Presionan por Ley del Patrimonio tras destrucción de mural de Antúnez en incendio

Gran impacto ha causado en el mundo artístico chileno la destrucción del mural “Terremoto”, de Nemesio Antúnez, en un incendio que afectó a la antigua sala de cine Nilo en Santiago Centro.

Sin embargo, varias fuentes del mundo cultural señalan que actualmente el Estado carece de suficientes herramientas para evitar este tipo de sucesos.

“El Estado se llena la boca con discursos relacionados con la importancia del patrimonio y el deber de protección, sin que se pronuncie un una política de colaboración con los propietarios privados de los bienes declarados patrimonio para que estos no se encuentren solos en esta difícil y costosa tarea que es la conservación de los bienes patrimoniales”, advierte Óscar Acuña, exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Y señala que en iguales circunstancias de deterioro y a expensas de situaciones de fuerza mayor se encuentran los murales ubicados en la Galería Huelén de Huérfanos con San Antonio y en el Grand Palace de Huérfanos con Morandé.

Por su parte, la familia prefirió no hacer declaraciones y seguir acciones legales junto al Ministerio de las Culturas, según una fuente allegada al tema.

Cine convertido en bodega

Antúnez realizó el mural en 1958 tras ganar un concurso público cuando el espacio estaba proyectado como un cine de lujo. Luego, en 2011, fue declarado Monumento Histórico, al igual que sus obras “Quinchimalí” (1958), Sol (1961) y Luna (1961), recordó la Universidad de Chile.

“Se cree que el grueso del patrimonio es público pero no es así. La gran mayoría está albergado en manos privadas”, expresa Cecilia García Huidobro, presidenta del Instituto de Conservación Histórica, de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Parques de Chile y concejal por Zapallar.

“En la pérdida patrimonial hay factores múltiples que la explican. El fuego es solo un componente. Otros han sido los cambios de planes reguladores, la falta de declaratorias que permiten demoliciones, falta de recursos, robos pero, sobre todo, la falta de voluntad política”, añade.

En el caso del ex cine Nilo, el lugar estaba convertido en una bodega, y aunque la obra gozaba de protección oficial, ello no impidió la pérdida total del mural.

El incendio se vio potenciado por una obsolescencia de las instalaciones eléctricas, la falta de compartimentación interior para limitar la propagación del fuego, y rutas de escape obstruidas o inhabilitadas que excedían los límites normativos, indican desde el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).

A esto se suman deficiencias en la infraestructura pública de combate de incendios, como grifos inoperativos o con baja presión, y su ubicación a más de 100 metros del edificio, lo que dificultó una respuesta eficaz de Bomberos.

Por eso, el académico Alberto Texidó, quien es arquitecto y bombero voluntario desde el año 2000, expresó en una nota de la Casa de Bello que “los edificios de valor patrimonial se enfrentan a la necesidad de actualización normativa, especialmente en su seguridad y habitabilidad, lo cual implica fiscalización y una mirada especializada, siempre enfrentada a su calidad técnica y co-financiamiento”.

“Los tiempos de evacuación, sistemas activos y pasivos de seguridad, la accesibilidad de bomberos son parte de la norma pero con bajísimo cumplimiento en el tiempo, lo que ha quedado en evidencia y obliga seguir avanzando en una nueva ley de patrimonio, bien financiada y que fortalece equipos técnicos y recursos”, sostuvo.

Falta de protección

Sin embargo, en el mundo cultural también hubo señalamientos por la falta de prevención.

“Los especialistas del Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) deberían tener mayores recursos y poner su experticia en favor del patrimonio, tanto privado como estatal. Pero no hay plata”, resumió Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

“Tenemos un marco de protección patrimonial basado en declaratorias, pero sin herramientas de protección efectivas, debido a la obsoleta Ley de Monumentos Nacionales. Por eso urge terminar la tramitación de la Ley de Patrimonio ingresada al Congreso en 2019 y que actualmente se encuentra en el Senado”, complementó por su parte Emilio de la Cerda, exsubsecretario del Patrimonio Cultural.

