martes, 20 de agosto de 2019 Actualizado a las 15:44

OPINIÓN

Autor Imagen

Estudios de abogados chilenos son parte del problema en la triple frontera del norte del país

por 6 agosto, 2019

Estudios de abogados chilenos son parte del problema en la triple frontera del norte del país

Empresario venezolano - paraguayo Carlos Gill Ramírez

Mientras el Presidente Sebastián Piñera busca erróneamente militarizar la acción contra el narcotráfico, importantes estudios de abogados, oficinas de inversiones y empresarios privados nacionales prestan sus servicios profesionales en la zona, incluso en situaciones de dudosa legalidad o alta promiscuidad de intereses y en torno a recursos financieros también de dudoso origen. Todo o casi todo a espaldas del Estado de Chile. Un ejemplo de esto ocurre con la representación judicial que hace el estudio jurídico chileno Prieto y Compañía, del oscuro empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, sindicado por prensa peruana y norteamericana como un agente financiero de Nicolás Maduro, para lavar e invertir dineros fuera de Venezuela, obtenidos de manera ilegal en medio de la crisis de ese país.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

La promiscuidad entre conocidos estudios de abogados, representando intereses que bien podrían tener componentes ilegales, gestión diplomática deficiente, economía criminal, narcotráfico, procesos migratorios traumáticos, caracteriza parte del actual escenario en la frontera norte de Chile.  

Un reciente viaje del senador Manuel José Ossandón (RN), presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del Senado, trajo a la palestra otro problema: la utilización ilegal de las aguas del río Uchusuma por parte del Perú.

Pero ni este ni la mayoría de los temas enunciados más arriba son nuevos, a excepción de la crisis humanitaria, que aún no termina, por la migración venezolana. Todo muy mal manejado por el Gobierno. Lo del río Uchusuma tiene más de 30 años en la agenda, y enormes daños ecológicos y, al igual que los impactos del tema migratorio venezolano en Tacna, pone en trato directo al país con las autoridades de esa localidad fronteriza. 

La percepción de una mala política en el norte calza perfecto con la amenaza del narcotráfico, el contrabando de vehículos robados y la industria de su camuflaje y comercialización, además del lavado de activos. Es notorio en el lado boliviano de la frontera y evidencia una indeseable porosidad en las políticas de control criminal en la zona. 

Lo que más llama la atención es el desconcierto político y cultural de las autoridades y de las élites políticas y empresariales de nuestro país en medio de esta ola de crimen organizado.

Mientras el Presidente Sebastián Piñera busca erróneamente militarizar la acción contra el narcotráfico, importantes estudios de abogados, oficinas de inversiones y empresarios privados nacionales prestan sus servicios profesionales en la zona, incluso en situaciones de dudosa legalidad o alta promiscuidad de intereses y en torno a recursos financieros también de dudoso origen. Todo o casi todo a espaldas del Estado de Chile.

La representación jurídica en Chile de Carlos Gill Ramírez la lleva el abogado Claudio Undurraga Abbott –socio del bufete Prieto y Compañía y primo del Fiscal Nacional–, especializado en litigios, arbitrajes y temas de libre competencia. Lo ayudan en la asesoría a Gill Ramírez otros dos abogados, Alberto González y Cristóbal Jiménez, ambos del equipo de litigios del estudio.

Un ejemplo de esto ocurre con la representación judicial que hace el estudio jurídico chileno Prieto y Compañía, del empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, sindicado por prensa peruana y norteamericana como un agente financiero de Nicolás Maduro, para lavar e invertir dineros obtenidos de manera ilegal en medio de la crisis de ese país.

Gill Ramírez, vinculado al presidente de Bolivia Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, se asentó en ese país con recomendaciones y apoyos de Hugo Chávez y en pocos años se transformó en uno de los principales inversionistas extranjeros, primero con empresas periodísticas, como el diario La Razón –que puso al servicio del Presidente boliviano y sus campañas políticas– y luego en empresas ferroviarias, como el Ferrocarril Oriental, bancos, agroindustria e hidrocarburos.

