Tratándose del agua, acudamos primero a la experiencia y luego a la razón

El actual Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha anunciado que esta semana dejará enviada al Parlamento una indicación sustitutiva a la reforma del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que cambiaba los derechos de agua a concesiones por 30 años. La idea es que, según el ministro de Obras Púbicas, Juan Fontaine, “tiene que haber plena confianza que el dueño va a seguir siendo dueño”. Esta indicación sería muy aceptable si se tratase de una indicación hecha bajo los siguientes aspectos:

a) Que el país estuviera en una situación claramente mayoritaria en su territorio, referida a que las ofertas de agua superen a las demandas y, por ende, este factor productivo que es el agua, poseyera una amplia disponibilidad espacial y temporal. Pero los porfiados hechos muestran lo contrario y en la actualidad incluso existe distribución de agua en camiones aljibes a la población rural en regiones como los Ríos y Los Lagos, donde las precipitaciones más que superan la media del país.

b) Que no hubiese indicios de cambios futuros en las ofertas de agua por efectos de cambio o variabilidad climática. Pero cada vez se encuentran más elementos que dan cuenta de escenarios de incertidumbre climática, bajo los cuales es muy poco lo que se puede predecir de aquí a 50 años, excepción hecha de que las ofertas disminuirán en tiempo y en disponibilidad espacial.

c) Que la economía chilena no dependiese tan fuertemente de la explotación de recursos naturales en donde el agua es un factor productivo de primer orden. Y esto desde la perspectiva de sectores clave como el minero, el agrícola, el forestal, el turismo o la industria. De hecho, se señala que existe un acople entre crecimiento económico del país y consumo de agua (del año 1990 a la fecha, el PIB ha crecido alrededor de tres veces y en la misma proporción ha subido el consumo de agua). Por tanto, surge la pregunta: ¿tendremos el agua suficiente para mantener un modelo de estas características bajo esquemas de mercado y sin considerar la oferta física de agua que ya empieza a mermar?

d) Que no existiese una amenaza directa a la mantención de los equilibrios ecosistémicos, producto de un incremento excesivo en los consumos de agua, como lo demuestra la Región de Coquimbo, en donde los pozos muestran caídas de su productividad que son explicadas muy significativamente por un sobreuso de las aguas subterráneas. Este hecho demuestra escasa conciencia ambiental, por una parte, y desconocimiento acerca de cómo funcionan nuestros ecosistemas, por otra. Por tanto, estos consumos incrementales, producto de decisiones de privados amparados en criterios económicos, no necesariamente se cruzan con el bien común o con la necesaria mantención ecológica y sostenible de los ecosistemas, con todo lo que ello puede implicar a futuro en escenarios de incertidumbre.

e) Que no hubiese indicios de conflicto entre el uso doméstico y los usos productivos, y siempre se hubiese verificado que el derecho a la sed está siempre salvaguardado de diversas formas. Pero cuando nuevamente los hechos dicen que eso no ocurre, sobre todo cuando se considera que está en juego el agua que es vital para la supervivencia humana, entonces el escenario es crítico y pareciera que el Estado debiese reaccionar de otra manera, porque está en juego el agua para la bebida en su expresión más básica y elemental como derecho humano.

En este plano y considerando los cinco aspectos planteados, no parece lógico entregar un bien nacional de uso púbico a un privado ad eternum, si no se tiene claridad acerca de qué depara el futuro en esta relación entre las ofertas y las demandas de agua y en donde el Estado debiese jugar un rol más determinante y asegurador de las ofertas para una sociedad sustentable. Y vale la pena recordar la frase atribuida a Da Vinci: «Tratándose del agua, acudamos primero a la experiencia y luego a la razón». Y al parecer la experiencia nos habla de otra cosa.