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Según el informe presentado por el Movilh sobre la situación de las personas LGTBI las golpizas,las torturas y robos policiales fueron la categoría de discriminación donde más incrementaron los atropellos, con un 1500% más que el año precedente, seguida por la marginación o intentos de exclusión institucional, los abusos en el sistema educacional los asesinatos , la denegación de derechos en espacios públicos o privados, las movilizaciones o campañas contra sus derechos y las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles.
Este miércoles el Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH) entregó los resultados de su informe anual sobre la situación de Derechos Humanos de la población LGTBI en Chile, constatando un importante aumento del 44% respecto del año anterior, 2017.
Los 698 atropellos del 2018 contra la población LGBTI se dividen en 3 asesinatos; 58 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas; 16 casos de abusos policiales; 28 hechos de discriminación laboral; 37 episodios de exclusión educacional; 102 movilizaciones o campañas homo/transfóbicas; 271 situaciones de marginación institucional; 17 denegaciones de derechos en espacios públicos o privados; 72 actos de violencia comunitaria (familiares, vecinos, amigos, conocidos), 92 declaraciones de odio y 2 abusos en el terreno de la cultura, los medios o el espectáculo.
Según el documento presentado hoy las golpizas, torturas y robos policiales fueron la categoría de discriminación donde más incrementaron los atropellos, con un 1500% más que el año precedente, seguida por la marginación o intentos de exclusión institucional (+613%), los abusos en el sistema educacional (+85%), los asesinatos (+50%), la denegación de derechos en espacios públicos o privados (+54%,), las movilizaciones o campañas contra los derechos LGBTI (+32%.) y las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles (+3,6).
“Los principales aumentos se dieron en áreas administradas por el Estado (policías, instituciones públicas, educación), justamente donde los agentes públicos debiesen garantizar la integridad de las personas. Por el contrario, el Estado se relajó frente a los abusos cometidos en sus dependencias y por sus funcionarios y fue totalmente indiferente a los atropellos ocurridos en otros campos, a tal nivel, que no hubo condena a ningún abuso o torturas de policías o gendarmes, ni tampoco asistencia a las víctimas. Tampoco existió reproche público por parte del Poder Político contra los asesinatos o agresiones físicas padecidas por personas inocentes, lo cual implica un retroceso y olvido de todo lo aprendido tras la muerte de Daniel Zamudio en 2012, dándose una negativa señal de impunidad a favor de los victimarios y potenciándose la victimización secundaria, que, queriéndolo o no, a su vez refuerza y valida de manera indirecta la ocurrencia de violencias en áreas ajenas al aparato estatal”, destaca el informe.
