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El otro gran problema del Gobierno: pymes se manifiestan «desoladas» ante futuro del sector MERCADOS

El otro gran problema del Gobierno: pymes se manifiestan «desoladas» ante futuro del sector

Natalia Saavedra Morales
Por : Natalia Saavedra Morales Editora periodística El Mostrador Mercados
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El plan está en manos del Ministerio de Economía y establece, entre otros aspectos, un pago máximo de 30 días de las facturas pymes. Pero ello entrará recién en vigencia 90 días después de la aprobación del proyecto de Ley que el Ejecutivo enviará al Congreso. El problema radica en que muchas pequeñas y medianas empresas difícilmente resistirán tres meses sin facturación. Gianina Figueroa de Unapyme señaló que la Ley de Donaciones, con que se busca apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos, avanza en el sentido equivocado. «Es no entender y ofender la dignidad de nuestro sector, que no necesita beneficencia, necesita un fortalecimiento real, desde el fomento diferenciado para las empresas de menor tamaño, democratizar el mercado, poner cuota a la depredación de la gran empresa», apuntó.


En La Moneda y rodeado de sus ministros, el Presidente de la República Sebastián Piñera anunció el lunes un plan para apoyar a las pymes. En cualquier otra circunstancia el anuncio del Mandatario sería uno más de la pauta, pero las condiciones que lo rodean son del todo particulares.

El Ministerio de Economía catastró 6.791 pequeñas y medianas empresas (pymes) afectadas por hechos de violencia, saqueos y vandalismo. El hecho mismo reviste especial gravedad, incluso más que por la destrucción misma, porque estas empresas generan unos 40 mil empleos en el país. Y muchas de ellas, como calificó el gerente del saqueado hotel Príncipe de Asturias en Providencia, Iván Marambio, están desoladas, según dijo a Radio Bío Bío.

En el patio de La Moneda, Piñera junto al subsecretario de Economía y de Turismo, además de otros representantes gubernamentales, salió a ofrecerle al sector un paquete urgente de medidas: $ 13 mil millones en subsidios y créditos blandos, entre un plan de siete medidas.

El plan está en manos del Ministerio de Economía y establece, entre otros aspectos, un pago máximo de 30 días de las facturas pymes. Pero ello entrará recién en vigencia 90 días después de la aprobación del Proyecto de Ley que el Ejecutivo enviará al Congreso. El problema radica en que muchas pequeñas y medianas empresas difícilmente resistirán tres meses sin facturación. Viven de la caja, del día a día. No vender, no cobrar, puede implicar la quiebra, y con ello la generación de más cesantía.

«Adicionalmente, estamos impulsando una campaña para que el Estado y las grandes empresas paguen en forma anticipada, y ojalá inmediata las facturas a las pymes durante este período de emergencia”, señaló el Jefe de Estado el lunes.

Flexibilidad de pago al sector financiero, capital de trabajo y facilidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, son parte del paquete. Todo viene acompañado de un hashtag, algo que el Gobierno de Piñera ha intentado colocar a toda costa en la economía local, pese a que le ha jugado en contra. #ChileEnMarcha y #TiemposMejores, son solo algunos de los intentos. El plan, en este caso, viene acompañado de la campaña comunicacional #ElijoPyme para fomentar las compras y facilitar su recuperación y desarrollo.

En medio de las medidas, las cifras siguen empeorando. Según informó la Cámara Comercio de Santiago (CCS), la caída en las ventas del comercio fue catastrófica: 50% menos tras el estallido social.

«Una dramática situación en el sector comercio dieron a conocer la CCS y FollowUP, a partir de cifras recolectadas en cerca de 1.900 locales comerciales durante octubre recién pasado. En el rubro Vestuario, calzado y accesorios, las ventas registradas entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre cayeron casi un 50% en 12 meses, reflejando el profundo daño que han traído al sector los hechos de violencia de que ha sido víctima el comercio en las últimas semanas», señaló el gremio ayer por la tarde.

