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Un ministro incompleto: Mañalich, funcionario de la salud privada

por 24 julio, 2019

Un ministro incompleto: Mañalich, funcionario de la salud privada
Este paso entre el sector privado y público se ha convertido en algo natural en el paisaje del actual Gobierno. Los conflictos de interés son siempre potenciales, pero dado que Mañalich ya fue ministro, es posible mirar los hechos y analizar cómo se desenvolvió en el sector privado y con cuánta rigurosidad se administraron los recursos fiscales. ¿Qué tiene de problemático que un exgerente general de una de las clínicas más grandes del país sea, ahora, el funcionario más importante de la salud pública?, ¿hay efectivamente una contraposición de intereses entre gestionar las instituciones del Estado y su historia de gerente? En estricto rigor, su problema no es su larga trayectoria como gerente de clínica, sino que precisamente su rol en el sector privado obedece a una concepción ideológica de la salud que es, derechamente, contradictoria con defender la salud pública y administrar sus escasos recursos. El ministro y el sector político empresarial al que representa, ven con naturalidad a la salud como un bien vendible y justifican abiertamente el mercado de isapres y clínicas.
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Jaime Mañalich es incuestionablemente una figura polémica. Tiene un vínculo estrecho con el actual Presidente Sebastián Piñera, tanto así que es conocido en sus círculos como el “histórico médico de cabecera” de la familia del Mandatario. Ya en su primera gestión como ministro entre 2010 y 2014 se hizo conocido por declaraciones desmedidas, actitudes matonescas contra dirigentes sindicales y por sus faltas éticas que le costaron la expulsión del Colegio Médico.

En relación con el aborto terapéutico, sostuvo que se trataba de un “fraude de agencias internacionales con propósito eugenésico” e invitó a discutir si el estatus de las mujeres era superior al de un embrión. Bajo su primera jefatura en el Minsal se realizó uno de los fraudes sanitarios más grandes en la historia de nuestro país: la eliminación artificial de las listas de espera en los hospitales públicos. Si bien todo eso es cierto y cada uno de los casos reviste importancia pública, con toda seguridad lo que de manera más crítica tiñe su función en las políticas públicas es su íntimo vínculo con el sector privado y su desinterés por las instituciones públicas.

Tal como el recientemente nombrado subsecretario en salud, Arturo Zúñiga, ingeniero comercial y proveniente de la gerencia de la Clínica Los Andes, el ministro es la cabeza de una larga lista de profesionales que se han desarrollado en el sector privado y ahora gestionan la salud pública del país.

Mañalich tiene una marcada trayectoria como gestor en la Clínica Las Condes, una de las instituciones privadas de mayor renombre en el país. En 2010, cuando asumió por primera vez como ministro, venía de largos años en la dirección de dicha clínica y ahora que volvió a la titularidad de la gestión pública, lo hace arribando desde su cargo como gerente del mismo establecimiento. Es tan directo este tránsito entre las empresas en salud y el mundo público, que el mismo día que renunció a la Clínica Las Condes fue nombrado como cabeza del Minsal en la Moneda.

En sus primeras entrevistas como ministro, la periodista Constanza Santa María le preguntó sobre un posible conflicto de interés con la Clínica Las Condes, dado que esta figura en documentos públicos como una de las principales proveedoras de camas para el sector público. En ese entonces, Mañalich mintió con descaro y aseguró que la citada clínica era de las últimas proveedoras de camas para el Estado. Las cifras que lo contradicen provienen desde el mismo Ministerio de Salud, ya que durante el periodo 2014-2017 se derivaron pacientes vía gestión centralizada de camas a 67 establecimientos privados, de los que la Clínica Las Condes se sitúa en el cuarto lugar de recepción de pacientes desde el sistema público y aparece en segundo lugar en derivaciones por Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO).

Este paso entre el sector privado y público se ha convertido en algo natural en el paisaje del actual Gobierno. Los conflictos de interés son siempre potenciales, pero dado que Mañalich ya fue ministro, es posible mirar los hechos y analizar cómo se desenvolvió en el sector privado y con cuánta rigurosidad se administraron los recursos fiscales. ¿Qué tiene de problemático que un exgerente general de una de las clínicas más grandes del país sea, ahora, el funcionario más importante de la salud pública?, ¿hay efectivamente una contraposición de intereses entre gestionar las instituciones del Estado y su historia de gerente?

En sus primeras entrevistas como ministro, la periodista Constanza Santa María le preguntó sobre un posible conflicto de interés con la Clínica Las Condes, dado que esta figura en documentos públicos como una de las principales proveedoras de camas para el sector público. En ese entonces, Mañalich mintió con descaro y aseguró que la citada clínica era de las últimas proveedoras de camas para el Estado. Las cifras que lo contradicen provienen desde el mismo Ministerio de Salud, ya que durante el periodo 2014-2017 se derivaron pacientes vía gestión centralizada de camas a 67 establecimientos privados, de los que la Clínica Las Condes se sitúa en el cuarto lugar de recepción de pacientes desde el sistema público y aparece en segundo lugar en derivaciones por Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO).

