Inversión y desarrollo económico local

La cuestión de la reactivación de la economía ocupa un lugar relevante en el debate político actual. En la misma medida que retrocede lo político, una agigantada agenda pro inversión abandona el ámbito de la economía para adquirir una especie de estatus moral que define a buenos y malos. Y como es propio de ese tipo de situaciones, mientras avanzan desde arriba las medidas concretas, el debate pierde profundidad, se vuelve monótono y escasamente útil.

Apenas se supo el triunfo de Sebastián Piñera en las últimas elecciones presidenciales, se produjo una reactivación importante de la inversión. La promesa que acompañó ese incremento era la recuperación de la senda del crecimiento económico, después de un término de gobierno de la Nueva Mayoría a la baja.

La inversión comenzó a crecer, claramente, pero a poco andar las propias autoridades del área económica debieron salir a contener las expectativas de los empresarios, ante una evidente baja en las posibilidades reales de crecimiento. El 2018 marcó una mejoría, pero en las primeras semanas de 2019, un tono más bien conservador se apoderó del discurso oficial, que vaticinó cifras menores para el presente año. Junto a ello, varias voces influyentes en la economía mundial han anunciado tiempos peores a partir de 2020.

Para quienes estamos a cargo de un gobierno local como Valparaíso y vemos en terreno las consecuencias del desempleo y los déficits de desarrollo económico local, los pronósticos vienen acompañados de preocupaciones. Lo que requerimos es un incremento de la inversión que se acompañe de una mejoría en la productividad y el crecimiento, y se refleje realmente en un aumento del empleo y los niveles de bienestar de la comunidad.

Entonces, ¿interesa un crecimiento de la inversión? Sí, por cierto, pero interesa principalmente una reactivación de la economía de amplios beneficios para toda la población, realizada a partir de proyectos serios, viables, responsables.

El caso del Mall Barón es un claro ejemplo. Fueron más de diez años de congelamiento de uno de los paños más valiosos de la ciudad, hasta que la Corte Suprema declaró ilegal un proyecto que la ciudadanía sabía, desde mucho antes, que no traería beneficios reales. El resultado era previsible: el Estado perdió una gran suma de dinero y la ciudad asistió a un retraso de una década en el diseño urbanístico de una importante porción del borde costero.

La realidad es que proyectos como esos no son en verdad alternativas de inversión, no activan la economía local, no construyen empleo, gastan altas sumas de dinero en maniobras comunicacionales, reciben fondos del Estado y profundizan la especulación inmobiliaria. Entonces, una vez más, ¿nos interesa la inversión? Claro que sí. Nos interesa aquella inversión que traiga réditos efectivos para la ciudad y su gente, que genere empleo, que produzca riqueza y no incremente la desigualdad. Si decir esto, si exigirlo junto a la comunidad implica recibir las críticas de las miradas obtusas, habrá que resistirlo.

Ayer mismo, por ejemplo, se me atribuía por parte de un senador de derecha, la fantasiosa capacidad de impedir el desarrollo económico de Valparaíso. La falacia de esa campaña política de daño de imagen es doble, me atribuye una intención antiinversión que no tengo (están a la vista los múltiples esfuerzos que hemos realizado en ese aspecto), pero sobre todo, y esto es lo interesante, supone que una alcaldía cuenta a este respecto con atributos con los que en verdad no cuenta.

Esa segunda falacia ilustra, sin embargo, un asunto en el que vale la pena detenerse. Valparaíso, es un hecho, ha sido largamente abandonado por el Estado y los proyectos de inversión privada.

Se dice que su actividad distintiva es la portuaria, pero una vez tras otra los gobiernos de turno fallan a la hora de explicitar el modo en que el desarrollo portuario beneficiará a la ciudad. Hoy el puerto está de espaldas a la ciudad y el proyecto que recientemente sufrió la retirada del concesionario, el T2, es otro claro ejemplo de un mal diseño de expansión portuaria, que solo nos ha hecho perder el tiempo en un asunto en el que requerimos avanzar decididamente.

Los municipios chilenos, por otra parte, cuentan con una capacidad enormemente menor que muchos de sus homólogos en otras partes del mundo para poner en práctica políticas de desarrollo económico local. No cuentan con las atribuciones legales, se les niegan los instrumentos, y por largo tiempo se les ha vuelto dependientes de mecanismos de financiamiento extremadamente centralizados.

Pues bien, ahora que se pone en boga una vez más el tema de la inversión y la activación económica, y ya que el debate público comienza a incluir el tema de las próximas gobernaciones regionales, pongamos seriamente el punto de la descentralización económica y la habilitación de los municipios para que puedan ser, efectivamente, agentes activos de una política de desarrollo económico de beneficio para sus localidades.