La CCS añadió que no existen registros en la historia reciente de caídas de esta magnitud en un período tan acotado, lo que, junto con la incertidumbre respecto de la duración de esta crisis, pone en riesgo la viabilidad de una parte importante del pequeño comercio de la región y de los empleos que genera.

«El movimiento de personas tuvo un comportamiento similar. Los cierres forzados de locales y la disminución de desplazamientos de consumidores por motivos de seguridad mermaron la afluencia de público hacia las tiendas del comercio, reduciendo su número a la mitad en relación con igual período del año pasado», añadieron.

El problema, aseguran las pymes, es que sigue viéndose al sector como uno de aporte marginal a la economía y el Gobierno desconoce que, por ejemplo, la política de Chile Compras ha estado orientada a favorecer a las grandes compañías.

En agosto, El Mostrador reveló que las pequeñas y medianas empresas nacionales del sector, estaban siendo excluidas de una millonaria licitación para abastecer de productos de higiene y de limpieza al Estado. «Cuarenta y nueve de las compañías afectadas decidieron presentar una demanda para impugnar la licitación y, particularmente, sus bases, por considerarlas ‘arbitrarias e ilegales’”, detallaba dicho reportaje.

La secretaria general de Unapyme, Gianina Figueroa, explicó que «las medidas impulsadas por el Gobierno en algunos casos podrán ayudar a poner de pie nuevamente a las pymes más perjudicadas, sin embargo, algunas medidas cómo adelantar la puesta en marcha del pago a 30 por parte del Estado y las grandes empresas tardará 90 días en entrar en vigencia y sigue sin hacerse cargo de un problema profundo que hemos denunciado, como son las compras públicas y licitaciones dirigidas a la gran empresa, y lo más polémico dentro de la tramitación de esta ley, que fue la excepción de contratos, la gran puerta mal cerrada para el abuso», explicó.

Figueroa agregó que una de las medidas del Gobierno avanza en el sentido equivocado. Se refiere a la Ley de Donaciones, que permitirá apoyar por esta vía a las pymes. «Es no entender y ofender la dignidad de nuestro sector, que no necesita beneficencia, necesita un fortalecimiento real, desde el fomento diferenciado para las empresas de menor tamaño, democratizar el mercado, poner cuota a la depredación de la gran empresa. El 86% del mercado lo tiene un puñado, y la pyme batalla en un 14%, aún así damos el 60% del empleo. De eso estamos hablando, del sueldo de Chile, si bien hay que actuar frente a la contingencia, pero el dolor de la pyme es mucho más profundo y no se ha querido mitigar en ningún Gobierno de manera estructural, por falta de voluntad política y ceguera frente a quienes estamos también en el centro de la desigualdad. ¿Cómo mejoramos los sueldos? ¿Cómo colaboramos para mejores pensiones? ¿Cómo logramos crecer para dar mejor empleo? ¿Cómo dejamos de ser menos vulnerables frente a las contingencias? ¿Con bonos? ¿Con caridad?», planteó la dirigente.

Agregó que es un gran momento para de que se deje de hablar de “créditos blandos” y entender el “desarrollo con justicia”. «Este modelo concentrado se desploma frente a la ceguera de nuestras autoridades y una vez más se perjudica a la inmensa mayoría de nosotros», concluyó.

El Gobierno, por su parte, también le pidió a la Corfo un especial énfasis con el sector. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Rodolfo Terrazas, lidera la campaña #ArribaMiPyme, que hoy organiza una nueva jornada para coordinar apoyo para el sector. «La Corfo va estar a la altura y va ir en apoyo de ellos, que lo están pasando mal», dijo Terrazas.

Las voces de los grandes empresarios apuntan a que las medidas con el sector deben ser más que cosméticas, y tangibles en plazo inmediato. Por eso, ya se ha comenzado a conversar, de manera extraoficial, que sonaría ad hoc al momento apoyarlos también con una Ley Corta Tributaria, en condiciones que la reforma del rubro aún tiene mucho que definir.

 

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