Opinión
La candidatura insiste en que los padres voluntariamente puedan aportar recursos para mejorar la calidad de la educación de sus hijos, volviendo, de esta forma, sobre el tema de los dineros como fundamento de derechos desiguales, lo que es interesante, porque –fiel a su actuar– reconoce la simpleza y limitación valórica del modelo neoliberal imperante.
Por Sebastián Donoso Díaz, Instituto de investigación y Desarrollo Educacional, Profesor titular de la Universidad de Talca, sdonoso@utalca.cl
Estamos ante los primeros planteamientos –algo más serios– de la contienda política presidencial y, por tanto, tenemos la esperanza de que se eleve el nivel de las ideas y propuestas, salgamos de los lugares comunes y de medidas populistas –cualquiera sea el candidato o candidata que las proponga–, para debatir temáticas de mayor relevancia e impacto.
Se esperaba, de las propuestas de Sebastián Piñera, que reflejasen un sólido diagnóstico sectorial y del país y que, por la experiencia en gestión que ya tuvo, su aporte fuese más sustantivo. Quizás es pedir mucho para un primer avance, pero no lo es si uno piensa que educación es una de las áreas que más interesan a los ciudadanos y que el gobierno que encabezara se caracterizó por la escasa capacidad de manejar la agenda educacional, liderada en su conducción por el movimiento social del año 2011. Por ende, con mayor razón debiese atender a aquello que fue una debilidad importante y manifiesta de su gestión.
En su discurso inicial y entrevistas que le sucedieron, Piñera no logra construir una «narrativa» que refleje un proyecto país en el tema educacional, un cuerpo de ideas que presente valores, dé cuenta de expectativas, plantee modos de acción inclusivos para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social. Se desprenden básicamente propuestas de corto plazo, insertas en la doctrina neoliberal, sin una visión de país como «casa de todos» y que provea mayor proyección en el tiempo. Es decir, se trató de un conjunto de medidas de política factibles de agotarse prontamente, de no mediar otras propuestas más sustantivas.
Ciertamente, el discurso de Piñera se construye desde la crítica a las reformas impulsadas por el actual Gobierno: gratuidad, fin de la selección y el copago. En sus planteamientos no hay análisis mayor de por qué surgieron estas demandas –incluso con tanta fuerza cuando él fue Presidente– sino se refiere solamente a una parte de los efectos visibles. En razón de lo cual –indicó–, mantendrá la gratuidad preescolar y escolar, descartándola para la educación superior.
Lo primero, en los hechos, no es nada nuevo (descontado el financiamiento compartido), ya que la gratuidad viene desde los inicios del siglo XX, por lo que se alinea con la historia, aunque la pregunta de fondo es qué conlleva, qué calidad deseamos de esa educación gratuita. Allí sí hay diferencias estratégicas en nuestra historia y debemos, sin duda, el empobrecimiento muy profundo de la educación nacional (privada pagada incluida) a la reforma de 1980 y la fuerte reducción de los recursos públicos para educación en toda esa década (hasta el año 90), la eliminación del rango de profesión universitaria de los profesores y otras tantas medidas de las que hicieron gala las autoridades de entonces, no solamente de una política pro privatización, que habría sido el mal menor, sino también de la incapacidad de comprender el daño que les estaban ocasionando a las siguientes generaciones –en el mediano y largo plazo–, con estas decisiones impuestas en la última década de la dictadura y sustentadas por los ministros de Educación civiles de la época.
Más tarde, en una entrevista radial, el candidato anunció: «Ningún joven se quedará fuera por falta de recursos, ninguna familia verá transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por el exceso de deudas. Creemos que hay que darles oportunidades no solo a unos pocos, como ocurre hoy día en Chile en los liceos emblemáticos». Estas promesas se encuentran en los discursos de todas las candidaturas del siglo XX en adelante y uno quisiera que fueran ciertas, pero la porfiada realidad se encarga de demostrar que no es así.
