Opinión
Cuando se trata de resoluciones que afectan a otros países –Venezuela, Nicaragua, Cuba– el Ministerio de Relaciones Exteriores no escatima en tiempo para defender el rol que cumplen los organismos internacionales en la protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, cuando se trata de la afectación de DDHH en el propio país, el tono y la disposición cambian. Así, los principios y convicciones respecto del rol que cumplen estas instituciones internacionales son cruciales para otros, pero no cuando afectan asuntos propios.
El oportunismo se ha transformado en la principal característica del actuar de la Cancillería chilena. Oportunismo entendido en su sentido literal, al buscar “aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones” (RAE).
La contradicción se hizo patente el 11 de abril, cuando los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay entregaron una nota al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se le solicita a dicha organización intergubernamental no invadir las esferas de competencia de cada Estado. La nota defiende la idea de que los estados “gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos”.
Además de solicitar que tanto la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos “apliquen en forma estricta las fuentes del derecho internacional”, les solicitan que en sus fallos las formas de reparación guarden “debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados”.
La declaración, al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema de protección regional de Derechos Humanos y refuerza la necesidad de cautelar la autonomía de los estados, provocando una contradicción evidente entre la aceptación de un sistema regional de protección de los DDHH y este novedoso reforzamiento de la autonomía de los estados.
Pues bien, si los Estados aceptaron y valoraron en su momento la universalidad de los Derechos Humanos, si luego se comprometieron a implementar y desarrollar un sistema regional de DDHH, con esta declaración se está dando un giro copernicano, al reforzar lo atingente a la autonomía nacional.
El oportunismo de esta declaración es evidente, pues cuando se trata de resoluciones que afectan a otros países –Venezuela, Nicaragua, Cuba–, la Cancillería no escatima en tiempo para defender el rol que cumplen los organismos internacionales en la protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, cuando se trata de la afectación de DDHH en el propio país, el tono y la disposición cambian. Así, los principios y convicciones respecto del rol que cumplen estas instituciones internacionales son cruciales para otros, pero no cuando afectan asuntos propios.
[cita tipo=»destaque»]Un país pequeño, fuertemente integrado y dependiente del sistema internacional, no puede arriesgar el ser percibido como oportunista, uno que busca que otros jueguen con las reglas de los Derechos Humanos, pero que no está dispuesto a acatar esas mismas reglas. El oportunismo internacional de hoy, será el fracaso de mañana.[/cita]
El 16 de julio del año pasado, un grupo de 13 países, incluyendo a Chile, instaba al Gobierno de Nicaragua a cumplir con las quince recomendaciones formuladas por la CIDH y a colaborar con un grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de Derechos Humanos. Un día después, 10 países latinoamericanos, incluyendo a Chile, emitieron una declaración manifestando su preocupación por la grave crisis en Venezuela. Expresaron su profunda consternación y alarma por las graves violaciones de los DDHH en dicho país, tomando como base precisamente los informes y comunicados de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El 4 de febrero último, integrantes del Grupo de Lima, incluyendo a Chile, urgían a la Alta Comisionada de Naciones Unidas a responder “de inmediato” ante la grave situación de los Derechos Humanos en ese país.
Si se trata de otros países, la Cancillería chilena valora la acción de los organismos internacionales, se solicita dar cumplimiento a las recomendaciones de ellos, y se pide su intervención. Cuando se trata de fallos o resoluciones que podrían afectar los intereses del Estado de Chile, se solicita lo contrario: respetar la soberanía, la autonomía y los procedimientos internos.
Esta actitud oportunista –sin tener en cuenta principios y convicciones– afecta seriamente la credibilidad de la política exterior. La reputación de Chile en el concierto internacional como un país serio, responsable, que cumple con sus compromisos internacionales, se ve seriamente cuestionada cuando se embarca en este tipo de declaraciones que cuestionan el sistema regional de Derechos Humanos que tantos años costó construir.
¿Resulta creíble un país que pregona el respeto de los DDHH fuera de sus fronteras, pero que pone en entredicho la acción de estos mismos organismos internacionales cuando se trata de resoluciones que afectan sus intereses?
El oportunismo provocará un serio daño a la inserción internacional de Chile. En menos de un año se está perdiendo la reputación que costó muchos años reconstruir.
Un país pequeño, fuertemente integrado y dependiente del sistema internacional, no puede arriesgar el ser percibido como oportunista, uno que busca que otros jueguen con las reglas de los Derechos Humanos, pero que no está dispuesto a acatar esas mismas reglas. El oportunismo internacional de hoy, será el fracaso de mañana.
