Opinión
Cuando la minería submarina comience en forma industrial, el patrimonio común de la humanidad sera extraído y destruido. Esto implica que las generaciones futuras no tendrán patrimonio común de la humanidad, nunca más. Clara evidencia del no cumplimiento de los artículos de la Convemar, de la cual Chile es un país garante y responsable. Todos los océanos tienen ya más de 4 contratos para la exploración y explotación de los patrimonios comunes de la humanidad, y el inicio sincrónico de dos o más mineras, creará un impacto ambiental sin precedentes en tiempo y escala geográfica, la pérdida total de biodiversidad, de hábitat y de conectividad genética. Esto implica que lo que Pablo Neruda trató de enseñarnos sobre este tesoro profundo del mar y que ahora comprendemos que es patrimonio común de la humanidad, dejará de existir con consecuencias globales, ambientales y socioeconómicas para países mineros como el nuestro.
Los océanos han sido siempre vistos desde un punto de vista utilitario. En 1609, Hugo Grotius, ciudadano de Holanda, publicó Mare Liberum (La libertad de los mares). Su propuesta fue que los océanos internacionales deben ser libres para la navegación comercial, visión opuesta a la de ese entonces, Mare clausum (mar cerrado), respaldada singularmente por Inglaterra, España-Portugal. Desde hace más de 400 años las aguas fuera de la jurisdicción nacional y sus recursos ya eran un tema internacional: ¿a quién les pertenecen?
Pablo Neruda dedicó mucha de su valiosa vida de poeta al mar. Una de sus residencias fue bautizada como Isla Negra, aún estando geográficamente en la costa de la V Región de nuestro litoral. «Los Enigmas”, uno de los poemas de nuestro laureado poeta, pareciera describir un tesoro de cosas tangibles, espirituales e intelectuales en las profundidades del mar, definitivamente enseñándonos que el océano profundo es un mar de riquezas.
Hoy en día, los derechos ciudadanos sobre el actuar en el mar internacional, más allá de la zona económica exclusiva, están regulados por una convención, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Chile es parte desde sus inicios, hace ya más de 6 décadas –la adoptó en 1982, luego en 1997 la ratificó y sus modificaciones, especialmente la parte XI y el anexo III, conocido esto como “el acuerdo” (algunos eruditos hacen referencia a Convemar III)–.
Lo importante son sus principios fundamentales. Uno de estos fue promulgado por el razonamiento altruista de un ciudadano de Malta. Este osado abogado, Arvid Pardo, hizo el 1 de noviembre de 1967 un electrizante discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, llamando a las normas internacionales para asegurar la paz en el mar, evitar la contaminación y proteger los recursos oceánicos.
Propuso que el fondo del mar forma parte del patrimonio común de la humanidad, una frase que aparece en el artículo 136 de la Convemar. Pardo trabajó arduamente para aprobar la resolución 2749 (XXV) de 17 de diciembre de 1970, en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró solemnemente, entre otras cosas, que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, cuya exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la humanidad e independientemente de la situación geográfica de los Estados garantes de la Convemar.
[cita tipo=»destaque»]No hemos sido consultados sobre qué queremos hacer con nuestro patrimonio común de la humanidad que la Convemar así nos confiere. Esfuerzos se hacen en algunas instancias nacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, pero ningún esfuerzo se realiza para informar y empoderar a la ciudadanía, que es la que a fin de cuentas financia la participación de estados miembros dos veces por año en las reuniones anuales de AIFM y el aporte anual a la misma 75.000 USD. Por lo anterior, es imperativo que el pueblo chileno y todos los pueblos del planeta tomen conciencia de que sus impuestos están subsidiando este cataclismo ecológico a escala planetaria, al ser parte y financiando a la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que debería ser el regulador ambiental y administrativo por lo cual fue creado en 1994, y no el promotor de la explotación del patrimonio común de la humanidad.[/cita]
El «patrimonio común de la humanidad» es una característica única asignada a un recurso natural y un principio general del derecho internacional, una real revolución en ley internacional. Establece que algunas localidades pertenecen a toda la humanidad y que sus recursos están disponibles para el uso y beneficio de todos, teniendo en cuenta las generaciones futuras y las necesidades de los países en desarrollo. Está destinado a lograr aspectos del desarrollo sostenible de los espacios comunes y sus recursos, pero puede aplicarse más allá de este alcance tradicional. La Parte XI hasta la XIV de la Convemar establecen la operacionalidad en la aplicación de este principio de ley internacional a los recursos minerales y vivos de la zona. Lo anterior significa que todos los recursos mineros y biológicos ubicados en la zona –fondos ubicados más allá de las 200 millas, fuera de la jurisdicción nacional– son patrimonio común de la humanidad, es decir, les pertenecen a cada uno de los ciudadanos(as) de este planeta y a la vez a ninguno de ellos(as). Es una riqueza común.