Muchos estudiantes quedan fuera en un país plagado de desigualdades sociales y territoriales y con diferencias tan marcadas en la calidad de las oportunidades, por ende, sabemos que su cumplimiento difícilmente será tal, salvo en la retórica de los discursos oficialistas y en el empeño de los cuadros políticos del Gobierno de turno, que dirán que se ha cumplido con todo, cuadrando el círculo.
Lo cierto es que sería un gran avance limitar los discursos y asumir que buscamos mejores oportunidades, pero hay diferencias tan dramáticas en Chile, que cuatro años del mejor Gobierno posible no serían suficientes para reducir significativamente las brechas y cumplir tales promesas.
En nuestro país la clase gerencial y algunas élites políticas provienen de un puñado de establecimientos escolares privados altamente elitistas, que pareciera no pueden imaginarse muy bien cómo es funcionar con otra lógica que no sea preguntar con tanta propiedad y sin recato sobre el apellido, de qué el colegio egresaste, dónde vives, en qué trabajas y, además, lo que ganas o lo que tienes. Esto es el reflejo de la desigualdad (acrítica) que hay que atacar para construir un sistema educativo de calidad para todos y al cual el diagnóstico de la candidatura de Piñera no alude.
De más está decir que este fenómeno –complejo y tan enraizado– no se cambia en cuatro años. No obstante, sí se pueden sentar las bases de su corrección en el tiempo, bases sólidas que implican oportunidades educativas ciertas y valores de vida muy profundos, aunque esto último no está en el debate de la educación, ni –pareciera– en el del candidato Piñera. Así, la colusión de los empresarios, el financiamiento ilegal de la política, el aprovechamiento de las oportunidades para el propio bien, sin medir las consecuencias sobre los demás, son «fallas administrativas», como se ha buscado minimizar el grave deterioro moral y los delitos en que han incurrido conspicuos personajes de la clase dirigente de diversos ámbitos, transversales a distintas opciones políticas:
«Mal de muchos, consuelo de tontos», eso es lo que los ciudadanos de cualquier color no debemos tolerar, materias sobre las que el candidato –al menos por mientras– no emite opinión para orientar el sistema educacional hacia una formación valórica que erradique estos problemas de raíz (se critica que los conservadores reducen los valores esencialmente a los temas de sexualidad y aborto, entonces pareciera que la delincuencia financiera no sería un antivalor).
Esto último es tema muy sensible, porque toca al corazón del modelo neoliberal. Reformular su marco valórico lo pone en riesgo, quizás porque así los ciudadanos de «a pie» podrían evidenciar que buena parte de la riqueza y su opuesto, la desigualdad del país, se han generado desde el abuso, la explotación laboral, los bajos sueldos, la desprotección salarial, pensiones indignas, etc.. Es muy peligroso que la ciudadanía lo vea, mejor es que siga creyendo que solo hay un camino, una verdad: el neoliberalismo.
[cita tipo=»destaque»]Deberíamos reconocer como un fracaso del sistema educacional chileno que hayamos generado ciudadanos insuficientemente críticos, insuficientemente autónomos, que no demanden debidamente a sus autoridades –políticas, militares empresariales, religiosas y de orden– el cumplimiento de sus deberes y que no acepten paternalismo y migajas como recompensa. Ciudadanos más pensantes y practicantes de sus derechos y deberes.[/cita]
Ahora bien, en las propuestas específicas de Piñera, cuando se habla de liceos Emblemáticos y de liceos Bicentenario, nos referimos –con suerte– al 12% de los estudiantes de Enseñanza Media. Ello no es suficiente para sentirnos orgullosos, nuestro deber es proveer educación de calidad a todos, incluso a quienes ni siquiera saben lo que es educación de calidad (no han tenido la oportunidad), por lo mismo, la selección de estudiantes no tendría sentido, salvo por aptitudes vocacionales propias para seguir una determinada opción. Más aún en un país en que la mayor parte de los resultados educativos responden al capital social de la familia y, una parte bastante menor, al establecimiento escolar.
