Opinión
A Sebastián Piñera le tocó el corazón de la transición en materia militar, de unas Fuerzas Armadas de trinchera a unas de ciberseguridad, y no tiene otra posibilidad que hacerla. Y no lo ha hecho mal hasta ahora, en general, pese a que la política pública ha sido más intuitiva que otra cosa. Es el pecado teórico de la derecha, no entender la función de Estado de estas. El de la izquierda es creer que solo son instrumento de dominación.
La filtración a la prensa de una grabación ilegal de un audio con la intervención del comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, en que este se dirige a un pleno de oficiales de la Guarnición de Santiago, no se sostiene como historia. Más bien parece una presión al Gobierno civil, bajo la forma de una filtración, mediante la cual el comandante en Jefe del Ejército (CJ) le dice al Gobierno –indirectamente con la filtración– “hay malestar en la tropa”.
Los ejércitos son maquinarias aceitadas y llenas de reglamentos y rutinas, donde las cosas nunca pasan tan al “acaso”, a menos que la incompetencia, falta de mando y desorden interno hayan obnubilado por completo el mando, y este ya no sea capaz de prefigurar escenarios ni controlar el consenso organizativo interno. En tal caso estamos ante una organización conspirativa ante su mando y que no cumple con los estándares de profesionalidad que el país les exige. Y no creo que sea el caso.
El CJ del Ejército dijo un conjunto de cosas muy amplias y fuera de procedimiento habitual, algunas de las cuales suenan a advertencia de insubordinación al poder civil: “Vamos a defender con dientes y muelas nuestro sistema previsional. El CJ, además dijo que los problemas que las auditorías y la justicia investigan ocurren también en las otras ramas de la Fuerzas Armadas, en una especie de pregunta quejosa de que “se nos investiga solo a nosotros”, olvidando que, según el Código de Justicia Militar (CJM), artículo 206: “La injuria y la calumnia entre militares se considerará siempre delito militar…”.
[cita tipo=»destaque»]La conclusión es que estamos frente a un acto subrepticio de insubordinación, mediante el cual la oficialidad encabezada por su mando le hace saber al Gobierno que hay disconformidad con el llamado a retiro de 21 generales, los juicios de cuentas y las investigaciones por fraude de fondos, pasajes, actividades mutuales y otras. Que están incómodos porque se sienten investigados en sus fueros profesionales y amenazados en sus prestaciones de bienestar, entre ellas, el posible cambio del sistema de previsión. Y como no existe una interfase de exposición de malestar, se hace un acto como la reunión y el discurso del CJ filtrados, que resulta fuera de todos los cánones de disciplina militar y templanza y control de su mando.[/cita]
El CJ dijo que oficiales y suboficiales estaban siendo investigados en procedimientos de compra y venta de armas de uso personal, que luego eran dadas por perdidas para poder ser vendidas al narcotráfico y al crimen organizado. Luego explicó que mencionó a los oficiales para que la tropa no se sintiera mal o discriminada. Más bien pareciera que se acordó del artículo 203 del CJM que señala lo siguiente: “Si algún Oficial, de cualquiera jerarquía que sea, cometiere un acto deshonroso para sí o para la unidad, cuerpo o repartición en que sirva, podrá ser sometido a un Tribunal de Honor para que juzgue si puede continuar en el servicio”. El Reglamento de estos tribunales, para información al ministro de Defensa, lo dicta el Presidente de la República, y el actual en vigencia data de 1947.
Asimismo, el CJ nunca explicó el carácter de la reunión por la cual se permitió reunir a 900 oficiales de la guarnición de Santiago, el carácter de su alocución y si eso solo no era una presión al Gobierno al no haber sido comunicada al ministro de Defensa.
Finalmente dijo que este, que se dio por enterado por la prensa de lo ocurrido, lo había reprendido y obligado a pedir disculpas públicas por sus expresiones poco felices.
La conclusión es que estamos frente a un acto subrepticio de insubordinación, mediante el cual la oficialidad encabezada por su mando le hace saber al Gobierno que hay disconformidad con el llamado a retiro de 21 generales, los juicios de cuentas y las investigaciones por fraude de fondos, pasajes, actividades mutuales y otras. Que están incómodos porque se sienten investigados en sus fueros profesionales y amenazados en sus prestaciones de bienestar, entre ellas, el posible cambio del sistema de previsión. Y como no existe una interfase de exposición de malestar, se hace un acto como la reunión y el discurso del CJ filtrados, que resulta fuera de todos los cánones de disciplina militar y templanza y control de su mando.
La otra explicación, con la que ha estado comulgando el país advertida o inadvertidamente, es que las cosas pasan “en buena onda” al interior de los cuarteles, los homenajes a uniformados presos en realidad son actividades deportivas, que el director defenestrado de la Escuela Militar es como el administrador de un Estadio que solo prestó la cancha, que nada sabía de lo que allí ocurriría. Que no hay malestar sino un poquito de inquietud e incertidumbre, pero normal ante los cambios que se ven o vislumbran.
El mundo político, incompetente como siempre –principalmente el Congreso– reacciona como padre ofendido en uno y otro caso, y castiga al “niño” con la mesada de inteligencia, en vez de ejercer mando.
El Gobierno, que en esta materia debiera expresar una política de Estado que nos interesa a todos los chilenos, requiere apoyo. El Ejército ha empezado a articular una táctica de la “alcachofa”, hoja por hoja, pero tarde o temprano llegará al corazón.
Falta profesionalidad civil, y esa no puede provenir sino del conjunto de la civilidad, incluida la propia participación de honorables militares en retiro. Porque el cuento del CJ del Ejército, incluso con un culpable de la filtración, en su contexto y color, tiene más de globo de sonda que de descontrol. Aunque esto último ha pasado crecientemente en toda la línea de logística y de apoyo a la fuerza, como se llama en jerga militar.
