Opinión
Vemos con buenos ojos y con mucha esperanza la realización de estos “Diálogos Ciudadanos” que sirven de instancia preliminar para levantar los desafíos que implica formular un proyecto de ley de esta naturaleza, que de alguna u otra manera afecta a todos los habitantes del país, sin importar su condición. Pero estaremos atentos a que esta iniciativa no se limite a reconocer únicamente aquello que ya existe en materia de gobernanza del cambio climático, perdiendo así la oportunidad de llevar al país una realidad institucional acorde a las exigencias y desafíos que impone el cambio climático, dando de esa forma cumplimiento cabal a los compromisos asumidos por el Estado de Chile en el plano global para abordar esta “preocupación común de la humanidad”.
El lunes 10 de diciembre, asistimos como representantes de la sociedad civil a la Intendencia Regional de Valparaíso a un encuentro llamado “Diálogos Ciudadanos: Construcción del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático”, cuyo objetivo era recoger opiniones y sugerencias que sirvan de insumo para el proceso de elaboración de la iniciativa legal, con un marcado énfasis en la gobernanza climática del país.
Como sabemos, los actuales instrumentos normativos que rigen la materia son mayoritariamente tratados internacionales ratificados por Chile, como el Acuerdo de París (2015), el fallido Protocolo de Kioto (1997), y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), acordada en la Cumbre de Río de 1992 y vigente en Chile desde el año 1995. Este instrumento establece los principios generales y el marco legal internacional de gobernanza y gestión del cambio climático, basado en el principio de colaboración entre los países. El paradigma entre países desarrollados y en desarrollo, constituye la piedra angular del sistema, estableciendo obligaciones comunes pero diferenciadas en consideración a las respectivas capacidades. De allí que los países desarrollados –que lo son precisamente porque históricamente han liberado la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero-, deben transferir capacidades, tecnologías, y financiamiento a los países más pobres, que generalmente son aquellos más vulnerables a los efectos del cambio climático. De tal forma, se materializa la declaración del cambio climático como una “preocupación común de la humanidad”.
[cita tipo=»destaque»]Mención especial para los “refugiados climáticos”, quienes no sólo enfrentan la difícil misión de migrar a territorios ajenos, sino que encima arrastran la amargura de perderlo todo. Generalmente la ciudadanía entiende el tema migratorio desde la perspectiva del extranjero que inmigra a nuestro país. No obstante, al ser Chile uno de los países más vulnerables a este fenómeno -con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad identificados por la CMNUCC (áreas costeras de baja estatura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos)–, lo más probable es que seamos los chilenos quienes necesiten emigrar hacia territorios menos vulnerables. En un contexto en que Chile ha rechazado la suscripción del Pacto Mundial de la ONU sobre la migración, sin duda que se tratará de un asunto de alta complejidad y mucha controversia[/cita]
En el plano nacional, sin embargo, la mayor parte de la regulación sobre la materia se traduce en instrumentos de carácter voluntario que no necesariamente se formalizan a través de actos administrativos, sin generar obligaciones ni efectos vinculantes. Tal es así, que los instrumentos que hoy existen en Chile para abordar los desafíos del cambio climático son principalmente planes y estrategias, como el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC, 2017-2022), y los Planes sectoriales de Adaptación (biodiversidad, pesca y acuicultura, recursos hídricos, recursos vegetacionales, energía y transportes, entre otros). Estos últimos tienen una mirada eminentemente sectorial, pues son elaborados por los respectivos sectores, generando una brecha operacional que impide llevar a cabo una gestión integral del cambio climático.
El origen de la iniciativa legal que hoy día está embarcada en este proceso de participación ciudadana a lo largo del país, se encuentra en la recomendación realizada por la OCDE en el año 2016, en el marco de la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental, que menciona como principal desafío para la gobernanza “seguir perfeccionando los acuerdos institucionales de integración de políticas sobre cambio climático en las actividades gubernamentales” y advierte que actualmente la implementación depende de la participación voluntaria de los organismos involucrados.
A partir de ello, el principal objetivo de la Ley Marco -como bien lo dice su nombre-, será establecer el marco legal e institucional para el Cambio Climático en Chile, mediante la distribución de competencias y responsabilidades a las distintas reparticiones de la Administración Pública. No obstante que hoy existe una institucionalidad “informal”, definida en distintos instrumentos de gestión del cambio climático como el PANCC, el desafío que aquí se advierte será establecer una institucionalidad que gobierne de manera eficiente y eficaz, en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), en forma sistémica e integral, incluyendo, por cierto, el rol clave que en esta materia ejerce la academia, la sociedad civil y las comunidades locales e indígenas, especialmente costeras.
