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Violaciones correctivas: el crimen lesbofóbico que supera al sistema judicial BRAGA

Violaciones correctivas: el crimen lesbofóbico que supera al sistema judicial

Macarena Segovia
Por : Macarena Segovia Periodista El Mostrador
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El viernes 15 de febrero, la jueza de garantía de San Bernardo decidió no cerrar una causa por violación denunciada por una joven lesbiana en contra de su tío, pese a que el Ministerio Público había determinado anteriormente que no existían los antecedentes para que se constituyera el delito. El caso es uno más de una lista de violaciones correctivas sufridas por lesbianas en todo el mundo, concepto que se usa cuando un hombre abusa sexualmente para «corregir» la opción sexual de las mujeres por las mujeres. Un crimen de odio que según las agrupaciones lesbofeministas aún no es reconocido en la sociedad chilena ni en su sistema judicial.


A Carolina Torres (24) la golpearon con un palo, en el suelo y directo en su cabeza. Una brutal golpiza que le fracturó el cráneo y le provocó una hemorragia interna que la tiene grave, internada en la Posta Central. Carolina es lesbiana, y fue agredida por dos hombres, debido a su orientación sexual, cuando caminaba de la mano junto a su pareja en la comuna de Pudahuel.

Su caso ha abierto una nueva arista respecto de la violencia de género, en específico en contra de las mujeres lesbianas. Una de las formas más brutales de violencia en contra de las mujeres lesbianas es la llamada violación correctiva, concepto utilizado para definir la violación a una lesbiana por parte de un hombre que intenta “corregir” su homosexualidad, obligándola a probar el sexo con él, o ellos.

Han habido casos brutales, como en Sudáfrica en el 2009, cuando una joven murió tras ser apuñalada en su cara y violada por una turba de hombres que intentaban probarle que no le podían gustar las mujeres. O en el año 2015, en Perú, cuando una joven lesboactivista, de 21 años, denunció a su hermana que la amenazaba con que la iba a “mandar a violar” para que fuera mujer. En casi todos los casos existe una conclusión: la justicia no da el ancho ante estos crímenes de odio.

Chile no está lejos de esta realidad. El viernes 15 de febrero, María José Moreno, jueza de garantía de San Bernardo, decidió no cerrar una causa por violación correctiva denunciada por una joven de 22 años en contra de su tío. Anteriormente la Fiscalía de San Bernardo había determinado que no existían los antecedentes necesarios para que se constituyera el delito de violación.

Carmen estaba en la universidad, tenía 20 años cuando se fue a vivir a casa de sus tíos, debido a la precaria situación económica en su hogar. La relación era buena, querendona con su tía y de una gran admiración paternal hacia su tío. Carmen es lesbianaz y gran parte de su familia, incluidos sus tíos, lo sabían, pero pasado unos meses de convivencia empezó a recibir cuestionamientos respecto de su orientación sexual. Su tío ponía en duda que fuera lesbiana.

Según narra en la denuncia, él comenzó a ofrecerle “su juguete”, refiriéndose a su pene, para “que puedas disfrutar y conocer lo que es un hombre”, le repetía con insistencia. Al tiempo después la obligó a tener relaciones sexuales, hecho que se reiteró en diversas ocasiones, y hasta fuera de su hogar.

[cita tipo=»destaque»] La agresión homofóbica a Carolina Torres ha abierto una nueva arista respecto de la violencia de género, en específico en contra de las mujeres lesbianas. Una de las formas más brutales de violencia en contra de las mujeres lesbianas es la llamada violación correctiva, concepto utilizado para definir la violación a una lesbiana por parte de un hombre que intenta “corregir” su homosexualidad, obligándola a probar el sexo con él, o ellos. Han habido casos brutales, como en Sudáfrica en el 2009, cuando una joven murió tras ser apuñalada en su cara y violada por una turba de hombres que intentaban probarle que no le podían gustar las mujeres. O en el año 2015, en Perú, cuando una joven lesboactivista, de 21 años, denunció a su hermana que la amenazaba con que la iba a “mandar a violar” para que fuera mujer.[/cita]

Su tío, le advertía que él le entregaría más dinero si continuaba “jugando con su juguete”, mientras la joven dependía económicamente de él, ya que su madre se encontraba cesante y viviendo de allegada en casa de otro familiar.

Así vivió más de un año Carmen (su nombre no es real), ya que la joven temía hacer pública su historia, tanto así que tardó dos años en denunciar a su tío a la justicia. Hasta que lo hizo en agosto de 2018, luego de haberle relatado los hechos a su psicólogo, una amiga y a su pareja, quienes la convencieron de que había sufrido agresiones sexuales por su orientación sexual.

La Fiscalía Occidente tomó su caso, en específico la fiscala Loreto Gallardo de San Bernardo. La joven fue citada a declarar en septiembre del año pasado. Transcurrido menos de un mes, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa ante el Tribunal de San Bernardo. Según la fiscala no había elementos constitutivos del delito de violación.

