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EDITORIAL

La narcopolítica en Chile y las relaciones entre Gobierno y oposición

por 21 agosto, 2019

La narcopolítica en Chile y las relaciones entre Gobierno y oposición
Siendo el riesgo de la narcopolítica un tema de Estado, requiere de los esfuerzos conjuntos de todas las instituciones de la República para ser controlado de manera eficaz. Por lo tanto, es razonable esperar que no se lo utilice de manera circunstancial o instrumental para derrotar comunicacionalmente al adversario. Pero es aún más esperable que un partido político, como el PS, habiendo sido vinculado a los efectos de ese flagelo, incluso bajo declaraciones propias, haga esfuerzos reales y notorios, de cara a la opinión pública, para desvirtuar los hechos imputados, no solo expulsando a una persona sino también sometiéndose, voluntariamente, a todos los escrutinios políticos y policiales que la salud de la República exige, abriendo sus padrones orgánicos, exhibiendo sus finanzas y garantizando que las cuentas de sus dirigentes están limpias de dineros sucios.
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Las duras declaraciones de la vocera de Gobierno sobre la actitud elusiva del Partido Socialista y la eventual penetración de su estructura orgánica por redes de narcotráfico, ha generado una reacción en bloque, tanto del oficialismo como de la oposición, que los aleja de las responsabilidades de Estado que tienen en esta materia.

Aunque es de esperar que los argumentos de la ministra Pérez no sean consecuencia de la acusación constitucional encabezada por el PS en contra de la ministra de Educación Marcela Cubillos –eso constituiría un burdo intento de amedrentamiento a un adversario con un problema de fondo para el Estado de Chile–, la realidad es que el partido que preside el senador Elizalde poco o nada ha hecho por desvirtuar con una actitud severa algo que hoy parece una verdad social irrebatible.

Los graves hechos y denuncias en torno a la eventual penetración del narcotráfico en la estructura orgánica del PS han quedado sin respuesta real por parte de sus dirigentes.

La situación de la comuna de San Ramón, y los incidentes y declaraciones de los competidores en las pasadas elecciones internas, indican que el PS carecería hoy de los atributos orgánicos mínimos exigibles en democracia a un partido para expresar una representación política sana, que incida en la vida pública nacional sin sombras de dudas, y que sea merecedora de los fondos públicos de todos los chilenos, destinados a sostener su actividad. En gran medida, porque ha sido incapaz de determinar hasta dónde la influencia de Miguel Ángel Aguilera (y su entorno) alcanza el interior de su comité central. Recordemos que la hermana de Aguilera fue compañera de lista del actual presidente del PS.

La respuesta en bloque de la oposición a favor del PS es osada y, al parecer, poco razonada. A su vez,  el PS y sus prohombres les deben más de una explicación a la democracia y la opinión pública, antes que gestos de desagrado y actitudes ofendidas. Pero también el Gobierno le debe una muestra de responsabilidad y coherencia a la opinión pública, no permitiendo que la vocera use un tema trascendente como un mero proyectil comunicacional.

Siendo el riesgo del narcotráfico un tema de Estado, requiere de los esfuerzos conjuntos de todas las instituciones de la República para ser controlado de manera eficaz. Por lo tanto, es razonable esperar que no se lo utilice de manera circunstancial o instrumental para derrotar comunicacionalmente al adversario, como pudiera interpretarse de lo hecho por la vocera Cecilia Pérez. Pero es más esperable aún que un partido político, habiendo sido vinculado a los efectos de ese flagelo, incluso bajo declaraciones propias, haga esfuerzos reales y notorios, de cara a la opinión pública, para desvirtuar los hechos. No solo expulsando una persona sino también sometiéndose, voluntariamente, a todos los escrutinios políticos y policiales que la salud de la República exige, abriendo sus padrones orgánicos, exhibiendo sus finanzas y garantizando que las cuentas de sus dirigentes están limpias de dineros sucios.

Nadie debiera sentirse ofendido por una petición de este género, menos en un país que aún no logra salir de la mala experiencia transversal del financiamiento ilegal de la política. Esto no puede considerarse una petición humillante, sino un acto de honor debido a sus fundadores y mártires, y a quienes dice representar, pues ellos seguramente desearían ver honradas sus memorias como lo que exactamente fueron o son: políticos puros. Y debiera haber sido espontáneo.

La experiencia política de la región tiene mucha historia de dinero sucio en dicha esfera. Y esta se gesta de manera larvada, cultivada en el desdén o la desidia, hasta que explota como una bomba de racimo que a todos daña. Colombia es el país con más martirologio y experiencias amargas en esta materia, donde las más altas magistraturas del Estado no tuvieron ni la voluntad ni la visión de prever oportunamente lo que la democracia se juega en estos casos, y luego pagaron con sangre y terror sus errores. Ya en octubre de 1978, el embajador norteamericano en Bogotá dijo que  “los narcotraficantes colombianos son tan fuertes en términos de poder financiero, que podrían tener su propio partido (…) y comprar a decenas de miembros del cuerpo legislativo”.

Efectivamente, la mafia reclutaba políticos e influencia, financiaba campañas electorales, compraba impunidad territorial y, a falta de una confrontación sistemática del Estado, logró mimetizarse en casi todos los frentes lícitos del país y en todo tipo de delitos.

Por supuesto, igual que en Chile ahora, nadie escarbaba en la narcopolítica, aunque para muchos el tema ya era una bomba de tiempo y se usaba como paja en el ojo ajeno.

Dada la anomia institucional de nuestro país, varias cosas no corresponden.

La respuesta en bloque de la oposición a favor del PS es osada y, al parecer, poco razonada. A su vez, el PS y sus prohombres les deben más de una explicación a la democracia y la opinión pública, antes que gestos de desagrado y actitudes ofendidas. Pero también el Gobierno le debe una muestra de responsabilidad y coherencia a la opinión pública, no permitiendo que la vocera use un tema trascendente como un mero proyectil comunicacional.

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