El control de los políticos

Poco quedo de la acusación constitucional a la Ministra Marcela Cubillos. En el oficialismo salvo la algarabía de La Moneda porque la acusación no prospero, salvando de paso a una de sus ministras emblemáticas y a la vez posponiendo un inminente cambio de gabinete si la acusación avanzaba al Senado, no parece haber mucho más para controlar la agenda. En las oposiciones, la guerra de recriminaciones por el voto de dos diputados DC y otros independientes no hace más que constatar la falta de proyecto, de un liderazgo ordenador y especialmente de la expectativa de recuperar el poder que parece estarse instalando entre sus filas.

En el anecdotario quedan también varios informes en derecho de abogados constitucionalistas —cada vez más sobrevalorados— que persisten en sostener que la vara para medir a los ministros es solo el control de legalidad y no la responsabilidad política cuando se trata de los actos en el ejercicio de sus cargos.

Dos cuestiones centrales de lo que se esperaría en este tipo de procesos quedaron invisibilizadas: la opinión de los representados y la existencia en los hechos de un sistema que podríamos denominar de baja responsabilidad. Ambos cuestiones dificultan el control de los políticos por parte de los ciudadanos que se enfrentan a problemas de información, control y posibilidad de sanción.

En los argumentos de los diputados que se opusieron al libelo acusatorio se esgrimieron fundamentalmente razones de convicción para votar en contra y problemas de constitucionalidad. Sin embargo, escuchamos poco o nada de razones fundadas en la opinión o valoración de sus electores. Por de pronto nada de los profesores, padres o apoderados de los establecimientos educaciones de sus distritos. Lo anterior forma parte de la función más cara para los diputados que se quejan que solo se los medie por su »función legislativa« y nada por la »función de representación« que desarrollan en el territorio de los distritos que representan. Esta supone que para legislar deben consultar a sus representados. Había tiempo para hacerlo de forma presencial y también remota ya que existe tecnología para poder hacerlo. Sin embargo, en una suerte de »rebelión de las elites« —como lo acuño Christopher Lasch— nuestros representantes parecen estarse liberando con más frecuencia de lo esperado de las mayorías y están dando a través de sus decisiones por concluido de modo unilateral el contrato social que los une con los ciudadanos representados. Lo anterior, no hace sino erosionar más la idea de democracia representativa.

Por lo que sabemos no hubo consulta a los ciudadanos en sus distritos. De ahí que estos busquen otros medios para expresarse de manera diferente a lo que hacen o deciden las elites que los representan. Basta con mirar la intensa conversación que se dio sobre la acusación constitucional en el territorio digital o los resultados de la encuesta Criteria que mostró que entre el 63% de los encuestados que ha escuchado o leído sobre el tema de la acusación, un 44% estaba de acuerdo con el libelo presentado por la oposición y un 49% está a favor de la idea de que la ministra pueda ser destituida producto de esta acusación. Solo un 30% estaba en desacuerdo con esta herramienta.

Tan grave aún como lo anterior, y como lo muestra de manera concluyente este caso es la ausencia de un efectivo sistema de cobranza de cuentas. En Chile nadie le cobra —o puede cobrar— cuentas por desempeño a nadie, por consiguiente da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Esta falta de exigencia hace que la gente en vez de exigir se retire de la política. Hay reclamo de la opinión pública, pero no acción ni respuesta. No se cae en cuenta que la responsabilidad política de los gobiernos democráticos depende de que los ciudadanos puedan juzgar su historial retrospectivamente al momento de las elecciones, y castigarlos o recompensarlos como consecuencia de su gestión. Pero si los gobernantes limitan su responsabilidad política al veredicto de las elecciones y, si entre una y otra elección solo están dispuestos a aceptar responsabilidades legales por sus actos, la confrontación política se trasladará del parlamento a los tribunales judicializando la política como estrategia de supervivencia de los políticos para mantenerse en el poder y aumentar el margen de maniobra de sus decisiones.

Las elecciones, que hasta hoy son el único mecanismo para que los ciudadanos puedan evaluar a sus gobernantes, ya no bastan. Cada vez vota menos gente y entre proceso electorales se requiere de mecanismos de evaluación de la gestión accesibles a los ciudadanos y no solo a las elites, que ya anotamos se están desmarcando de estos. Lo que echamos en falta son sistemas de cobranza de cuentas efectivos por desempeño.

El control democrático depende entonces de que los votantes dispongamos de información para valorar la actuación de los gobiernos a través de sus ministros y en este caso también de los parlamentarios, de que les sea posible atribuir responsabilidades por el desempeño de sus cargos y de que puedan castigar o recompensar a los políticos.