Según sus propias declaraciones, una apuesta principal son los ferrocarriles al interior de Bolivia, cuyo funcionamiento toca el corazón del proyecto de “corredor bioceánico”, afectando –para bien o para mal– a toda la infraestructura ferroviaria, minera y portuaria de Chile en esa zona norte. 

De extenderse el recorrido del Ferrocarril Oriental, de propiedad del mencionado Carlos Gill Ramírez, entre los océanos Atlántico y Pacífico (el famoso “corredor bioceánico”), tendríamos a este oscuro empresario ya metido en Chile, como activo inversionista, en una actividad crucial para el desarrollo de nuestro país y, por lo mismo, ya no podríamos mirarlo con lejanía, ni mucho menos. 

Carlos Gill Ramírez

La representación jurídica en Chile de Carlos Gill Ramírez la lleva el abogado Claudio Undurraga Abbott –socio del bufete Prieto y Compañía y primo del Fiscal Nacional–, especializado en litigios, arbitrajes y temas de libre competencia. Lo ayudan en la asesoría a Gill Ramírez otros dos abogados, Alberto González y Cristóbal Jiménez, ambos del equipo de litigios del estudio.

El impacto criminal en la triple frontera norte ha aumentado con la crisis venezolana y ya no se limita a la exportación de droga traída desde el VRAE  en Perú o el altiplano boliviano, que utiliza las instalaciones portuarias de la zona para enviarla a Canadá, España, Italia, Jordania y Australia. Hoy, incluso, el Puerto de San Antonio es considerado una zona roja del comercio ilegal transoceánico, por estar siendo aprovechado en esa cadena. Venezuela, a su vez, se ha transformado en un enorme pivote para rearticular el tráfico de drogas en el Caribe hacia Estados Unidos.

Más allá de los problemas humanitarios y de adhesión ideológica que tiene para algunos, Venezuela es ya un problema de seguridad para todo el continente, por involucrar al propio Estado y sus dirigentes en actividades ilegales. Y casos como el mencionado no pueden pasar inadvertidos.

Diversos analistas, medios de comunicación e incluso países, sostienen que Venezuela está exportando crimen organizado a toda América Latina, y que sus lugares preferidos son Bolivia y Paraguay, principalmente desde que Nicolás Maduro se hizo con el gobierno del país. Todos son países donde precisamente el papel de Carlos Gill Ramírez es central.

Este sujeto sería una pieza clave en la reinversión de los recursos ilegales que provendrían tanto del presupuesto de la nación venezolana, como de la administración de los intereses del Arco Minero del Orinoco (Brasil, Colombia y Venezuela), en lo que participarían directamente las Fuerzas Armadas venezolanas sobre recursos tan preciados como petróleo, oro, diamantes y coltán. 

Según la ONG InSight the Crime, la penetración del crimen organizado en altos nivel de las instituciones del Estado venezolano alcanzaría a más de un centenar de altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Con anterioridad, la Unión Europea impuso sanciones a siete altos funcionarios del gobierno de Venezuela. 

En junio de este año, en una nota reproducida por medios peruanos, el periodista Jaime Bayly, en un programa que transmite desde Miami, USA, a través de NT24 para EE.UU. y América Latina, aseguró que el propietario del diario paceño La Razón, refiriéndose a Carlos Gill Ramírez, “hace operaciones de lavado de dinero en República Dominicana” y cumple un rol activo de lavado de activos en toda la región.

Una zona de frontera es un sistema donde se mezclan la diplomacia, los intereses privados y la seguridad de los países, en una especie de reputación corporativa. Lo que ocurre o se decide en una soberanía repercute en todas las otras, directa o indirectamente. Para Chile, la exigencia de una buena administración gubernamental es asunto de Interés Nacional, toda vez que la libertad de emprendimiento y comercio son esenciales a nuestro funcionamiento, y no pueden ocurrir hechos al margen o en la ignorancia del Estado, que lo dañen. Los agentes intermediarios privados, tanto como los servicios públicos, deben tener presente su responsabilidad . 

N de la R: Los abogados Claudio Undurraga, Alberto González y Cristóbal Jiménez, del Estudio Prieto y Compañía, no respondieron las llamadas del autor de esta columna. Recibió los recados la secretaria de Claudio Undurraga, la señora María Teresa Olea.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV