Opinión
Chile necesita un sistema tributario que fomente el emprendimiento, que no lo trabe, así como también de una clase política con disposición y apertura para discutir y analizar la situación de miles de emprendedores que hoy nos exigen una solución. El Parlamento tiene la palabra.
Los trece diputados integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados deberán votar hoy la idea de legislar del Proyecto de Ley de Modernización Tributaria, que busca fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo con un sistema tributario más simple y moderno.
Durante estos siete meses se han difundido profusamente los fundamentos de esta iniciativa legal: se propone un sistema tributario más justo, el cual permitirá que todas las personas que ganan lo mismo paguen lo mismo de impuestos en virtud de la reintegración, se incluyen beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas; para la clase media, las regiones y los adultos mayores, sin olvidar a los emprendedores.
A propósito de este último grupo es que se hace necesario ejemplificar, con peras y manzanas, los costos de no aprobar la idea de legislar del proyecto de Modernización Tributaria. Veamos el caso de tres mujeres con distintas situaciones de ingresos y trabajos.
Ana trabaja en una empresa como ingeniera, con contrato de trabajo, pago de cotizaciones previsionales y de salud, con una renta líquida mensual de $3.975.000. Con ese sueldo tiene un alto estándar de vida, viaja con regularidad y suele salir a comer varias veces a la semana. Ana tiene que pagar un impuesto efectivo a la renta de 9,45%, por lo que cuenta con $3.599.362 para su bolsillo al mes.
Bárbara es vecina de Ana y es profesora de un colegio. Tiene contrato y gana un sueldo de $644.000. Debido al monto de su sueldo, se encuentra en un nivel de ingresos que no debe pagar impuesto a la renta, por lo que los $644.000 van íntegros a su bolsillo mes a mes.
En el mismo barrio vive Constanza, quien estudió gastronomía y hace dos años decidió emprender con un negocio propio, porque los horarios que demanda un trabajo dependiente no le permitían cuidar de su padre, quien vive con ella. Empezó a vender pasteles sin azúcar, aptos para diabéticos y, luego de un par de años, pudo contratar a dos personas que colaboran en su taller. Constanza gana con su negocio $644.000 al mes, lo mismo que Bárbara, pero tiene que pagar un impuesto a la renta de 9,45%, porque es considerada Pyme y no dependiente (a pesar de que, como se puede dilucidar, su ingreso no pagaría impuesto si fuera dependiente). Así, lo que tiene para su bolsillo mensualmente es $583.142.
Si ya es injusto que Constanza tenga que pagar impuesto solo por ser emprendedora, aún más injusto es que la tasa de impuesto que pagan Ana y Constanza sea exactamente la misma: 9,45%. A pesar de que Ana gana más de seis veces lo que gana Constanza, el Estado considera que ambas deben pagar el mismo porcentaje, porque para algunos el hecho de tener su propio emprendimiento implica que Constanza pasó a ser de los estratos más privilegiados de Chile.
Es de toda lógica, entonces, concluir que el actual sistema tributario desincentiva el emprendimiento. Por eso, la crucial pregunta que debieran hacerse en la sesión de hoy los parlamentarios es la siguiente: ¿es justo que el sistema trate con una vara distinta a Bárbara y a Constanza, ambas con idénticos ingresos, solo porque esta última es emprendedora?
Chile necesita un sistema tributario que fomente el emprendimiento, que no lo trabe, así como también de una clase política con disposición y apertura para discutir y analizar la situación de miles de emprendedores que hoy nos exigen una solución. El Parlamento tiene la palabra.
