CULTURA
Según una nota periodística, AES Andes, ex AES Gener, el operador del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, pagó un servicio de ciberinteligencia para espiar grupos ambientalistas y a trabajadores que han denunciado los impactos y las malas prácticas de la transnacional norteamericana. Ante estos hechos, 27 convencionales pidieron una respuesta por parte de la empresa y rechazaron la falta de protección para defensores de los derechos humanos y ambientales. “Exigimos el repudio transversal a este tipo de prácticas mafiosas, que sientan nefastos precedentes para nuestro país”, dice una declaración pública.
Un grupo de constituyentes rechazó el ciberespionaje que aparentemente sufrió un grupo de activistas que cuestionan el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la empresa AES Andes.
“Los hechos denunciados son gravísimos, pretenden neutralizar la acción comunitaria imprescindible en toda democracia, promoviendo la vulneración de derechos en medio de un silencio cómplice de las autoridades”, expresa la declaración.
El proyecto Alto Maipo contempla la instalación de dos centrales hidroeléctricas que producirían 531 MW de potencia con agua que abastece Santiago.
Los informes del servicio contratado comenzaron a entregarse a partir del verano de 2020 y dentro de los documentos Alto Maipo obtuvo direcciones particulares, números telefónicos, RUT e información personal de ambientalistas y opositores del proyecto, según un artículo del sitio Interferencia.
Además incluían nombres de trabajadores de la hidroeléctrica que participaban en grupos de redes sociales en contra del proyecto Alto Maipo. También fueron pesquisados miembros de la Coordinadorea No Alto Maipo, Red Metropolitana No Alto Maipo, Movimiento por el Agua y Territorios (MAT) y la concejala de San José en el periodo anterior, Maite Birke.
Frente a esta situación, el grupo Ecoconstituyentes emitió un comunicado donde «repudian» las acciones de espionaje que tomó la empresa y recordaron la muerte de la activista Macarena Valdés con el fin de dejar en evidencia la falta de protección de defensores de causas ambientales.
«Estas maniobras oscuras de la transnacional traen inevitablemente a la memoria el homicidio de Macarena Valdés, en manos de la australiana SN Power, en Tranquil, que aún permanece en total impunidad, evidenciando los vacíos de nuestras normativas y la inoperancia de la institucionalidad vigente. Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad urgente de asegurar la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos, de la tierra, las aguas, y la naturaleza, en la Nueva Constitución», dice el comunicado.
Ecoconstituyentes calificó la práctica de «mafiosa». Además solicitó la renuncia del CEO de AES Andes y una respuesta por parte de la empresa y manifestó que «se debe garantizar desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el amparo, orientación y acompañamiento a todas las personas vulneradas por la acción de la transnacional».
