«La economía tiene muchos bemoles…»

A 18 meses de ejercicio, ya se instala la opinión muy generalizada de que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no logra señalar un rumbo claro de hacia dónde pretende conducir al país y que, con demasiada frecuencia, pierde el control de la agenda pública, muchas veces por errores propios no forzados y, otras, por desconcierto frente a propuestas originadas en la oposición. Ello, a pesar de la omnipresencia mediática y temática del Mandatario, tanto en asuntos de la política interna como internacional.

Es notable que una buena parte de las críticas más agudas a la conducción del Gobierno provengan de su propio sector. Los ejemplos son innumerables. El título de la penúltima columna del destacado analista Héctor Soto –»La capitulación»–, es sintomático de un estado de ánimo difuso pero persistente en la derecha y el empresariado. En esa ocasión la crítica se dirigía a la forma en que el Gobierno respondió a la iniciativa de la diputada Camila Vallejo, de disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales: la de proponer rebajarla a 41, con una confusa propuesta de flexibilización laboral. Y los ejemplos pueden multiplicarse.

[cita tipo=»destaque»]Se atribuyó a la mala gestión de Michelle Bachelet el mediocre crecimiento económico de su cuatrienio, cercano al 2%, y que sus reformas abrían retraído la inversión y la confianza empresarial. Quienes afirmaban que la disminución del ritmo del crecimiento obedecía fundamentalmente a causas externas, originadas en el fin del ciclo de los altos precios de los commodities –lo que afectaba a toda América Latina, cuyas principales economías habían entrado en recesión, y que Chile había capeado mejor el chaparrón debido a la solidez relativa de su economía y la mantención de sus políticas sociales– eran vigorosamente descalificados por los más conspicuos representantes del empresariado, de la elite tecnocrática del club de economistas neoliberales, la gran prensa escrita, los políticos de derecha y, obviamente, el entonces candidato.[/cita]

Se recurre a la explicación que el Gobierno enfrenta problemas para la realización de su programa, porque no cuenta con mayoría en el Congreso y enfrenta a una oposición, mayormente, obstruccionista. Efectivamente, no contar con mayorías parlamentarias obliga a complejos procesos de negociación para viabilizar la agenda legislativa, no puede imponer completamente sus posiciones. Se enfrenta, entonces, al clásico dilema de hasta dónde ceder sin desdibujar las propias convicciones y compromisos, lo que genera inevitables tensiones en la coalición oficialista.

Dónde establecer la “línea roja” de lo innegociable es siempre controvertido, pero indispensable si se quiere mantener la coherencia de las alianzas gobernantes. Durante 20 años la Concertación no contó con mayoría en el Senado, lo que la obligó a un permanente –y a veces agotador– proceso de negociación con una oposición que fue siempre minoría electoral, pero que contaba con el auxilio de los senadores designados. La situación hoy es bastante distinta, en el sentido que el Congreso expresa bastante fielmente la voluntad ciudadana, que le dio al Presidente Piñera una amplia mayoría electoral en segunda vuelta, pero le negó a su coalición la condición mayoritaria en el Parlamento.

Desde el punto de vista de la calidad de la democracia, sin duda se ha dado un muy importante paso adelante, pero ello no significa necesariamente que las cosas sean más sencillas. No existe una, sino tres oposiciones, y cada una de ellas tiene que determinar también sus “líneas rojas” frente a las proposiciones legislativas del Gobierno. La única manera de garantizar gobiernos con mayorías parlamentarias que les permitan realizar lo más cabalmente posible sus programas, es modificar el régimen político por uno parlamentario o semipresidencial, pero Piñera tendrá que gobernar en el actual marco institucional.

A mi juicio, sin embargo, las dificultades del Gobierno para dar un rumbo claro a su gestión obedecen a causas más de fondo. El gran éxito electoral de Piñera en el balotaje se basó –al margen de la debilidad de la candidatura adversaria– en dos grandes promesas: la recuperación de los altos niveles de crecimiento que el país tuvo en el pasado y el combate resuelto a la delincuencia. Los «tiempos mejores» serían tiempos de abundancia y de riguroso orden público.

Se atribuyó a la mala gestión de Michelle Bachelet el mediocre crecimiento económico de su cuatrienio, cercano al 2%, y que sus reformas abrían retraído la inversión y la confianza empresarial. Quienes afirmaban que la disminución del ritmo del crecimiento obedecía fundamentalmente a causas externas, originadas en el fin del ciclo de los altos precios de los commodities –lo que afectaba a toda América Latina, cuyas principales economías habían entrado en recesión, y que Chile había capeado mejor el chaparrón debido a la solidez relativa de su economía y la mantención de sus políticas sociales– eran vigorosamente descalificados por los más conspicuos representantes del empresariado, de la elite tecnocrática del club de economistas neoliberales, la gran prensa escrita, los políticos de derecha y, obviamente, el entonces candidato.

Instalado un Gobierno “pro mercado”, volvería la inversión, la confianza y el país volvería a crecer, se dijo, a tasas cercanas al 5%. Un diagnóstico completamente equivocado no puede sino originar políticas insuficientes, promesas incumplidas, desconcierto e incredulidad. Los mismos que negaban que el mediocre desempeño económico de Bachelet se explicara por factores externos, hoy insisten en que las actuales dificultades se deben a los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos. Me pregunto si de verdad se creían su diagnóstico y, como los presumo gente honesta, habrá que convenir que en materia económica son muy incompetentes.

