apoyada desde el Estado, para que valores como el respeto, la tolerancia y la inclusión estén presentes en las lecturas de los niños de Chile desde la infancia», agrega.
Por eso, el Observatorio del Libro y la Lectura apoyó el recurso de los Editores de Chile ante Contraloría, «ya que consideramos que los montos económicos en cuestión y el futuro lector de las nuevas generaciones requieren de procesos transparentes y que tengan como prioridad una política educativa plural y diversa».
«Apoyar, además, la producción editorial chilena a través de estas licitaciones públicas sería una fuerte señal de parte del Estado de su compromiso con la PNLL y sus objetivos de robustecer el ecosistema chileno del libro, así como también de fortalecer la educación pública a través de libros que den cuenta de la diversidad cultural y editorial de nuestro país», se puntualiza.
“Cuando son compras de libros para bibliotecas escolares, estamos hablando de lo que leerán los niños en los colegios de Chile y ello es, sin duda, muy importante”, explica Slachevsky.
“Las compras públicas en esta materia son, a su vez, un factor central para democratizar el libro, para facilitar su acceso y promover la lectura entre los estudiantes, como también para fortalecer el ecosistema del libro en Chile, lo que contribuye a generar un círculo virtuoso que potencie la producción intelectual local”. Pero no es lo único: “Cómo no considerar la cercanía y proximidad con los autores, el lenguaje y los temas tratados, como un factor de pertinencia, que promueve la aproximación y curiosidad de los niños y jóvenes con los libros”, dice.
No solo es importante qué se compra, sino también cómo: “Nos parece que no es aceptable que solamente algunos proveedores o editores sean contactados, que no se sepa bien cómo proceden, que al final exista un velo en gran parte del proceso de selección y de compra. Eso no le hace bien a la cultura, no le hace bien al país”, comenta el fundador de LOM.
En tanto, Beatriz García-Huidobro, profesora, psicopedagoga, escritora, editora de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del directorio de Editores de Chile, refuerza la importancia de la transparencia y destaca los efectos que esto tiene en cuanto a educación.
«A nosotros como asociación nos importa mucho la transparencia y la posibilidad de participar de manera justa entre los diferentes actores, donde sea la calidad del libro y su pertinencia lo que prime por encima de otros parámetros. Creo que esta acción de solicitar una revisión ha sido necesaria para despejar la cancha y permitir que las diferentes editoriales participen en igualdad de condiciones. Confiamos que haya una respuesta clara que transparente los procesos de adquisiciones», señala.
«Como educadora reconozco la importancia de un canon amplio y flexible en lo que se refiere a las lecturas de nuestras niñas y niños. La diversidad es un elemento fundamental no solo para que se aproximen a los libros y se mantengan cerca de ellos, sino también para que descubran en su interior la variedad de mundos que contienen, la multiplicidad de miradas y las sensibilidades que despiertan en ellos. Por eso es que las adquisiciones no son un tema puramente económico dentro de la industria del libro, sino que están en la base de la formación literaria y valórica de nuestros estudiantes», sostiene.
Desde hace tres años, diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil trabajan en la implementación de la Política Nacional de la Lectura y del Libro 2015-2020, que busca reforzar el ecosistema del libro del país y mejorar problemas como la comprensión lectora. Se ejecutan medidas en diferentes ámbitos, que van desde la creación hasta la internacionalización.
Una de las mesas es justamente la de Compras Públicas, que, entre sus tareas, tiene la de que en el año 2020 estas contemplen un 60% de libros locales.
“Si bien se ha avanzado, el Ministerio de Educación no ha respondido para nada en relación con esa medida. Y en vez de avanzar, ha retrocedido. En el primer CRA que salió este año, el 75% de los títulos son con ISBN extranjero y el 25% con ISBN chileno”, detalla Slachevsky. Por otra parte, aunque la presencia del Mineduc está prevista en dicha mesa, no ha participado en las últimas oportunidades.
Slachevsky cree que, tal como se hizo en la música con la Ley del 20%, ayudaría establecer una cuota de libros chilenos en las compras públicas.
“Transformar en ley la medida de la Política Nacional que establece el 60% puede ser un gran avance. Establecería ciertos equilibrios, porque el problema es que el mercado no lo hace. Está muy bien conocer el cine de Hollywood, los libros de las multinacionales y de países del norte, pero no puede ser en detrimento de la producción propia. Como lo señala la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de Unesco, suscrita y ratificada por nuestro país, hay derechos y obligaciones de los estados en favor de sus propias expresiones culturales”, puntualiza.
“Esperamos que, tanto a través del proceso en Contraloría como en las consultas que estamos haciendo al Consejo de Transparencia Pública, se logre primero esclarecer cómo opera en los procesos de selección y compra el ministerio. Y segundo, generar cambios en ellos, en favor de mayor transparencia, de mayor diversidad, inclusión y democratización del libro”, concluye.
