Opinión
La educación sexual forma parte de una educación de calidad; si queremos avanzar en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, equitativa y con mejores niveles de calidad de vida, necesitamos desarrollar políticas públicas integrales, sin “culpabilizar” a las personas por la carencia de una política pública que aborde una cuestión tan central como la sexualidad y la afectividad. Es decir, individualizar las “culpas” es no hacerse cargo de las falencias estructurales de nuestros actuales sistemas de salud y educación.
El pasado 14 de febrero, el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, anunció la situación de los casos de VIH-Sida en nuestro país. Según cifras del Instituto de Salud Pública (ISP), entre enero y diciembre de 2018 se registraron 6.948 nuevos casos de VIH-Sida, lo que evidencia un aumento de 1.132 casos en comparación con los registros del 2017.
Estos son los “datos duros”, que tanto se requieren para diagnosticar cuestiones socialmente relevantes. El problema es cómo se presenta dicha información, pues el titular de la cartera de salud señaló: “Cuando uno desagrega esta cifra, puede encontrar que la mayor parte de estos pacientes, son pacientes extranjeros. Es decir, los que se incrementaron este año son, en mayor parte, pacientes que vinieron con VIH. Sobre eso, lo que a nosotros nos corresponde como Minsal es focalizar nuestra estrategia, generar nuevas estrategias complementarias para ir a identificar esas poblaciones”. Además, en una entrevista radial, agregó que uno de los elementos para explicar el aumento de VIH en el país es que “cuando aparece la píldora del día después ya no usan condón para evitar el embarazo. Entonces, todos estos elementos contribuyeron, y esto por mucho tiempo se fue invisibilizando y hoy en día tenemos estos resultados”.
Las palabras del ministro Santelices son preocupantes para todas aquellas personas que trabajamos directa o indirectamente en el sistema educativo, pues de manera irresponsable e insidiosa tratan de reforzar algunas ideas prejuiciosas y estigmatizadoras respecto de dos grupos de especial protección: migrantes y mujeres. Este discurso se condice, además, con una política antiinmigrante y discriminatoria del actual Gobierno, que se suma a la estrategia de presentación de cifras, muy propia de la actual administración, que solo desvía el foco del problema, el que se deriva de responsabilidades ministeriales. Los dichos y explicaciones del ministro se centraron en culpar a la población migrante, en vez de plantear propuestas que apuntasen al diseño de estrategias que aborden una educación sexual más efectiva desde la promoción, como así también preventiva. La forma en que el ministro de Salud presenta las cifras es una manifestación más de esta política migratoria del actual Gobierno.
[cita tipo=»destaque»]Las palabras del ministro Santelices son preocupantes para todas aquellas personas que trabajamos directa o indirectamente en el sistema educativo, pues de manera irresponsable e insidiosa tratan de reforzar algunas ideas prejuiciosas y estigmatizadoras respecto de dos grupos de especial protección: migrantes y mujeres. Este discurso se condice, además, con una política antiinmigrante y discriminatoria del actual Gobierno, que se suma a la estrategia de presentación de cifras, muy propia de la actual administración, que solo desvía el foco del problema, el que se deriva de responsabilidades ministeriales. Los dichos y explicaciones del ministro se centraron en culpar a la población migrante, en vez de plantear propuestas que apuntasen al diseño de estrategias que aborden una educación sexual más efectiva desde la promoción, como así también preventiva. La forma en que el ministro de Salud presenta las cifras es una manifestación más de esta política migratoria del actual Gobierno.[/cita]
Por un lado, refuerza una idea que se ha instalado en una parte de la población en Chile: que la migración es perjudicial para nuestro país, pues las personas migrantes “traen enfermedades” y “se aprovechan” de nuestro sistema social de salud. Este argumento, por lo demás, ha sido muy utilizado en diferentes momentos y espacios contra la población migrante, demostrando con esa ubicuidad lo artificiosa que es la afirmación. Sin ir muy lejos, ni en tiempo ni en kilómetros, se culpó a los migrantes bolivianos de transportar el dengue por la frontera, en la Argentina del menemismo, y actualmente se suscita un debate emparentado en el país vecino, acerca del supuesto aprovechamiento del sistema de salud por parte del mismo grupo de migrantes, lo que por otra parte muestra un creciente discurso xenófobo a escala regional, que se vale de este argumento sanitario, entre otros. Incluso sin salir de nuestro país, antes se culpó a los migrantes de aumentar la cifra de tuberculosis, o de reactivar la lepra. En definitiva, transformar al migrante en portador de pestes es una estrategia tan vieja y usada como dudosa.
Por otro lado, de manera implícita, las palabras del ministro nos sugieren que las mujeres se han preocupado de prevenir los embarazos, pero no las enfermedades de transmisión sexual. De este modo, la responsabilidad del aumento de las cifras de VIH sería principalmente de ellas.
El ministro de Salud, con sus dichos, refuerza un discurso xenófobo y sexista, pero además desconoce la realidad de las políticas públicas, tanto en el ámbito de su cartera como en el de educación.
En Chile, las campañas públicas de prevención de enfermedades de transmisión sexual que el MINSAL ha desarrollado han sido poco exitosas, entre otras razones, por su fuerte tinte moral y por no vincularse con las reales prácticas sexuales de la población, careciendo de una campaña dirigida específicamente al mundo juvenil, que es un grupo en el que se han incrementado los casos de VIH-Sida.
Desde el campo de la educación, los Objetivos de Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares establecen metas de carácter comprensivo y general para la educación escolar, referidas al desarrollo personal, intelectual, moral y social de las y los estudiantes. Así, en la dimensión afectiva, se plantea “comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano desarrollo sexual”. Sin embargo, según el análisis de la inclusión de la educación en derechos humanos en el currículum escolar, que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile el 2015, solo hay una incorporación directa de temas de sexualidad en dos objetivos de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en séptimo básico y en segundo medio. Asimismo, no se reconocen los derechos de las personas migrantes en ningún objetivo de aprendizaje explícito, y tampoco hay alusiones a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, o la corresponsabilidad doméstica y de crianza.
En consecuencia, una educación sexual con enfoque de derechos humanos e intercultural debiera referirse a derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos seguros y planificación familiar, riesgos de embarazo precoz, prevención y tratamiento del SIDA y de las ETS, diferencias culturales en las formas de concebir y experimentar la sexualidad, entre otros temas. Dichas temáticas se deben abordar de manera integral, sin estigmatizar a ningún grupo de personas y promoviendo una cultura respetuosa de la dignidad de todas ellas. Es por ello que las palabras del ministro Santelices resultan de tal gravedad, pues de manera simplista y unicausal argumentó que las cifras del VIH se debían a la llegada de personas migrantes y a las mujeres que no se cuidan.
La educación sexual forma parte de una educación de calidad; si queremos avanzar en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, equitativa y con mejores niveles de calidad de vida, necesitamos desarrollar políticas públicas integrales, sin “culpabilizar” a las personas por la carencia de una política pública que aborde una cuestión tan central como la sexualidad y la afectividad. Es decir, individualizar las “culpas” es no hacerse cargo de las falencias estructurales de nuestros actuales sistemas de salud y educación.
Ser un país intercultural, es decir, una sociedad que respete, valore e incorpore realmente la diversidad, es un esfuerzo que se debe impulsar desde diversos sectores de la sociedad, pero el rol de Estado es crucial, por su obligación de desarrollar políticas respetuosas de los derechos humanos, promover un trato igualitario, sin discriminar ni estigmatizar a ninguna persona por su nacionalidad, origen étnico, género, sexo, edad, o cualquier otra condición.