Dicho lo anterior, cada ciudadana(o) chileno(a) es inmensamente rico en minerales de corte económico, cobre, cobalto, oro, plata y metales raros, así como de una diversidad genética casi no explorada y localizados en los fondos oceánicos internacionales. Al mismo tiempo, cada ciudadano(a) tiene la responsabilidad de asegurar que estos recursos naturales valiosos estarán también disponibles para las ciudadanas y los ciudadanos chilenos(as) y del planeta del futuro.
La parte XI de la Convemar trata sobre los fondos marinos y el fondo oceánico y su subsuelo más allá de los límites de la jurisdicción nacional. El artículo 136 declara que la “zona” y sus recursos son el “patrimonio común de la humanidad”. No pueden ser reclamados, apropiados o ser propiedad de ningún Estado o persona (artículo 137). Todos los derechos sobre los recursos pertenecen a la humanidad en su conjunto y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) actuará en nombre de la humanidad (artículo 140).
La AIFM debe garantizar la distribución equitativa de los beneficios financieros y de otro tipo que surgen de las actividades en la zona, teniendo especialmente en cuenta las necesidades e intereses de los estados en desarrollo. La promoción de la investigación, la transferencia de tecnología a los estados en desarrollo y la protección del equilibrio ecológico del medio marino son y deberían ser funciones importantes de la AIFM (artículos 143 al 145).
Como mencioné en el artículo anterior, hoy existe la alta probabilidad de que estos patrimonios comunes de la humanidad sean explotados, por la expedita acción de la AIFM en la promoción de la explotación de estos recursos, sin una clara postura regulatoria que dé cuenta de los principios fundamentales de la Convemar.
Cuando la minería submarina comience en forma industrial, el patrimonio común de la humanidad sera extraído y destruido. Esto implica que las generaciones futuras no tendrán patrimonio común de la humanidad, nunca más. Clara evidencia del no cumplimiento de los artículos de la Convemar, de la cual Chile es un país garante y responsable. Todos los océanos tienen ya más de 4 contratos para la exploración y explotación de los patrimonios comunes de la humanidad, y el inicio sincrónico de dos o más mineras, creará un impacto ambiental sin precedentes en tiempo y escala geográfica, la pérdida total de biodiversidad, de hábitat y de conectividad genética.
Esto implica que lo que Pablo Neruda trató de enseñarnos sobre este tesoro profundo del mar y que ahora comprendemos que es patrimonio común de la humanidad, dejará de existir con consecuencias globales, ambientales y socioeconómicas para países mineros como el nuestro. Los miembros parte de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos serán los responsables de tal destrucción, no los 28 contratistas, ellos trabajan su negocio, los Estados miembros lo permiten en nombre de todos los ciudadanos del mundo.
Finalmente, no hemos sido consultados sobre qué queremos hacer con nuestro patrimonio común de la humanidad que la Convemar así nos confiere. Esfuerzos se hacen en algunas instancias nacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, pero ningún esfuerzo se realiza para informar y empoderar a la ciudadanía, que es la que a fin de cuentas financia la participación de estados miembros dos veces por año en las reuniones anuales de AIFM y el aporte anual a la misma 75.000 USD.
Por lo anterior, es imperativo que el pueblo chileno y todos los pueblos del planeta tomen conciencia de que sus impuestos están subsidiando este cataclismo ecológico a escala planetaria, al ser parte y financiando a la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que debería ser el regulador ambiental y administrativo por lo cual fue creado en 1994, y no el promotor de la explotación del patrimonio común de la humanidad.
