CULTURA|MEDIOAMBIENTE
A propósito del proceso constituyente, la convencional y científica, junto al abogado especialista en derechos ambientales, abordan en su libro la necesidad de avanzar desde un modelo económico extractivista hacia uno que asegure la protección de los Derechos de la Naturaleza.
El 3 de mayo el pleno de la Convención Constituyente aprobó la incorporación en el borrador de la nueva constitución del artículo que establece la creación de la Defensoría de la Naturaleza. Esto, se suma a la norma sobre Derechos de la Naturaleza que se agregó a la propuesta de Carta Magna el 26 de marzo pasado.
A propósito de la discusión sobre esta materia en la Convención, resulta necesario comprender la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete los Derechos de la Naturaleza y propicie el bienestar de los pueblos. Así lo plantean la científica y convencional constituyente, Cristina Dorador, y el abogado especialista en derechos ambientales, Ezio Costa, en su libro «El asilo contra la extinción».
Esta publicación toma posición desde una situación ineludible: la crisis climática y ecológica que afecta a Chile y al mundo. A partir de ahí, los autores explican cómo se ha vinculado nuestro país, el Estado, los privados y la ciencia con la naturaleza.
En la publicación, los autores revisan la historia extractivista de Chile, y plantean que se requiere abandonar esa matriz productiva primaria, para acercarnos a un modelo más respetuoso en cuanto al uso de bienes comunes naturales. Asimismo, Dorador y Costa sugieren que nuestro país necesita recuperar los ecosistemas, para recobrar los ciclos hídricos en la zona centro norte y centro sur de Chile. En este sentido, invitan a aplicar la ciencia para proteger y restaurar la naturaleza y hacer de esa restauración un objetivo público, que se aborde también con un enfoque económico.
El abogado Ezio Costa.
De acuerdo con los autores, es fundamental que la nueva Constitución reconozca los límites de la naturaleza, “en el sentido de incorporarlos a la discusión pública sobre desarrollo económico”, escriben. Para esto, señalan, se necesita el establecimiento de instituciones que consideren los límites naturales como contorno de las decisiones que se tomen, en cuanto a la producción y el consumo.
¿Cuáles son esas instituciones? En el libro se enumeran: Los derechos de acceso en materia ambiental (que aseguren participación, acceso a la información y acceso a la justicia); el derecho humano al ambiente sano y el derecho humano al agua; la descentralización del poder estatal hacia las regiones; los Derechos de la Naturaleza; y el estatuto de los bienes naturales, especialmente aquellos que son comunes.
Estas páginas invitan a reconocerse como parte de la naturaleza y sus procesos, valorando las vidas y los sabores, observando la fragilidad del entorno y, con todo ello, pensar y poner en práctica mecanismos para proteger decididamente el hábitat para poder legarlo las futuras generaciones de chilenas y chilenos.