La derivación de pacientes es un mecanismo cotidiano en los hospitales públicos y se usa cuando la demanda asistencial supera los cupos del sistema público, obligándolos a comprar servicios por fuera de la red, para así asegurar la atención. La compra de camas a privados es uno de los mecanismos –junto con la modalidad de libre elección y externalización de servicios médicos– de mayor transferencia de recursos públicos a manos de privados.

El ECMO, por ejemplo, es un procedimiento de alto costo que se realiza en unidades especializadas de pacientes críticos. En todo Chile, solo ocho hospitales públicos realizan este procedimiento, por lo que la mayor parte de las veces los pacientes que requieren este manejo deben derivarse, obligatoriamente, a clínicas; y como los hospitales públicos no cuentan con capacidad de inversión, están condenados a externalizar este procedimiento, asumiendo FONASA el pago a las clínicas respectivas.

Según datos de la Fundación Creando Salud, desde el 2005 hasta el 2018 el traspaso de recursos públicos a privados ha tenido un aumento acelerado, llegando al 130%, sumando un total de US$ 11.853 millones. La dimensión de ese dinero es tan grande, que se podrían construir 44 hospitales de alta complejidad, acabar 30 veces con las listas de espera no Auge o construir 1.693 consultorios.

Compra de camas a Clínica Las Condes

Sobre la transferencia de recursos fiscales a privados, hay un informe del Minsal del año 2014 que señala que durante la primera “gestión Mañalich” se destinaron 20.100 millones de pesos a la compra de días cama para pacientes en clínicas privadas. Un tercio de estos fondos –$ 6.636 millones– fueron directamente a los bolsillos de los dueños de la Clínica Las Condes. ¿Por qué se eligió a esta clínica, pese a ser una de las más caras de la red privada?

Los análisis plantean que durante su primer período, la compra de prestaciones a privados aumentó “de manera significativa, desregulada y sin lógica sanitaria ni económica”. Si para el servicio público durante ese período el costo de un día cama para pacientes críticos era de $ 380 mil, en la Clínica Las Condes el Estado debía pagar $1.200.000. En camas básicas, la diferencia es escandalosa: en la clínica el valor ascendía a $ 800 mil y en un hospital público la misma cama, $ 20 mil.

¿Por qué cobran más las clínicas? Se sabe muy bien que desde el punto de vista médico no hay justificación para que una misma cama, con la misma funcionalidad y que requiere el mismo personal, cueste tres veces más en una clínica privada. A la fecha, no hay explicación pública del ministro sobre por qué se eligió la clínica con la que él tenía una marcada trayectoria. De un alto funcionario público es una exigencia mínima la transparencia y probidad respecto de las decisiones que toman con recursos que le pertenecen a toda la población.

Con todo, las preguntas de fondo que siguen aún muy presentes son: ¿por qué seguimos concediendo recursos fiscales a privados en vez de fortalecer la red pública? y ¿cuánta disposición tendrán los profesionales de Mañalich para revertir las cuantiosas compras a privados, en lugar de invertir en instituciones públicas y con ello cerrar las brechas de infraestructura y recursos humanos?

Existe un estándar de la Organización Mundial de la Salud que establece que por cada mil habitantes debe existir la disponibilidad de cinco camas, pero Chile, en esta línea, tiene un déficit grave. Como refiere el investigador en Salud, Matías Goyenechea, “hay una baja importante: pasamos de tres camas por cada mil habitantes a 1,8. El sector perdió casi la mitad de su capacidad, y hoy tenemos casi cinco mil camas menos, mientras los usuarios siguen creciendo, lo que genera un colapso en los hospitales que obliga a enviar pacientes al sector privado”. Ahora, ¿de dónde sacamos esas camas?, ¿las construimos en hospitales públicos o se las compraremos siempre a las clínicas a un precio tres veces superior?

Con los hospitales desfinanciados, desde el Gobierno no tienen otra opción que enviar a los pacientes al sector privado, generando un círculo vicioso, ya que, dado sus altísimos aranceles, se desfonda aún más el arca fiscal, lo que implica aceptar que parte del empobrecimiento de la salud pública se debe al auge del mercado en salud, patrocinado por el propio Estado. Por tanto, una manera de parar con este círculo vicioso es cumplir el compromiso de fortalecer y ampliar la red de instituciones públicas y acortar, progresivamente, la compra de servicios hacia el sector privado.

