CULTURA|OPINIÓN
Manuel Sanhueza, uno de los principales miembros del grupo de Los 24, señalaba en 1986, en relación a la Constitución de 1980: “me parece inaceptable para un demócrata reconocer lo que denominan Constitución Política del Estado, y que no es otra cosa que un conjunto de normas impuestas y obligadas por la fuerza de las armas. Ni por asomo puede considerarse Constitución Política, ya que ella ni en su generación ni en su contenido obedece o es consecuente con el querer del pueblo. De aquí que la consideremos ilegítima y antidemocrática, tanto en sus condiciones transitorias como en sus disposiciones permanentes”. Para el grupo de Los 24 era necesario convocar a una Asamblea Constituyente y que esa asamblea debía ser electa por votación universal, “porque se trata del crisol del ejercicio por el pueblo de sus derechos, partiendo por el fundamental, cual es determinar el ser, los objetivos, las estructuras de la sociedad”.
El libro “Los 24, el primer NO a Pinochet”, de los autores Danny Monsálvez y León Pagola de editorial Historiográfica, es una investigación que sitúa a los lectores frente a un trozo de la historia que tal vez no ha sido suficientemente considerado, el que un grupo de profesionales – entre ellos varios juristas- crearon el 21 de julio de 1978, un grupo de estudios constitucionales que intentó proponer un proyecto alternativo al de la dictadura.
Como señalan los autores, este grupo buscó levantar “propuestas y contenidos institucionales que apunten a servir de base a una futura asamblea constituyente u otro órgano de integración pluralista que se dará el pueblo chileno, como única forma legítima de establecer una Constitución democrática”.
En esta instancia participaron personalidades como: como Edgardo Boeninger, ex rector de la Universidad de Chile; Ignacio González Ginouves, ex rector de la Universidad de Concepción, Fernando Castillo Velasco, ex rector de la Universidad Católica, Patricio Aylwin Azócar, ex presidente del Senado, Fernando Luengo, ex vicepresidente del Senado, Manuel Sanhueza, ex decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y ministro de Justicia del gobierno de la Unidad Popular, entre otros diplomáticos, abogados y profesores universitarios.
El texto abarca desde el golpe de Estado hasta 1988, organizado en seis capítulos, además de detallar las fuentes bibliográficas y aportar anexos. El último capítulo se centra en la figura de Manuel Sanhueza Cruz, quien es presentado como un “imprescindible” y gran defensor de los derechos humanos: “Todo régimen político que se define como democracia tiene que ser en función de los derechos humanos, porque cuando uno habla de ellos no debe olvidar que son indivisibles, tanto los individuales como los de la comunidad, los económicos y los sociales. La paz tanto interior como exterior de un país solo es posible concebirla dentro de la certidumbre de que existe un sistema donde se pueden ejercer libremente los derechos humanos”.
La decana de la Facultad de Humanidades de la USACH, Cristina Moyano, señala en la presentación de este libro, que su importancia radica en que «se rescata una experiencia germinal de crítica pública a la dictadura y que será relevante en el encuentro de actores que hasta entonces funcionaban como antagonistas”.
Por otra parte, Leonel Sallusti Palma, investigador en el Museo Histórico Nacional, menciona que “este libro nace de la ausencia y el desconocimiento. De la ausencia de una investigación profunda y de corte histórico sobre este Grupo”.
Ambos aspectos son relevantes y cobran mayor relevancia al pensar en el momento que vive hoy nuestro país. Por una parte, debemos procurar encontrarnos con nuestras múltiples diferencias en función del anhelado proceso constituyente y por otro, debemos reconocer el aporte y reflexión que han hecho muchos y diversos actores en esta materia a lo largo de nuestra historia.
Los ocho puntos fundamentales que expresamente reconocía el “Grupo de los 24” para la existencia de una sociedad democrática eran: (1) Estado de derecho; (2) Separación de los poderes públicos; (3) Generación periódica de los gobernantes y legisladores; (4) Participación activa y organizada del pueblo en la vida política, social, económica y cultural de la nación; (5) Existencia de partidos políticos; (6) Gobernantes responsables; (7) Red de organizaciones intermedias, y (7) Justicia económico-social.
A pesar de ser un libro histórico, convoca a todo tipo de lector, especialmente a aquellos jóvenes que no vivieron la “sangrienta dictadura comandada por las Fuerzas Armadas, que buscó preservar su proyecto político, social, cultural e histórico a través de la redacción de una Carta Magna – la constitución de 1980 – que con reformas y transformaciones, rige hasta hoy”.
En algo más de cien páginas, este texto nos trae al presente el golpe cívico militar del once de septiembre de 1973. “El militarismo no se circunscribió, en exclusiva a uniformados. También incluyó a civiles, quienes coincidieron en que las soluciones a los problemas y, en general, toda la vida social, debía pasar por la disciplina castrense”. También nos retrotrae a la represión que se ejerció sobre la ciudadanía, a la Doctrina de Seguridad Nacional que promovió Estados Unidos y a la intervención que se hizo en el mundo académico, los partidos políticos, los medios de comunicación, los tribunales y el Congreso.
Es muy atractivo que en el texto se hayan incorporado códigos QR que permiten al lector ver documentos y sucesos tan inimaginables como la quema de libros por parte de militares, recordemos que la dictadura acordó sancionar aquellos “delitos flagrantes de ultraje a las buenas costumbres” por tanto los que ejercían la represión y fuerza pública podían recoger y eliminar en el acto, escritos, impresos, documentos, afiches y otros. Las imágenes asociadas a esta parte del texto remiten a escenas de la Alemania nazi.
Al recorrer sus páginas hoy, se recuerda con dolor el momento en que Pinochet (en agosto de 1980) por cadena nacional informó del plebiscito para someter a aprobación su Constitución. Esa Carta Magna que fue elaborada por unos pocos elegidos, en un proceso a todas luces, fraudulento y carente de toda legitimidad, aún nos tiene anclados y frente a la interrogante de si seremos capaces de darnos una constitución legítima, que permita construir una democracia sustantiva con mayor justicia e inclusión.
Manuel Sanhueza, uno de los principales miembros del grupo de Los 24, señalaba en 1986, en relación a la Constitución de 1980: “me parece inaceptable para un demócrata reconocer lo que denominan Constitución Política del Estado, y que no es otra cosa que un conjunto de normas impuestas y obligadas por la fuerza de las armas. Ni por asomo puede considerarse Constitución Política, ya que ella ni en su generación ni en su contenido obedece o es consecuente con el querer del pueblo. De aquí que la consideremos ilegítima y antidemocrática, tanto en sus condiciones transitorias como en sus disposiciones permanentes”.
Para el grupo de Los 24 era necesario convocar a una Asamblea Constituyente y que esa asamblea debía ser electa por votación universal, “porque se trata del crisol del ejercicio por el pueblo de sus derechos, partiendo por el fundamental, cual es determinar el ser, los objetivos, las estructuras de la sociedad”. Los autores señalan que hasta enero de 1984 todo el grupo pensaba de la misma forma, pero “Patricio Aylwin dejará de creer que una asamblea constituyente es el mejor camino y, junto a la Alianza Democrática, se inclinará por una salida político-jurídica pactada”.
Ahora también vemos distintas posturas frente al nuevo proceso constituyente, por ello la lectura de este libro, nos puede aportar elementos para hacer distinciones y un análisis crítico de los planteamientos que se imponen en la discusión.
