Entre sus propuestas, el parlamentario plantea reducir el número de integrantes del TC pasando a 5 ó 7 desde los 10 que son actualmente. Asimismo, busca elevar los requisitos para los integrantes y establece como causal de inhabilidad el que hayan ejercido cargos parlamentarios o en el Poder Ejecutivo en los últimos dos años, para evitar los “premios a los servicios políticos prestados”. Asimismo, sugiere que se restrinjan materias de su competencia. “El TC se usa como un ‘punching ball’ y debemos darle seriedad, necesitamos un TC cuya legitimidad sea indiscutible”, dijo. [ACTUALIZADA]
“La verdad es que el Tribunal Constitucional se usa como un punching ball, de un lado para otro. Y debemos darle seriedad, se está debilitando por la forma en que se usa. No puede ser para cobrar favores políticos”. Estas son las palabras del senador Manuel José Ossandón (RN), quien presentará en marzo al Presidente Sebastián Piñera una propuesta de reforma al TC que viene trabajando desde hace algunos meses con su equipo.
“Necesitamos un TC que nos dé tranquilidad, donde no se cobren favores políticos y cuya legitimidad sea indiscutible”, apuntó el senador en Twitter.
Según Ossandón, “el principal problema que enfrenta hoy el tribunal es de legitimidad, y eso depende en parte importante de su integración. Cuando esta obedece a criterios políticos, cada facción política que se vea derrotada en un control de normas apuntará a que los ministros de mayoría son fieles simpatizantes de la facción triunfadora. Aunque este alegato puede existir siempre, adquiere mayor relevancia cuando los integrantes del tribunal carecen del debido prestigio como juristas”.
Otra medida es que se promoverá que el TC, para “mejorar la calidad, eficiencia y certeza de sus fallos”, reduzca sus ministros a un número impar. El parlamentario propone cinco o siete integrantes, cuando actualmente son diez.
Igualmente, respecto de los ministros, plantea que los candidatos deban contar con publicaciones en el área del derecho constitucional y, además, que se exija que no deben haber ejercido cargos parlamentarios o en el Poder Ejecutivo en los últimos dos años, para evitar lo que puede interpretarse como un “premio a los servicios políticos prestados”.
En cuanto al nombramiento, sugiere un proceso similar al utilizado para nombrar ministros externos de la Corte Suprema, donde participen el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Luego, la Corte Suprema debe elaborar una quina para el Presidente de la República, quien debe proponer un nombre para ser aprobado por 4/7 del Senado.
Otra de las propuestas es limitar qué tipo de materias, leyes y decretos son susceptibles de ser controlados por el TC. Propone, por ejemplo, la idea de buscar un mecanismo que evite que legisladores promuevan proyectos cuya inconstitucionalidad “sea evidente”.
“El ejemplo actual es la ‘Ley Machuca’ planteada por la oposición. Todo el mundo sabe que eso no pasaría jamás el TC, pero los parlamentarios igual usan la institucionalidad para hacerse famosos con leyes que saben que no van a superar el control. Pierden tiempo y recursos a costa del desprestigio del tribunal”, señala el parlamentario.