Eso es lo que hay que cambiar y con estas opciones tan sectarias (12 % en liceos de calidad) no lo estamos haciendo bien, por lo tanto, uno esperaría propuestas que aborden el tema de la deserción, de la falta de expectativas, de la desmotivación de los estudiantes y de cómo proveer, en los hechos, una educación gratuita de calidad para cada quien.
En razón de lo anterior, enfrentar el tema de la selección de estudiantes es clave para el sistema escolar chileno. En el escenario actual es indispensable, por la garantía que representa sobre los aprendizajes de los estudiantes. Sabemos que se busca cualquier subterfugio para satanizar los procesos de no selección, porque los empresarios educativos comprenden muy bien que ello implica mayor trabajo para el establecimiento, menor ganancia, más riesgo, el que antes se lo traspasaban a la educación pública.
En consonancia con lo expuesto, «el mérito» se relaciona esencialmente con las oportunidades educativas y más aún con la cantidad y calidad de las mismas. Por ello, el mérito debe ser evaluado, junto a otras variables, para evitar distorsiones asociadas al capital económico de las familias. Las políticas compensatorias que impulsan los estados (alimentación, jornada escolar, computadores, infraestructura, etc.), buscan proveer de oportunidades –medianamente equivalentes– a la población menos dotada de capital económico. Por ende, selección de estudiantes y oportunidades educativas conforman una díada que debe ser tratada con mucho fundamento y cuidado, lo que desgraciadamente no se aborda en las propuestas desde esta perspectiva.
Consistente con la prevalencia de lo económico como organizador dominante de la vida social, se señala que en la actualidad el Estado les está diciendo a los padres que no participen, no elijan el establecimiento, no aporten recursos financieros, no se metan, «y eso es un error garrafal». Al parecer, confunden algunas cosas: 1) que los padres no aporten dinero, no implica que no sea un tema relacional entre padres y escuela; 2) ni la selección ni el pago, cuando se trata de educación gratuita, configuran derechos por sobre los que no pagan; 3) en el racional neoliberal, pagar concede derechos sobre los que no pagan, pero, en la visión de la educación pública, ello no tiene asidero; 4) tampoco debiese interpretarse que, no aportar recursos económicos familiares a la educación de sus hijos, implica un no compromiso con esta tarea por parte de los padres.
La extensión de ello podría derivar en el tema pago de impuestos: ni quienes pagan más o menos impuesto, o no pagan, gozan de derechos ciudadanos diferentes en democracia, por tanto, esta extensión solamente desvaloriza el sentido de los padres, reduciéndolos al plano de la mera transacción económica.
Una lectura diferente de esta problemática sería que a la sociedad le corresponde asumir una tarea mayor respecto de lo anterior (correctora de la desigualdad) y que nada impide a las familias reorientar los recursos que destinaban a pagar a los empresarios de la educación, teniendo ahora certeza de que estos sí van en apoyo de sus hijos y no –como en varios casos ocurrió– al lucro del empresario.
Los procesos de selección vía tómbola tienen sustento en evidencia que demuestra que son positivos en el mediano y largo plazo en diversos ámbitos educativos, desde logros de aprendizaje hasta convivencia. Tal proceder se aplica regulado por criterios como la existencia de hermanos en el establecimiento. Este tema sería irrelevante para la familia si la calidad de la educación fuera buena en todos los colegios; en razón de ello, más allá de cuestiones de proximidad geográfica, no tendría sentido esta discusión, salvo para algunos que buscan excluir a determinados postulantes o para quienes buscan el lucro. Por lo mismo, como país requerimos políticas en este plano, a saber: cómo conducir este sistema para que en su conjunto sea de calidad (y asegure equidad).
En este mismo marco, la candidatura insiste en que los padres voluntariamente puedan aportar recursos para mejorar la calidad de la educación de sus hijos, volviendo, de esta forma, sobre el tema de los dineros como fundamento de derechos desiguales, lo que es interesante, porque –fiel a su actuar– reconoce la simpleza y limitación valórica del modelo neoliberal imperante, y deja el sabor de que estas propuestas iniciales son… menos de lo que ya vimos.
