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PAÍS

La Semana Política analiza la corrupción en el Ejército y el choque institucional permanente que plantea el Tribunal Constitucional

por 10 julio, 2019

En un nuevo episodio de La Semana Política en El Mostrador, el director ejecutivo Federico Joannon, la editora periodística Marcela Jiménez y el asesor editorial Santiago Escobar, abordaron el conflicto protagonizado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en todas sus aristas: los casos de corrupción protagonizados por quienes fueron los máximos jefes en el Ejército, la falta de control civil sobre las FF.AA. y la investigación que lleva a cabo la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford, a quien no le ha temblado la mano para procesar a los exaltos mandos de la institución. El debate está marcado por la controversia sobre el TC, un órgano “contramayoritario”, convertido en un lugar donde se pagan favores políticos, pero que La Moneda no tiene ninguna intención de modificar.
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La investigación de los casos de corrupción al interior del Ejército ha derivado en una pugna entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema tras las investigaciones de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien ya ha procesado a dos excomandantes en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba, y tiene en la mira a Óscar Izurieta.

En este contexto, en un nuevo capítulo de La Semana Política en El Mostrador, el director ejecutivo Federico Joannon, la editora periodística Marcela Jiménez y el asesor editorial Santiago Escobar. conversaron sobre este choque institucional que ha marcado la agenda noticiosa en los últimos días.

Caos en el Ejército

Para contextualizar la conversación, Santiago Escobar sostuvo que en el Ejército "hay un caos institucional que se suma a un mal manejo de la política militar por parte del ministerio, que es preocupante".

En este escenario se explica la actitud del general Oviedo, procesado por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por mal uso de fondos reservados. "Él está en el borde o fuera de lo que es la doctrina, el honor y la dignidad militar, porque una parte importante de esos fondos corresponden al funcionamiento de la inteligencia nacional, que es la que provee de insumos esenciales para la decisión de adopciones importantes en materia de seguridad nacional", acotó Escobar.

Respecto a este punto, Marcela Jiménez acotó que "aquí la malversación fue para enriquecimiento personal, y eso es más impresentable aún, siendo las autoridades máximas del Ejército”.

Además, indicó que "la ministra Rutherford anunció que va por Óscar Izurieta, estamos hablando de tres excomandantes en Jefe y 12 años de mandato donde hubo irregularidades con las platas. Es más de una década de liderazgo militar cuestionado con irregularidades financieras".

"En el fondo, falta poder civil por sobre el poder militar fiscalizando, ejerciendo el mando", añadió Federico Joannon.

"Una de las grandes falencias desde los años 90 en adelante fue la relación civil con el poder militar. En la primera parte de los 90 se podría entender, porque lo de Pinochet estaba muy reciente, todo era delicado y complejo, había mucho miedo también, pero después de eso han pasado casi 30 años desde el advenimiento de la democracia y los ministros de Defensa en general se han dedicado a pasear en tanque, a jugar a los soldaditos y a dejarse regalonear por las Fuerzas Armadas", complementó Jiménez.

"Eso tuvo consecuencias, los militares no estuvieron bajo el mando civil y nadie los fiscalizó, por lo que hay focos de corrupción. Es una realidad que afortunadamente se está investigando por una ministra de Corte con mucho ímpetu. Romy Rutherford tiene procesados y bajo prisión a exgenerales en Jefe, tiene a un general en servicio activo procesado y detenido", subrayó Joannon, en alusión al trabajo de la magistrada, a la que le restan 7 meses de investigación.

Un “aprovechamiento judicial”

Respecto a la estrategia del procesado Humberto Oviedo de recurrir al TC para pedir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Joannon planteó que el organismo "está siendo utilizado como una barrera de contención para que no se pueda avanzar en la investigación y ahí tenemos una crisis institucional mayor, tenemos un TC pensado para otras cosas interviniendo en ámbitos novedosos y que no corresponden".

"Todo esto se generó cuando el 2005 se modificó el TC en cuanto a sus nombramientos y se le pasó la facultad de ver la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, facultad que anteriormente la tenía la Corte Suprema. El TC ha ido extendiendo sus facultades colisionando con la Corte Suprema", agregó.

En relación con esto, Escobar añadió que “lo que hizo el excomandante en Jefe del Ejército es poner un punto de interrogación y arrastró ese punto de interrogación a uno de los organismos más controvertidos del último tiempo en materia de funcionamiento institucional del país, que es el Tribunal Constitucional. Desde enero que vienen en una embestida contra la ministra Rutherford, en vez de tener templanza militar en este caso”.

Por su parte, Marcela Jiménez sostuvo que "la esencia de todo el conflicto que hay con el TC pasa por el tema de la composición de quienes son los que llegan al organismo. Se supone que ahí deberían estar los mejores constitucionalistas del país y no operadores políticos. Iván Aróstica, que es el actual presidente de TC, es un ferviente defensor de la dictadura militar, declarado ultraconservador, una persona que desde que está en la institución ha fallado por intereses políticos no constitucionales. El TC ha sido usado, desde que fue la reforma del 2005, como un lugar donde se pagan favores políticos", añadió.

"Dejó de ser un Tribunal Constitucional y pasó a ser un órgano contramayoritario (...). Ha habido voces para modificar estos líos", planteó Joannon.

"Pero pasan un par de días y esa petición queda ahí", acotó Jiménez.

"En la Cámara de Diputados, en la comisión de Constitución, hay 10 proyectos distintos de posibles modificaciones del TC. Lo que impide su implementación es que los quorum son muy altos, hay una derecha que no tiene ningún interés en modificar el TC y, por último, en esta gran reforma institucional que está liderando el ministro Andrés Chadwick no hay una línea sobre el TC, es decir, no hay voluntad política", finalizó.

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Envíada por Manuel Riesco | 18 noviembre, 2019

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