Y recordó que otras obras sufrieron un destino similar, como el mural del artista mexicano Xavier Guerrero, ubicado en la bóveda del ex edificio “Hogar Hipódromo Chile”, de Enrique Gebhard y Jorge Aguirre, en Santiago, así como el mural “Principio y Fin”, de Julio Escámez, ubicado en el edificio consistorial de Chillán, tapado durante la dictadura y luego intervenido con un piso intermedio. “Hoy hay gestiones para su recuperación”, expresó.

Historia del mural

Según cuentan desde Creaimagen, la entidad que representa a los derechohabientes, el mural fue realizado con técnicas de pintura al fresco directamente sobre el muro y ocupaba un muro completo del entonces hall del edificio. El 18 de julio de 2011, fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Decreto N°253, dentro del grupo de cuatro murales antes mencionados.

El hecho que estuviese reconocido con esta protección legal impedía su alteración o destrucción sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, a pesar de estar en propiedad privada.

La destrucción completa e irreparable del mural, atenta en una serie de infracciones y delitos que se encuentran contempladas en la Ley de Propiedad intelectual 17.336. El artículo 19 de dicha ley establece que “el autor de una obra tiene el derecho irrenunciable e inalienable de conservar la integridad de su obra y de oponerse a toda de deformación, mutilación u otra modificación de ella o a toda acción que atente contra dicha integridad”.

Por lo tanto, la destrucción de la obra en las circunstancias ya conocidas, en caso de ser un hecho doloso, es un atentado directo contra la integridad de la obra, por lo tanto una infracción al articulo antes citado, señalan.

Además, se podría configurar en caso de comprobar el dolo responsabilidad penal, la misma ley de propiedad intelectual en el art, 79 y 80 así lo establecen, pudiendo sancionar con las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa.

Además de la Ley de Propiedad Intelectual, también es posible citar la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, ya que el mural fue declarado monumento histórico, teniendo con ello protección patrimonial, su destrucción constituye un delito contra el patrimonio cultural. En su artículo 38 establece que el propietario, incluso si es privado, tiene el derecho de conservar el bien declarado monumento.

Si bien la obra otorga protección legal, no se transfiere la propiedad ni se impuso una obligación al Estado de conservación directa, se efectuaron estudios técnicos el año 2019 para evaluar el deterioro que había sufrido tras años de ser el muro donde se instalaban los afiches publicitarios de cine para adultos.

El Consejo de Monumentos Nacionales realizó informe y diagnóstico del estado del mural y sugirió obras de forma urgente, emitió recomendaciones formales el año 2024 al propietario del edificio, indicando medidas para proteger el mural, debido al mal uso del inmueble, primero como cine para adultos y posteriormente como bodega lo que generó problemas estructurales. Hasta el día del incendio, no se logró ejecutar ninguna medida concreta de restauración o protección estructural.

“El Estado pudo ejecutar diversas medidas tendientes a la protección, como impulsar una política efectiva de conservación, denunciar ante tribunales la inacción del propietario por daños a un monumento nacional”, aseguran desde Creaimagen.

Versión oficial

La subsecretaria del patrimonio cultural, Carolina Pérez Dattari, señaló a El Mostrador que aún se investigan las causas del siniestro, “pero en una primera visita técnica constatamos que había acopio de material inflamable junto al mural, lo que pudo haber contribuido a la acción del fuego”.

De la Cerda además apunta a la “negligencia dolosa e inexcusable del propietario del ex cine en que se encontraba el mural, ya que nuestra legislación señala que es responsabilidad de los dueños preservar los monumentos nacionales privados. Lo anterior se agrava porque el Consejo de Monumentos había entregado protocolos de manejo del mural frente al riesgo”.

Además habló de gestiones relevantes que se realizaron en años anteriores, como los esfuerzos de la administración del ex alcalde de la comuna de Santiago Felipe Alessandri “por impulsar una alianza público privada que transformaría el ex cine, junto al mural, en un espacio cultural de vocación metropolitana”.

