La vocación política, el clientelismo, el fraude electoral y las redes narco

El Partido Socialista de Chile (PS) está en crisis.

Efectivamente, el partido político de Salvador Allende, Marmaduke Grove, Eugenio González, por solo nombrar a algunos de sus muchos militantes ilustres e ilustrados y con enorme vocación de servicio público, se halla en una crisis de tal envergadura, que está en duda su viabilidad orgánica en la vida democrática del país.

Y también constituye una alerta de riesgo para todo el sistema de partidos y la representación política en nuestra República, pues lo del PS evidencia las debilidades del sistema y la falta de control interno al interior de las instituciones partidarias.

Las últimas modificaciones legales que se le hicieron al sistema de partidos políticos, para intentar solucionar sus muchos problemas, como su escasa representatividad, fueron para peor, resultaron muy mal. Especialmente el refichaje o reinscripción obligatoria de sus militantes –propuesta liderada por la denominada Comisión Engels, que careció de visión práctica–, proceso que fue aprovechado por unos pocos para capturar a los partidos, inscribiendo militantes sin vida partidaria ni convicciones ni cercanías ideológicas, constituyendo verdaderos bolsones electorales clientelares que solo les reportan a sus respectivos caciques y a sus amigos o cercanos. Negocios, solo negocios.

Aunque aún no sabemos en cuántos ni en cuáles partidos, ese desprolijo proceso de refichaje de militantes fue aprovechado por bandas o grupos vinculados a actividades ilegales, como el narcotráfico. Todo indica que es el caso de lo sucedido en la comuna de San Ramón, en el Partido Socialista de Chile.

Así, el “bolsón” de votos “reclutados” en ese lugar por el alcalde Aguilera y su círculo cercano, pasó a ser un actor muy relevante en la estructura de poder interno del PS, lo que quedó en total evidencia después de su última elección, aunque ya se tenían datos más que preocupantes desde hacía años.

Las débiles y poco convincentes respuestas de los dirigentes del PS, directivos o parlamentarios que, empeñados en una guerrilla interna de poder, han sido incapaces de consensuar correcciones drásticas, solo buscan minimizar su daño de imagen, sin preocuparse por nada más.

El problema de fondo deja claro también la insuficiencia de medios del Estado para enfrentar estas contingencias. Ni siquiera tiene voluntad penal para investigar. Ello pone en foco el relativismo cultural de la elite frente a los fraudes políticos, al aceptar una ventaja política fácil por los problemas de un tercero, y no enfocarse en la erradicación de un problema que puede convertirse en sistémico, si es que ya no lo es. En política, el fraude de uno es el fraude de todos.

La pregunta de fondo es si hoy la sociedad ya está inerme frente al avance incontenible de la corrupción o todavía es capaz de actuar de manera radical, exigiendo a sus autoridades y representantes  corregir de manera drástica que agentes y organizaciones de corrupción escalen posiciones en el poder del Estado.

Lo de San Ramón no es menor precisamente por esto, pues es un test de poder frente a redes que ponen alcaldes, moldean jueces, seleccionan candidatos, influyen en parlamentarios y hasta ponen votos para definir al candidato para una elección presidencial. Ya le pasó a Ricardo Lagos con la actual mayoría del PS, entonces con un Aguilera activo y que puso votos incontrolables incluso para los capitanes que estaban con el ex-Presidente.

En este contexto, no está de más recordar que los partidos políticos, para nuestra legislación, siguiendo la tradición de las democracias occidentales, son asociaciones voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. Son instrumento fundamental para la participación política democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

¿Alguien piensa, por ventura, que el Partido Socialista –sin perjuicio de los ciudadanos honestos que aún forman parte de su militancia– representa o se orienta a todo lo señalado precedentemente?

¿Parlamentarios tan influyentes como José Miguel Insulza, Carlos Montes, Isabel Allende, Marcelo Schilling o dirigentes como Germán Correa, con toda una historia de vida, no sienten vergüenza por lo que ocurre con su partido? ¿Pueden sostener que es solo un problema puntual de un operador político caído en las redes de la mafia? ¿O, como dijo Álvaro Elizalde –el actual presidente del PS–, que es algo doméstico que no cambia los resultados de la elecciones internas?

Lo menos que se esperaría de gente como ellos es una acción drástica más allá de todo cálculo de intereses actuales. Por ejemplo, los de José Miguel Insulza, cuya cercanía con el alcalde de San Ramón le entregó los votos necesarios para ser electo al Comité Central. Las elecciones internas del PS, completas, deberían ser anuladas, como señal a la ciudadanía de que no hay cálculos estrechos ni actitudes condescendientes. Sin perjuicio de esto, sería muy esclarecedor que se abrieran completamente los registros electorales para permitir analizar las últimas elecciones en todo el país, todos los candidatos, a fin de poder extraer conclusiones acerca de la real incidencia del denominado “bolsón de votos narco” de San Ramón, y cualquier otro que se detecte. ¿Cómo incidió en la votación obtenida por Álvaro Elizalde, por ejemplo? ¿Y en la de José Miguel Insulza? ¿O en la de Isabel Allende?

También parece indispensable que el PS se someta a dos auditorías: una financiera y otra orgánica –que por cierto están en la ley–, a fin de darle a la ciudadanía la seguridad de que es una institución que está dentro del marco de la ley y no fuera de ella.

El país debiera apuntar desde ya a un gran acuerdo político de control, transparencia e igualdad en el funcionamiento de los partidos políticos. Control para que efectivamente sus padrones no sean manipulados y, menos, desde el poder territorial público como los municipios.

Si el Servel realmente controlara, de acuerdo a sus actuales facultades, el padrón de militantes de los partidos, podría disminuir el problema en comento e, incluso, podría perseguir criminalmente a los infractores.

Si algo está en riesgo, es la salud de la democracia y de la representación política. El Partido Socialista acaba de talar los árboles y bloquea las anchas alamedas.