El derecho constitucional a la justa ciudad

Pandemia mediante, el pueblo chileno expresó clara y contundentemente que desea una nueva Carta Magna y que ésta no sea redactada por quienes, en el Parlamento y otras entidades del Estado, una buena parte de ellos al menos, usufructuaron por 30 años de una sociedad injusta y causaron con su actuar y su palabrería el estallido social de octubre del 2019. Y lo primero que cabe hacer, en las primeras horas, es celebrar. No la celebración de las palabras vacías del tipo “ganó la democracia y el civismo de los chilenos”, no, sino el festejo de un pueblo que ha sido vapuleado por décadas, de jóvenes marginados y de familias enteras obligadas a vivir en “zonas de sacrificio”, sin acceso a salud y educación digna, por ejemplo.

Después del merecido festín, viene lo segundo, tanto o más importante que lo anterior. Asegurar que la futura Constitución Política refleje los mayoritarios anhelos de los chilenos. Ya sabemos que la ley fundamental de la República no es del tipo de una enciclopedia británica o de un gran diccionario o, más actualmente, una Wikipedia. Es un rayado de cancha donde se expresa el marco institucional en el que, democráticamente, definimos los lineamientos centrales bajo los cuales nos moveremos a futuro como país. La “bajada”, el “aterrizaje” de ese articulado se expresará después en leyes específicas que serán discutidas y sancionadas en su momento por quienes la nueva Constitución señale. En ese sentido, algo medular que ha saltado al debate actual es que hay que dejar atrás esa Constitución del subsidio, por llamarla de algún modo, y reemplazarla por una Constitución de derechos.

[cita tipo=»destaque»]Para avanzar entonces hacia la generación de ciudades más justas, considerando el escenario abierto tras el plebiscito reciente, me parece de suyo ineludible que en la nueva Constitución, como parte de los derechos humanos fundamentales a consagrar y defender, debiese incorporarse el derecho a la justa ciudad. Que ello sea así facilitaría el desarrollo de políticas y programas tendientes a asegurar condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad para los ciudadanos. Y el Estado sería el garante de que así sea.[/cita]

En tanto no soy experto constitucional, ni mucho menos, no expresaré acá mi propuesta de cómo debiera redactarse entera esa Constitución de derechos. Pero sí quiero detenerme en un par de puntos que, desde mi quehacer cotidiano ya por años, me parece pertinente enarbolar en estas líneas.

Por diversos factores, si cabe un concepto que pueda definir a las ciudades contemporáneas, podemos afirmar que el de la fragmentación le queda muy bien (qué buen reflejo de ello es el mapa de la votación en el plebiscito 2020 en la región Metropolitana). En términos sociales, administrativos, políticos e incluso mentales, nuestras ciudades están sumamente divididas en su interior. En Santiago, por ejemplo, para la celebración de fiestas populares, hace un siglo era posible que en un mismo lugar se encontrara el que más y el que menos; que se miraran a los ojos y se reconocieran en su diversidad. No es que se tratara de una sociedad ejemplarmente unida, pero en términos territoriales, urbanos, no se daba la separación que existe al día de hoy. Y no es sólo un tema que tenga que ver con la desproporcionada extensión, geográfica y demográfica, de la ciudad actual.

La fragmentación de la ciudad, además, y en el caso chileno particularmente, nos ha llevado a una segregación brutal que nos permite hablar de -y reconocer- varias ciudades en su seno. Caminar por una calle de Cerro Navia o San Ramón, por ejemplo, no puede ser más distinto que hacerlo por avenidas de Vitacura o Las Condes. Entre esos paisajes, sólo desde la perspectiva de las arboledas y los espacios de recreación, hay un mar de distancias (ni qué decir de la presencia de servicios, la infraestructura o los accesos). Pueden ustedes aquí agregar los restantes e innumerables componentes en que se expresa esta segregación que nos abofetea a diario.

Es cierto que la separación al interior de la ciudad también nace de la necesaria desconcentración de ciertos servicios que antiguamente, cuando éramos menos, se entregaban en un solo lugar. Siempre cuento a mis estudiantes que décadas atrás, para obtener algunos papeles o certificados había que ir a las oficinas centrales (y únicas) del Registro Civil, lo que hoy se puede hacer en distintas partes e, incluso, por internet. Eso está bien, pero por sí solo no explica el fenómeno de la atomización urbana. No es esa situación, por ejemplo, la que pueda dar cuenta de la desatada manía de poner rejas y vallas físicas a muchos espacios públicos. Como enuncié más arriba, el fenómeno de la fragmentación urbana se expresa de múltiples maneras y obedece también a variadas causas. En otra instancia podemos dar detalle de ello.

Entonces, cómo (y qué) hacemos para revertir esta negatividad. En lo específico, y desde distintos ámbitos, se han realizado varias propuestas. En mi caso, recogiendo lo que gente más experta ha planteado, una sugerencia órbita por el lado de una real descentralización que posibilite desconcentrar las urbes (imagino que ciudades como Santiago no debieran tener más de cuatro millones de habitantes, tal cual ocurre con Roma). Pero esa es una sola propuesta, importante y compleja de llevar a cabo, que no basta para tener a futuro ciudades más justas. Se requiere también mejorar y nivelar el acceso a los servicios básicos, a la vivienda digna, a los espacios recreacionales; se necesita que la ciudad sea planificada y que no quede al arbitrio de unos pocos especuladores inmobiliarios (lo que implica fortalecer en ese aspecto el rol del Estado y de los ciudadanos).

Para avanzar entonces hacia la generación de ciudades más justas, considerando el escenario abierto tras el plebiscito reciente, me parece de suyo ineludible que en la nueva Constitución, como parte de los derechos humanos fundamentales a consagrar y defender, debiese incorporarse el derecho a la justa ciudad. Que ello sea así facilitaría el desarrollo de políticas y programas tendientes a asegurar condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad para los ciudadanos. Y el Estado sería el garante de que así sea.

En lo concreto, la incorporación del derecho a la justa ciudad en la nueva Constitución debiera desglosarse en algunos ejes, entre los cuales estimo indispensables el de la inclusividad (acabar con las segregaciones odiosas y considerar, en primer lugar, a los sectores más vulnerables, como los niños y los ancianos); la participación ciudadana (potenciando la organización en todos los niveles y generando los instrumentos pertinentes, como han demostrado las experiencias locales de los presupuestos participativos); la solidaridad, entendida como el predominio del interés público por sobre el privado; la sustentabilidad, en tanto se debe proteger la salud física, mental e histórica de los ciudadanos, con políticas respetuosas del medio ambiente y del patrimonio cultural que el pueblo consagre democráticamente.

Lo planteado más arriba no es definitivo ni inmodificable; tan solo se trata de un borrador, una propuesta personal, que me parece necesario disponer en la discusión actual, de estos días, para que sea considerado en las distintas instancias públicas que han iniciado el debate respecto al texto de la futura Constitución. Espero que, siguiendo el viejo adagio de anteponer los bueyes a la carreta, quienes están manifestando su intención de ser elegidos para oficiar de constituyentes manifiesten primero cuáles son los contenidos que van a ir a defender a la Convención, a fin de tener mayor claridad respecto al voto que emitiremos en abril próximo. Y aquí expreso un contenido, el derecho a la justa ciudad, que me parece pertinente para el 90 por ciento de los chilenos que somos urbanos.

Vólker Gutiérrez A. Periodista/Profesor. Fundador y Presidente Cultura Mapocho. Director Letra Capital Ediciones