“Desde julio de 2017 a febrero de 2018, la víctima mayor de edad se encontraba viviendo (…) junto al esposo de su tía, el imputado E.B., lugar en el que este le instó repetidamente a realizarle tocaciones en su pene y a mantener relaciones sexuales vaginales y anales, no denunciando los hechos, porque vivía en su casa y no tenía donde ir”, detalló la fiscala ante María José Moreno, jueza de garantía de San Bernardo.

En este caso, a juicio del Ministerio Público, “no existen elementos comisivos del artículo 361 del Código Penal”, que establece las condiciones para los casos constitutivos de violación, y sus condiciones. Pero en la audiencia del viernes 15 de febrero, la jueza Moreno determinó que el caso es una investigación incipiente que da espacio “a que sea o no sea delito”, por lo que decidió no sobreseer la causa.

Desde la Fiscalía de la Región Metropolitana Occidente explican que estaba poco claro en un inicio el cómo y por qué de la denuncia de la joven. Aseguran que esta fue presentada por acto de estupro, que para mayores de 18 años implica el consentimiento, y que ella habría denunciado actos con consentimiento, debido a su dependencia económica y su relación familiar.

Agregan que es recién en la querella presentada por la abogada Millán -en febrero de 2019- que se habla de violación. Pero en la declaración de la joven ante la Fiscalía, que data de agosto de 2018, ella habla directamente de violación, y grafica la forma en que fue forzada a mantener relaciones sexuales por su tío.

Según la abogada de la joven, Francisca Millán, el caso de Carmen deja en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres lesbianas sometidas a violación correctiva, además de la “ineficiencia” en la preparación de los fiscales y fiscalas ante casos de violencia de género. “Este es un crimen de odio”, detalla la abogada del estudio ALM Defensa de Mujeres.

“En este caso lo que sucedió -que al parecer es costumbre- es que reciben la causa, y solo se quedan con la versión de la víctima, sin hacer más diligencias. Y si no tienen pruebas evidentes, dan por sobreseído el caso”, afima Millán. También señala que “si bien siempre vamos a valorar la importancia de la denuncia, no sirven de nada las políticas públicas como la campaña ‘No lo dejes pasar’, si esta va a ser la respuesta que van a tener las mujeres”.

Finalmente, destaca que para el sistema judicial chileno, “la violencia de género no es delito, y la violencia sexual pasa a ser un problema entre privados y no de relevancia pública”. Destaca que la violación correctiva es reconocida en el Derecho Internacional de DD.HH, pero que en pocos países está calificada. “El trasfondo es que no solo es un delito sexual, sino que se conjuga como un delito de odio”.

Las lesbianas son las últimas en la fila

Éste no es el único caso de violación correctiva que se ha detectado en el último año en Chile. El 22 de enero. la agrupación de lesbianas Rompiendo el Silencio dio a conocer el caso de una joven de 14 años que denunció ser golpeada y violada por su padrastro, con el fin de corregir su homosexualidad. En el año 2016, la joven lesbiana Nicole Saavedra (23) fue secuestrada, torturada, violada y asesinada en Limache, un caso que aún no ha sido resuelto.

En las páginas de ayuda LGTBQ, y hasta en Twitter, abundan las historias de violaciones correctivas. Lesbianas que relatan cómo sus tíos, padres, hermanos y amigos abusan de ellas y las violan con el fin de darles de “probar lo que es un hombre” y “corregir” su lesbianismo.

Según el estudio “Ser lesbiana en Chile” de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, el 75% de las mujeres encuestadas declaró haber sido acosada por su orientación sexual. Del 33% que declaró haber buscado ayuda mental, más del 40% asegura haber asistido “obligada”.

En Perú, el informe “Estado de Violencia” de la agrupación No Tengo Miedo estableció que los principales perpetradores de violencia en contra de las lesbianas son familiares (43%), seguidos por “terceros” (26,7%) y agentes del orden (15,1%). En cuanto a los lugares donde más son violentadas las lesbianas, el hogar es el más recurrente, con un 41,9%, seguido por el espacio público (29,1%) y las instituciones educativas(16,3%).

“Esto significa que los familiares, al momento de reprimir la sexualidad de las lesbianas, atentan contra su vida por medio de amenazas a su integridad física, golpes y amenazas de violencia sexual”, detalla el informe, que explica que “para corregir o curarla, se utiliza el control emocional, económico e incluso la amenaza de violencia sexual y muerte».

Erika Montecinos, coordinadora de Rompiendo el Silencio, afirma que las mujeres lesbianas son las últimas de la fila: “En el caso de mujeres lesbianas que denuncian agresión, que han sido violentadas y hasta asesinadas, siempre se pide sobreseer, o no se encuentran los culpables”.

La activista destaca que la “justicia no está preparada para afrontar estos casos y las violaciones correctivas son invisibilizadas. Esto en Chile no es nuevo, ha sido desde siempre, lo que pasa es que no se conoce, la justicia no sabe cómo tipificar”.

Montecinos asegura que la carga social que tiene el reconocerse como lesbiana “es muy fuerte”, ya que parte por reconocerse de una minoría, en este caso sexual, pero además siendo mujer, “los hombres ya cuentan con su piso de privilegios”, sentencia.

Finalmente, sostiene que “antes las lesbianas casi normalizábamos la violación, pero hoy, gracias al movimiento feminista, no tenemos miedo”.

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