Se comienza a abrir un debate de fondo sobre cuáles son las causas del lento crecimiento de la economía chilena del último decenio, que se reitera con dos gobiernos de centroizquierda y uno y medio de derecha y, consiguientemente, si existe alguna estrategia viable que permita desarrollar una economía dinámica, sustentable y una red de protección social amplia que garantice educación, salud y previsión de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Este debate es tan importante como urgente y debería configurar una visión compartida, lo más ampliamente posible, sobre el desarrollo de la sociedad chilena en las próximas décadas y una fuerza social y política capaz de impulsarla desde el Gobierno de la Nación.

En las tres últimas décadas, el ritmo del crecimiento económico de Chile ha venido declinando sistemáticamente. En la década “dorada” desde 1990 a 1999 se creció al 6.1%, en la siguiente –entre 2000 y 2009– fue al 4.2% y en la última –comprendida desde 2010 a 2018– se llegó al 3,2%. Los cálculos del crecimiento potencial de la economía lo estiman en el rango del 3.0 -3,5%, marcadamente insuficiente para abrir camino al esquivo anhelo de convertirnos en un país desarrollado.

El rápido crecimiento del primer decenio de la transición a la democracia, obedece a un conjunto de factores. En primer lugar, políticos. La restauración democrática rompió el aislamiento internacional y dio credibilidad al país, generando un significativo flujo de inversión extranjera. Desde el punto de vista económico, se mantuvo una política de apertura a los mercados globales, pero se corrigió la equivocada opción de la apertura unilateral de la dictadura por una negociada, que permitió tejer una red de acuerdos de libre comercio que ampliaron considerablemente los mercados para las exportaciones chilenas.

Una política macroeconómica responsable y una activa política social focalizada en el 40% de la población, que vivía bajo el umbral de la pobreza, completaban el cuadro general. Normalmente, se pasan por alto dos elementos de política macroeconómica que fueron muy importantes en el Gobierno de Patricio Aylwin: la regulación de la cuenta de capitales para impedir el ingreso de capitales “golondrina” y una política cambiaria activa para mantener un dólar estable, que favoreciera el auge exportador.

Con Ricardo Lagos se introdujo el concepto del balance estructural que permitiera políticas fiscales contracíclicas. La estrategia fue exitosa. Existía un amplio espacio para un agresivo impulso de nuevas exportaciones: pesca, madera y celulosa, vitivinicultura, acuicultura, fruticultura y otras. Al mismo tiempo, la inversión y producción de cobre aumentó también sustantivamente. Por lo tanto, si bien la oferta exportadora se diversificó, el peso del cobre en el total se ha mantenido en el orden del 50% y, consiguientemente, la dependencia del conjunto del sistema de los vaivenes de sus precios en el mercado internacional.

Este modelo de crecimiento tenía, obviamente, sus límites. Al depender fundamentalmente del rico stock de recursos naturales de que dispone el país, enfrentó crecientemente limitaciones físicas y ambientales. Por otro lado, dado que el sector exportador es el motor dinámico de la economía, esta tiende a concentrarse, ya que sin eficaces políticas de apoyo público, las empresas medianas y pequeñas tienen dificultades, al menos iniciales, para ingresar a los mercados globales.

Estos límites fueron advertidos por algunos en el debate político y económico al interior de la Concertación. Al comienzo, se habló de impulsar una “segunda fase exportadora”, que incluyera a sectores de mayor valor agregado, luego de la necesidad de incorporar a Chile a la economía del conocimiento. Resultaron ser voces minoritarias. La necesidad de que el Estado asumiera un rol activo en la orientación del desarrollo nacional, más allá de garantizar una sana macroeconomía, regulación de los mercados financieros, instituciones de defensa de los consumidores, legislación y justicia ambiental y acuerdos internacionales, no estuvo en el repertorio de la conducción económica de todos los gobiernos de la Concertación. Política industrial, plan de desarrollo nacional para una economía abierta y moderna y otros, fueron conceptos altamente sospechosos, cuando no peligrosos, para quienes tuvieron las máximas responsabilidades en la conducción económica en esos años.

Sería injusto no reconocer que se realizaron esfuerzos de fomento productivo, de emprendedorismo, innovación y apoyo a la capacidad exportadora de la pymes por parte de varias agencias del Estado, particularmente el Ministerio de Economía, Corfo, Direcom y, en algún momento, BancoEstado. O la notable gestión de Máximo Pacheco en la regulación y diversificación del sector de la energía. Pero fueron esfuerzos más bien aislados, muchas veces a escala de planes pilotos, nunca estuvieron en el centro de la política económica.

Con un solo dato creo que se puede fundamentar mi afirmación. A pesar de que todo el mundo repite que la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación son las principales llaves para abrir las puertas de la economía y la sociedad del futuro, Chile destina solo un 0.38% del PIB a la inversión, mayormente pública, en Ciencia y Tecnología, el rango más bajo de los países de América Latina.

Pero, felizmente, parece que los vientos –aunque tímidamente– van cambiando. Se comienza a abrir un debate transversal sobre los ejes de una estrategia de desarrollo que tenga la vista puesta en el largo plazo, ya que se demuestra que hacer más de los mismo conduce a la mediocridad. Hay que superar el diagnóstico que, sobre nuestro país, sintetizó en una frase el economista coreano de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang: “Chile tiene esta extraña idea de que tiene que vivir con lo que provee la naturaleza”.