Opinión
Existen diferencias importantes entre los distintos sectores sociales y políticos frente al debate sobre el sistema educativo, pero ello no es obstáculo para la deliberación pública, sino que en muchos casos es su presupuesto. Y nuestras instituciones democráticas son hoy el espacio para desarrollar este tipo de discusiones. Pero mientras el Gobierno mantenga una línea que aboga por efectismos comunicacionales, quienes lo lamentan son los amplios sectores de la sociedad que sufren las consecuencias de la profunda segregación y exclusión, agudizando de esta forma la distancia entre la política y la sociedad.
En los últimos meses, la educación escolar se ha situado al centro del debate político-legislativo, con la denominada Admisión Justa. El Frente Amplio nace al calor de significativas movilizaciones sociales por la educación. Movilizaciones que impugnaban a nuestro sistema educacional, profundamente mercantilizado, en virtud de que este ha reproducido e intensificado la segregación en nuestra sociedad.
Es precisamente por ello que hemos estado y estamos comprometidos con reformar todas las leyes que sean necesarias para enfrentar esta segregación y construir un sistema de educación pública de calidad que sea una posibilidad real para todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. En este compromiso, somos conscientes de que las políticas del Gobierno anterior tienen problemas y desafíos pendientes, sobre los que es necesario debatir de forma democrática, trabajando con los diferentes actores sociales y políticos.
Sin embargo, hemos observado cómo el debate educacional se ha concentrado en una agenda principalmente mediática y demagógica por parte de sectores del Gobierno, con una visión puesta en los instrumentos de medición de la aprobación política más que en adoptar una perspectiva propiamente educativa.
En esta discusión, sectores de la derecha han utilizado el Parlamento como un espacio de agitación mediática, y no como un lugar de deliberación pública. Más grave aún, se usan las expectativas y aspiraciones de amplios sectores de la sociedad puestas en educación, simplificando discusiones o promoviendo iniciativas que no resuelven los problemas de fondo.
Ocurrió con Aula Segura y ocurre ahora con Admisión Justa. Si bien es preciso valorar que nuestro sistema cuenta con una educación pública de calidad, que es heredera de una tradición republicana que debe enorgullecernos, dar por supuesto que los cupos en estas instituciones son escasos, limitando la discusión a cómo distribuir estos cupos, nos parece profundamente injusto.
La utilización discursiva de la lógica meritocrática, más que apuntar a proponer un debate, evade una discusión racional. Junto con desconocer la abundante evidencia, apunta a trazar una línea entre “quienes están por mérito” y “quienes están por azar”, intentando persuadirnos de que la educación pública de calidad debe ser solo para unos pocos. El derecho a la educación de calidad no puede depender del “mérito” de nuestras niñas y niños.
Estamos convencidos y convencidas de que la educación pública de calidad debe ser una garantía real, por lo que es necesario construir un sistema público de calidad al que todas y todos puedan acceder. Si bien somos conscientes que alcanzar este objetivo no es algo que se haga de la noche a la mañana, debemos abogar por que los esfuerzos vayan en esa dirección. Pese a que desde el Ministerio de Educación han declarado la importancia de asumir esta tarea como una política de Estado, hemos observado cómo ello ha sido contradictorio con diferentes acciones en esta materia, como la nula ejecución de los 400 millones de dólares del Fondo de Apoyo de Educación Pública, escudándose en las falencias de las reformas heredadas, sin proponer alternativas reales de solución.
Mantenemos la convicción de que las discusiones abiertas en educación abren la posibilidad de abordar los problemas de fondo de nuestro sistema educativo, por lo que aún seguimos disponibles para un diálogo democrático, con la partición de los diferentes actores. Existen diferencias importantes entre los distintos sectores sociales y políticos frente a este debate, pero ello no es obstáculo para la deliberación pública, sino que en muchos casos es su presupuesto. Y nuestras instituciones democráticas son hoy el espacio para desarrollar este tipo de discusiones.
Pero mientras el Gobierno mantenga una línea que aboga por efectismos comunicacionales, quienes lo lamentan son los amplios sectores de la sociedad que sufren las consecuencias de la profunda segregación y exclusión, agudizando de esta forma la distancia entre la política y la sociedad.
