Patrimonio y arte: ¿Prioridad en la nueva Constitución?

Los recientes dichos de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, afirmando que “un peso que se coloque en Cultura, se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”, haciendo referencia a la baja en el presupuesto 2021 de la cartera, despertó críticas transversales en el sector.

Más allá de lo lamentable e inoportuna que puede haber resultado esta declaración, este episodio nos lleva a reflexionar sobre el lugar del patrimonio, las artes y la cultura en nuestra sociedad y cómo la nueva constitución debería darle igual prioridad, respecto de otros aspectos de la vida nacional.

Este proceso de análisis, sin duda, ya partió. ¿Cómo se abordará la cultura y el arte en el proceso constituyente? ¿Qué mirada tendrán los futuros constituyentes, que todavía ni siquiera son candidatos? ¿Cómo se verán representados todos los sectores y gremios en este nuevo inicio de carta magna?

[cita tipo=»destaque»]El tráfico de bienes culturales que a nivel mundial constituye la tercera causa de tráfico, después de las drogas y las armas. Sin embargo, en nuestra legislación se define como delito contra la propiedad pero no respecto del patrimonio. Aunque esta situación pareciera estar lejos de la realidad chilena, lo cierto es que el robo de bienes culturales ya ha ocurrido en nuestro territorio. Basta recordar, años atrás, el caso del robo de esculturas patrimoniales, encontradas en una hacienda de San Francisco de Mostazal; o la sustracción de la espada de Manuel Bulnes del Museo Histórico Nacional.[/cita]

Para iniciar esta reflexión, es importante revisar cómo está integrada la cultura en la actual constitución. En el art. 10, referente al derecho a la educación, se menciona que “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Mientras que en art. 25 se señala que existe “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie”, enfatizando el derecho de propiedad de las obras.

Se entiende que una carta magna tiene que contener los principios y valores del desarrollo y convivencia de un país, dentro de los cuales están los derechos y deberes culturales. Este nuevo marco de convivencia en Chile debería considerar la libertad de creación, el fomento de las artes, la diversidad, la multiculturalidad, además del cuidado y buena gestión de los bienes culturales y patrimoniales.

Sin embargo, de manera paralela y no menos importante, se requiere que exista un marco legal que lo permita. Esto, porque por muchos derechos y deberes culturales que se garanticen en la nueva constitución, sin normativas y leyes es difícil que estos se hagan tangibles.

Un ejemplo de ello es el tráfico de bienes culturales que a nivel mundial constituye la tercera causa de tráfico, después de las drogas y las armas. Sin embargo, en nuestra legislación se define como delito contra la propiedad pero no respecto del patrimonio. Aunque esta situación pareciera estar lejos de la realidad chilena, lo cierto es que el robo de bienes culturales ya ha ocurrido en nuestro territorio. Basta recordar, años atrás, el caso del robo de esculturas patrimoniales, encontradas en una hacienda de San Francisco de Mostazal; o la sustracción de la espada de Manuel Bulnes del Museo Histórico Nacional.

En este momento histórico único, donde se nos permitirá trazar el devenir de las próximas décadas, sin duda que los derechos culturales deberán ser garantizados, al igual que nuestros deberes. Tanto los constituyentes, a cargo de redactar la nueva constitución, como los legisladores, tendrán en sus manos el desafío de que la cultura, el patrimonio y las artes sean prioridad en la sociedad que estamos construyendo.