Sin embargo, estos esfuerzos “se esfumaron luego del estallido social de octubre de 2019, con el consiguiente deterioro del centro histórico de Santiago que se agrava a partir de esa fecha”.

Lamento oficial

“Lamentamos profundamente la pérdida de este patrimonio tan relevante en la historia del muralismo local y sobre todo de la obra de Nemesio Antúnez. Ya estamos en conversaciones con la Fundación Nemesio Antúnez y la Municipalidad de Santiago y solicitaremos al Consejo de Defensa del Estado su representación para definir las acciones legales correspondientes”, afirmó la subsecretaria.

Agregó que aunque el mural está declarado Monumento Histórico, no es de propiedad estatal, por lo que su restauración corresponde al propietario del inmueble, según establece la Ley 17.288.

Al Consejo de Monumentos Nacionales le compete evaluar y autorizar intervenciones, además de impedir legalmente su destrucción o eliminación, pero no puede decidir el uso que se le da al inmueble ni ejecutar medidas por su cuenta, destacó la autoridad.

“Es importante señalar que el Estado estuvo presente y cumplió con las atribuciones que tiene. En noviembre de 2024, el CMN entregó recomendaciones al arrendador del lugar, dado que sería usado como bodega. Se sugirió instalar una protección adecuada que permitiera la circulación del aire y se recordó que cualquier intervención debía contar con autorización previa. Estas recomendaciones no fueron implementadas ni se envió la solicitud de intervención al Consejo”, aseguró la subsecretaria.

Añadió que si se comprueba que hubo daño al Monumento Nacional, podría iniciarse un proceso penal, con sanciones que incluyen presidio menor y multas de hasta 200 UTM, y que . Cabela protección como MH aplicaba exclusivamente al muro donde estaba el mural, no al ex cine Nilo en su conjunto.

¿Falta de herramientas?

Aún así, la subsecretaria admitió que la pérdida del mural “Terremoto” evidencia que el Estado necesita más atribuciones y herramientas para cuidar el patrimonio.

“Para ir más allá de la declaratoria, es importante tener más recursos, lo que permite hacer más obras de conservación y restauración, o intervenciones de emergencia, como las que se ejecutaron en el mural “Quinchamalí”, del mismo autor.

“Es urgente también darle más herramientas legales al Estado. La ley que nos encontramos tramitando en el Senado incorpora incentivos para particulares que poseen un Monumento Histórico —como exenciones tributarias y subsidios de conservación y restauración—, y nos entrega las atribuciones de inspección y sanción por daños a bienes patrimoniales. Esto hubiese permitido, por ejemplo, poder inspeccionar el mural y, eventualmente, entregar una sanción, lo que hubiese funcionado como medida preventiva en un caso como este. Por eso es tan importante aprobar con celeridad esta ley. Así la protección patrimonial va realmente más allá del reconocimiento oficial”, expresó.

En los últimos años se han destinado recursos importantes, como los más de dos mil millones de pesos entregados en 2024 a proyectos que van desde restauraciones arquitectónicas hasta publicaciones y acciones educativas. Por ejemplo, en 2021, el CMN financió con 50 millones de pesos obras de emergencia en el mural “Quinchamalí” también de Nemesio Antúnez, ante su avanzado deterioro por filtraciones de agua desde 1990.

Nueva legislación

La nueva legislación patrimonial que hoy se discute en el Senado incorpora subsidios para privados, incentivos tributarios y sanciones más estrictas por daño patrimonial, fortaleciendo una protección más efectiva y moderna de nuestros bienes culturales.

“Hemos impulsado importantes avances en materia presupuestaria, aún cuando algunos sectores se opongan al aumento en Culturas. Esto es clave para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, la realización de trabajos de conservación y la entrega de recursos para restauración. Asimismo, es clave avanzar en la nueva legislación patrimonial que hoy se discute en el Senado. Esta propuesta incorpora subsidios para privados, incentivos tributarios y sanciones más estrictas por daño patrimonial, para fortalecer una protección más efectiva y moderna de nuestros bienes culturales”, afirmó la subseretaria.