Una lógica de salud distinta

Los sistemas públicos y privados tienen una estructura de costos distinta. El público no tiene un afán de lucro, no piensa en obtención de utilidad y eso disminuye el costo y pone el acento en mejorar la salud y la vida de las personas. En tanto, el privado tiene fija su mirada en las utilidades de la transacción.

En estricto rigor, el problema de Mañalich no es su larga trayectoria como gerente de clínica, sino que precisamente su rol en el sector privado obedece a una concepción ideológica de la salud que es, derechamente, contradictoria con defender la salud pública y administrar sus escasos recursos. Mañalich y el sector político empresarial al que representa, ven con naturalidad a la salud como un bien vendible y justifican abiertamente el mercado de isapres y clínicas. El actual proyecto de reforma es, de hecho, una institucionalización del negocio en salud.

El mayor costo en clínicas obedece a criterios muy lejanos a un sentido sanitario. Es conocido el valor de ítems de hotelería y marketing, la práctica de solicitar exámenes innecesarios, estadías de pacientes más prolongadas, sobreestimar el valor de atención de especialistas, entre otras prácticas de este tipo. Esta lógica perversa de rentar utilidades, implica principalmente ver clientes donde en las instituciones públicas solo vemos pacientes.

Asimismo, dado el foco en la rentabilidad, el sector privado omite cuestiones sustanciales en un proyecto sanitario nacional, tales como la prevención y promoción de la salud. ¿Cuánto le puede interesar la prevención a las isapres?, ¿cuánta investigación realizan los empresarios en los problemas epidemiológicos más relevantes que aquejan a nuestra población?, ¿cuánto investiga el sector privado en enfermedades frecuentes, tales como diabetes, hipertensión, obesidad?

Lo que se observa es una concepción de la salud, ya no como derecho intransable, sino como bien vendible en una sociedad marcada por enormes desigualdades en la capacidad de pago, lo que determina que aquellos con menores recursos tienen todo que perder, es decir, seguirán en las eternas listas de espera, continuarán sentados en salas de urgencia que se encuentran colapsadas, se hospitalizarán durante días en sillas antes de que esté disponible una camilla y aguardarán años para que puedan acceder a intervenciones quirúrgicas. A la angustia de la enfermedad, a los más pobres siempre se les agrega la incertidumbre sobre si podrán disponer de un buen tratamiento.

Frente al déficit de camas, Mañalich ha defendido insistentemente el modelo de concesión hospitalaria como forma de extender la red pública. Este modelo significa que el Estado confía en empresas la construcción y la administración de los hospitales. Para el ministro no hay muchas opciones, “o hacemos hospitales vía concesionada, o no los hacemos”, aunque este proyecto también ha sido implementado y defendido por los exgobiernos de la Nueva Mayoría.

Sin mucha sorpresa, otro actor que ha defendido este mecanismo fue el sector privado de la construcción. El entonces presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado Parot, aseguró en un comunicado público del gremio que este modelo significa “más y mejor infraestructura para su atención y equipamiento de primer nivel”, destacando el “trabajo conjunto entre el sector público y el privado”.

Sin embargo, en 2014, una comisión investigadora de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados declaró en relación a las concesiones hospitalarias que “el mecanismo no resulta necesariamente más económico, ni asegura mejores plazos en la construcción y puesta en marcha de la infraestructura hospitalaria requerida, la que puede ser construida por vía sectorial”. Esto es reafirmado por la experiencia internacional que sostiene que para el Estado, el mecanismo de concesiones resulta, en lo económico, más costoso y en la gestión, más deficiente. ¿Entonces, por qué insistir en un modelo de salud en el que los únicos beneficiados son los empresarios de la construcción?

Este modelo de construcción, así como las propuestas de reforma del actual Gobierno, han suscitado un amplio rechazo en las cada día más fuertes organizaciones sociales y sindicales de salud. Ingrid Neira, representante de pacientes y vocera de la mesa social, ha declarado que “no permitirán que los cambios que se realizan a nombre de los perjudicados tengan como mayores beneficiados a los que ya tienen abultadas ganancias”

Desafíos en Salud

En Chile tenemos importantes desafíos sanitarios. Es necesario avanzar en fortalecer nuestra red de hospitales públicos y su capacidad de resolución, promover la política de prevención y promoción de la atención primaria, el abordaje multidisciplinario de la situación de la salud mental, mejorar la indefensión de las personas con cáncer y establecer una política de protección y cuidado a nuestros adultos mayores. Todo ello, al tiempo que acabamos con la brecha de acceso, atención, calidad y dignidad, sin importar la condición económica de las personas.

En materia sanitaria se debe, siempre, poner por delante la salud de nuestra población, lo que exige terminar con urgencia con la grieta que separa a los enfermos pobres de los que pueden pagar, y eso solo es posible con una reforma de salud que, en un sentido de restitución de derechos, haga realidad la promesa de una salud para todos.

 

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