Opinión
No se alertó sobre el estallido social que venía, que estaba contenido y que era posible ver sin necesidad de mucha experticia en inteligencia. El informe del PNUD del año 2017, llamado precisamente “Desiguales”, mostraba –con la debida antelación y profusión de evidencias– la energía que se estaba acumulando producto de las deformaciones en el proceso democrático que abusaba de los ciudadanos, la corrupción en instituciones fundamentales, los incumplimientos, abusos, inequidades y una autoridad incomprensible mirando todo ello como un oasis.
Es probable que la Agencia Nacional de Inteligencia deje de existir. La ausencia de sus previsiones y anticipaciones en esta crisis inédita, de magnitud nacional, la dejan frente a una responsabilidad inexcusable y a una ausencia incomprensible.
Esta Agencia encabeza el Sistema Nacional de Inteligencia, respecto del cual se han iniciado diversos reacomodos y reestructuraciones que han quedado en el camino. Todos hablan y nadie ejecuta una revisión a fondo, especialmente de esta Agencia, que haga posible que el país disponga de apreciaciones profundas, oportunas, verdaderamente atingentes, que permitan anticipar crisis de esta magnitud.
Cuando una institución que debe proveer análisis de inteligencia anticipativos, estratégicos y tácticos, considera que toda apreciación que dañe al Gobierno es desechable, estamos en el peor de los mundos.
Contraviene lo más esencial de la producción de inteligencia: la objetividad más absoluta. Si un analista, según comentan ellos mismos, debe rellenar formularios prediseñados para entregar su producción, significa que si un tema relevante, una apreciación clave, no está en ese formulario, dichos temas quedarán excluidos y el analista solo se remitirá a lo indicado en la pro forma establecida.
Si algunos temas y apreciaciones perjudican al Gobierno, dejan a la vista errores, resultan críticas a lo obrado por algún ministro, y son desechados, estarían cometiendo un error impensable en una estructura de inteligencia. Pareciera que el personal responsable de conducir el proceso de análisis y producción es incondicional del Gobierno. Eso daña de modo brutal la existencia de la Agencia que, en ese caso, puede ser reemplazada por cualquier organismo que lleve adelante una revisión seria de los hechos de realidad.
Pero es así. Los jefes de esa Agencia, a la vista de los hechos, carecen de profesionalismo para ejercer sus funciones. Por alguna razón, el denominado subdirector, exjefe de la inteligencia naval, el contraalmirante David Hardy, un profesional con años de experiencia, renunció. Ahora entendemos por qué. Sin duda no quiso ser corresponsable de lo que ahí se empezaba a ver.
Varios de los funcionarios antiguos fueron despedidos y reemplazados por expolicías o fiscales amigos de los jefes, incapaces de comprender las complejidades del análisis de inteligencia. Fueron recontratados funcionarios que habían sido despedidos en administraciones anteriores, dejando a la Agencia transformada en una especie de fiscalía o prefectura policial.
Si un Gobierno o más precisamente el Ministerio del Interior, responsable de estos temas, acepta que esta institución se deforme y aleje de sus cometidos esenciales, significa que le parece correcto el enfoque de proteger al Gobierno, en vez de apoyar con análisis y anticipaciones técnicas que lo protejan verdaderamente y eviten desembocar en lo que hemos estado viendo.
Ya hemos abundado sobre este tema en escritos anteriores. No se alertó sobre el estallido social que venía, que estaba contenido y que era posible ver sin necesidad de mucha experticia en inteligencia. El informe del PNUD del año 2017, llamado precisamente “Desiguales”, mostraba con la debida antelación y profusión de evidencias, la energía que se estaba acumulando producto de las deformaciones en el proceso democrático que abusaba de los ciudadanos, la corrupción en instituciones fundamentales, los incumplimientos, abusos, inequidades y una autoridad incomprensible mirando todo ello como un oasis.
Ahora bien, ningún informe asertivo de inteligencia será útil y oportuno si quienes se enteran de las apreciaciones no quieren modificar sus conductas, si creen que hacen lo correcto, que se puede abusar impunemente aunque la observación de la realidad muestre el enorme riesgo de hacerlo, riesgo que ha explotado en sus rostros de modo brutal.
Más incomprensible aún es que, a la vista de los hechos, se le declare la guerra a los que se quejan, a los que no soportan más. Estamos frente a la absoluta incomprensión de lo que ocurre por parte de los líderes gubernamentales o, en caso contrario, a una mala fe y un fanatismo descomunales al margen de toda seriedad analítica, aferrados a personalismos destructivos, al punto de tener que pedir perdón.
Es de esperar que en el conjunto de rectificaciones profundas que será necesario hacer, se considere seriamente el rediseño de estos organismos que tienen entre manos una responsabilidad enorme. Ponerlos en un estado de seriedad institucional y que asuman el gobierno personas bien inspiradas, honestas, capaces de aceptar estos análisis, que sepan demandar lo que necesitan en cuanto a estimaciones nacionales anticipativas, y rectifiquen sus errores oportunamente antes de que estallen estos eventos, que dejan a los actuales dirigentes como insignificantes y abusivos fanáticos de sí mismos.