Si bien hoy existe una institucionalidad ambiental a nivel nacional compuesta por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), -que cuenta con las competencias expresas en cuanto a la definición de la política pública en materia de cambio climático-, y órganos pluripersonales de carácter político y ciudadano, como son el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Consejo Consultivo del MMA, la Comisión Asesora Presidencial de Cambio Climático, y el Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático. Estos órganos no necesariamente cuentan con las capacidades, herramientas, experiencia y enfoques necesarios para abordar de manera eficiente y oportuna los desafíos que impone el cambio climático. Por ello, resulta fundamental que el proyecto de ley considere la creación de instancias ad hoc que permitan al Estado asumir eficazmente los compromisos que ha adquirido a nivel internacional, y materializarlos en medidas concretas de mitigación y adaptación, que sean de carácter vinculante y exigible a todos los actores involucrados.
Particularmente, se torna crucial incorporar en forma permanente el conocimiento científico que pueden aportar los miembros de la academia y de la sociedad civil que se han dedicado a investigar y proponer soluciones para mejorar la política pública del cambio climático. En este sentido, es de esperar que aquel compromiso presidencial manifestado en el programa de gobierno (2018-2022), de crear un Comité Científico del Cambio Climático, cuente con los recursos y capacidades necesarios para informar constantemente la toma de decisiones en la materia, en forma vinculante.
Por su parte, a nivel subnacional existen grandes desafíos como formalizar y estandarizar la composición de los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), que involucren no sólo a los SEREMI sectoriales, sino también a los representantes de municipios que tengan interés en participar en dicha instancia, quienes cumplen un rol fundamental en cuanto a conectar la realidad local de los territorios, con sus circunstancias y características especiales, en la toma de decisiones que les afectan. Asimismo, resulta clave incorporar en la gobernanza climática una instancia local con el fin de involucrar a la ciudadanía, y muy particularmente a aquellos sectores más vulnerables al cambio climático como son las comunidades costeras, pescadores artesanales, comunidades indígenas.
Mención especial para los “refugiados climáticos”, quienes no sólo enfrentan la difícil misión de migrar a territorios ajenos, sino que encima arrastran la amargura de perderlo todo. Generalmente la ciudadanía entiende el tema migratorio desde la perspectiva del extranjero que inmigra a nuestro país. No obstante, al ser Chile uno de los países más vulnerables a este fenómeno -con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad identificados por la CMNUCC (áreas costeras de baja estatura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos)–, lo más probable es que seamos los chilenos quienes necesiten emigrar hacia territorios menos vulnerables. En un contexto en que Chile ha rechazado la suscripción del Pacto Mundial de la ONU sobre la migración, sin duda que se tratará de un asunto de alta complejidad y mucha controversia.
Para lograr una adecuada participación de todos los sectores, el Estado deberá no sólo proporcionar la información necesaria sino también elaborar directrices y coordinar los distintos grupos que se conformen al respecto. De tal forma, se producirá un flujo bidireccional que mantendrá a la ciudadanía activa, partícipe y ocupada en la gestión del cambio climático, especialmente en áreas tan sensibles como la prevención de riesgos de desastres por eventos climáticos extremos (incendios, aluviones, etc.).
Dicho lo anterior, vemos con buenos ojos y con mucha esperanza la realización de estos “Diálogos Ciudadanos” que sirven de instancia preliminar para levantar los desafíos que implica formular un proyecto de ley de esta naturaleza, que de alguna u otra manera afecta a todos los habitantes del país, sin importar su condición. Pero estaremos atentos a que esta iniciativa no se limite a reconocer únicamente aquello que ya existe en materia de gobernanza del cambio climático, perdiendo así la oportunidad de llevar al país una realidad institucional acorde a las exigencias y desafíos que impone el cambio climático, dando de esa forma cumplimiento cabal a los compromisos asumidos por el Estado de Chile en el plano global para abordar esta “preocupación común de la humanidad”. Esperemos que la COP 25 que se desarrollará en nuestro país a fines del 2019, sirva de inyección para canalizar la formación de este proyecto de Ley Marco de Cambio Climático de una manera robusta, eficaz, y acorde a los desafíos que impone este fenómeno global, que termine permeando al resto de los países de la región que aún no cuentan con una ley de esta naturaleza.