Actualmente el proyecto se encuentra en su Segundo Trámite Constitucional radicado para su discusión en general y en particular en la Comisión de Cultura. Esto quiere decir que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, durante el último año del Presidente Piñera, y ahora, en el Senado, la comisión técnica se encuentra analizando el texto artículo por artículo. Al texto aprobado por la Cámara el ejecutivo del Presidente Gabriel Boric le presentó una indicación sustitutiva, explica el senador Luciano Cruz-Coke, integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara Alta.

“Nos encontramos en plena discusión de las indicaciones de esta actualización, modernización de la Ley de Patrimonio. Recordemos que pasamos de la Ley de Monumentos Nacionales a Ley del Patrimonio Nacional y eso dice mucho, efectivamente, con las definiciones y conceptualizaciones de lo que hoy día se entiende por patrimonio, los alcances que va a tener la proyección y sin duda los marcos normativos que van a permitir también un mayor resguardo de aquellos elementos que consideramos patrimonio de la cultura nacional. Hasta hoy había restricción al respecto y en muchos casos ya se están actualizando conceptos que más bien vayan con mayor coherencia en razón de otros cuerpos normativos también relacionados con la cultura ya sea a nivel nacional e internacional”, explica el senador Esteban Velásquez (FRVS).

La Comisión de Cultura sesiona semanalmente en paralelo a un grupo de técnicos. Está integrada, además de Cruz-Coke y Velásquez, por Ricardo Lagos Weber, Alfonso de Urresti y Sebastián Keitel.

“Hemos avanzado en acuerdos que perfeccionan el proyecto. Al ritmo que vamos, yo creo que el proyecto podrá ser despachado a la Sala del Senado en unos cuatro meses aproximadamente”, complementa Cruz-Coke.

Una vez que termine su tramitación en el Senado deberá volver a la Cámara y desde ahí, muy probablemente requiera de una Comisión Mixta.

“Honestamente, ha habido tres años de para sin mucha explicación por lo que de no mediar un esfuerzo extraordinario por parte del ejecutivo dificulto que vea la luz en esta administración. Voluntad hay de parte de los senadores que lo entendemos como prioridad. Y así mismo lo he conversado con el propio Presidente Boric”, señaló.

Principales novedades de la normativa

La normativa propuesta introduce transformaciones profundas al actual régimen patrimonial, modernizando su estructura, principios y alcance.

En primer lugar, amplía la noción de patrimonio cultural: ya no se limita a bienes materiales o monumentos, sino que incorpora manifestaciones inmateriales como conocimientos, tradiciones, lenguas y saberes, entendidos como elementos dinámicos que construyen identidad nacional.

“Destaco que el proyecto introduce incentivos económicos y tributarios para fomentar la protección del patrimonio cultural. Hay franquicias tributarias para gastos de conservación y restauración, donaciones con beneficios tributarios para proyectos patrimoniales y deducciones por inversiones en bienes patrimoniales. Aquí espero que se pueda hacer un esfuerzo aun mayor que habilite la participación de comunidades y propietarios mediante apoyos técnicos y subsidios, buscando aliviar costos de mantención y promover alianzas público-privadas en favor del patrimonio”, expresó.

“En esto creo que aun debemos hacer un esfuerzo mayor para equiparar legislación internacional en materia de incentivos y exenciones o bien aplicar un programa de emergencia como hicimos para el terremoto proponiendo un ‘matching fund’ que empataba recursos públicos con aquellos que ponín privados y permitió rescatar cerca de 400 inmuebles patrimoniales destruidos”.

En términos institucionales, se reemplaza el antiguo Consejo de Monumentos Nacionales por una nueva institucionalidad más robusta y participativa, el Consejo del Patrimonio Cultural, encargado de la definición de patrimonio, mientras que la gestión técnica y operativa de los permisos sectoriales relacionados con el patrimonio quedarán en sede del Servicio del Patrimonio, en sus direcciones regionales, lo que refuerzan el enfoque territorial.

