Opinión
Los datos personales pueden usarse con precisión militar en contra nuestra y la integridad de nuestro proceso electoral ser puesta en jaque. Urge discutir sobre ello y aprobar la modernización de la normativa, que otorga facultades de fiscalización y sanción al Consejo para la Transparencia ante este tipo de abusos. Llegar a la próxima elección presidencial y parlamentaria sin una nueva y robusta normativa de protección al respecto, puede posibilitar que se instale la impunidad ante abusos masivos de nuestros datos. Tomar plena consciencia de esta amenaza urge al país.
Quiero compartir ciertas reflexiones con respecto a una arista del debate sobre protección de datos personales, que no se ha posicionado en la opinión pública y sobre la que urge crear conciencia para tomar medidas lo antes posible: el manejo de procesos electorales y el uso de big data en Chile.
La discusión en este ámbito ha comenzado sobre las formas de poner en práctica de manera eficaz el respeto y defensa del derecho fundamental a la protección de datos personales –recientemente reconocido por la Constitución– y que se suma al catálogo de derechos que no solo el Estado sino también los privados deben respetar respecto a todas las personales naturales.
También, tímidamente, hemos transitado a la arista económica. Ya se ha dicho, los datos son el nuevo petróleo que impulsa la economía mundial y un país en desarrollo como el nuestro no puede darse el lujo de quedar fuera de la Cuarta Revolución Industrial. El valor económico está en los datos y una nueva generación de tecnologías se basa en ellos, en particular la inteligencia artificial.
[cita tipo=»destaque»]Este hecho marcó el Brexit e incidió en las elecciones estadounidenses que permitieron el triunfo de Donald Trump. Si eso ocurrió en países del Primer Mundo, sería válido pensar que, por nuestro posicionamiento geopolítico, “estamos muy lejos de eso”, pero las elecciones en Brasil –es decir, a la vuelta de la esquina– mostraron patrones similares. En este caso se utilizó WhatsApp, lo que combinado con información de Facebook y otras bases de datos, posibilitaron la difusión muy precisa de noticias falsas, con el fin de manipular la elección.[/cita]
Solo con una robusta Ley de Protección de Datos podremos abrir puertas –a partir de la condición de “país adecuado” en cuanto a obligaciones y estándares internacionales de tratamiento y protección– para el intercambio transfronterizo de datos.
Sin embargo, motiva esta columna un aspecto sobre el que aún no se ha debatido en profundidad: el uso político-electoral de los datos personales mediante el uso de herramientas de big data.
Vimos en el hemisferio norte el escándalo de Cambridge Analytica, paradigma del abuso en materia de datos personales con el fin de tergiversar la opinión pública y, así, manipular a las personas para obtener un consentimiento político que, de otra forma, no se hubiera generado. Cincuenta millones de cuentas de Facebook filtradas y, con ello, detalles de preferencias, aspiraciones y temores de miles de personas. Con técnicas de big data esta información permitió desarrollar más de 10 mil mensajes distintos, dirigidos a perfiles de personas muy precisos.
Este hecho marcó el Brexit e incidió en las elecciones estadounidenses que permitieron el triunfo de Donald Trump. Si eso ocurrió en países del Primer Mundo, sería válido pensar que, por nuestro posicionamiento geopolítico, “estamos muy lejos de eso”, pero las elecciones en Brasil –es decir, a la vuelta de la esquina– mostraron patrones similares. En este caso se utilizó WhatsApp, lo que combinado con información de Facebook y otras bases de datos, posibilitaron la difusión muy precisa de noticias falsas, con el fin de manipular la elección.
Que pase en Chile es solo cuestión de tiempo y, con la actual legislación, no tenemos cómo prevenir que suceda, reprimirlo mientras sucede ni castigarlo una vez que haya ocurrido. Los datos personales pueden usarse con precisión militar en contra nuestra y la integridad de nuestro proceso electoral ser puesta en jaque.
Urge discutir sobre ello y aprobar la modernización de la normativa, que otorga facultades de fiscalización y sanción al Consejo para la Transparencia ante este tipo de abusos. Llegar a la próxima elección presidencial y parlamentaria sin una nueva y robusta normativa de protección al respecto, puede posibilitar que se instale la impunidad ante abusos masivos de nuestros datos. Tomar plena consciencia de esta amenaza urge al país. Nuestra democracia está amenazada.