“Huelga decir que hay elementos para reducir burocracia que importa perfeccionar y limar, que aún están en discusión y que son muy relevantes para que la “permisología” se termine”, resaltó.

Una novedad relevante es el establecimiento de un régimen de autorización previa para intervenciones, traslados o demoliciones en bienes protegidos, así como deberes explícitos de conservación para propietarios, poseedores o tenedores. Se consagra el derecho de adquisición preferente por parte del Estado para evitar la pérdida de bienes patrimoniales relevantes, y se amplían categorías de protección para abarcar no solo monumentos y zonas típicas, sino también paisajes culturales, itinerarios, patrimonio arqueológico y paleontológico, así como monumentos públicos o memoriales entre otros.

El senador Velásquez agrega que el proyecto además profundiza “el valor al patrimonio de nuestros pueblos indígenas originarios, incluido el pueblo afrodescendiente”.

“Hay una valoración en la dimensión que corresponde, reconocida por todos los sectores políticos de los pueblos indígenas, desde el norte andino chileno, Aymara, Quechua, Likanantay, y hasta nuestros pueblos Selkman y todos aquellos que involucran en la zona austral de nuestro país, incluido, por supuesto, Rapa Nui”.

Se trata, entonces, de “reconocer esta multiculturalidad que tenemos en nuestro país y que hoy va a tener un sustento legal, normativo, desde la mirada del patrimonio cultural. Y eso le da fondo a una norma que sin duda despeja toda duda a la valoración, que además se proyecta no solo en lo material, sino que en lo inmaterial, y por lo tanto eso refleja cómo somos capaces de darnos cuenta que las costumbres, tradiciones, conocimientos y por qué no prácticas de este mosaico que es nuestro país llamado Chile se refleja en cada uno de los rincones y en el reconocimiento de un cuerpo legal moderno que actualiza y coloca en valor aquello que se decía pero que no se normaba, por lo tanto en algunas ocasiones se ignoraba”.

¿Podría evitar esta ley que se repitan hechos como los ocurridos con la destrucción del mural “Terremoto” de Nemesio Antúnez?

“Ayudaría, sin duda. Tener planes de manejo y comunidades a cargo responsables de la mantención, difusión y cuidado de patrimonio con la contraprestación de mantener un acceso informado al público contra beneficios haría una diferencia mayor, en mi opinión”, afirma el senador Cruz-Coke.

El proyecto incluye expresamente los murales, obras de arte integradas a la arquitectura y otros elementos que hasta ahora quedaban más desprotegidos. Además, refuerza el deber de conservación de propietarios y poseedores y se establece también sanciones más claras frente a intervenciones no autorizadas y mecanismos de denuncia ciudadana ante el atentado al patrimonio y la ciudad, “como lamentablemente hemos visto en los centros históricos”.

Obras en peligro

Actualmente hay varios murales en proceso de recuperación con apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y del Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR), según información oficial.

En el Paso Bajo Nivel Santa Lucía, el Gobierno Regional liderará la restauración tras visitas técnicas y pruebas de limpieza realizadas por el CNCR, aunque aún no se ejecutan obras.

En San Miguel, los murales de la ex Escuela Rebeca Catalán —parte del proyecto habitacional Ciudad del Niño del del Ministerio de Vivienda y Urbanismo— serán restaurados como parte de una iniciativa que contempla un parque y 1.800 viviendas; las bases de licitación ya fueron corregidas y se espera concretar la intervención en lo que queda de este año.

En el Balneario Tupahue, tras varios proyectos de contención, el Parque Metropolitano ingresó un plan integral para restaurar la obra de María Martner y Juan O’Gorman, que será revisado en la próxima Comisión de Patrimonio Histórico.

Asimismo, el mural Quinchamalí de Nemesio Antúnez fue intervenido hace cuatro años con obras de emergencia con un presupuesto de 50 millones de pesos para detener su deterioro por filtraciones que existían desde 1990.

Finalmente, también se encuentran también en estado de riesgo los murales del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, así como el mural de la ex farmacia Maluje de Concepción, de Julio Escámez.