Opinión
Ya es hora de abrir un debate serio sobre la relación entre el orden público y la policía. Todavía muchos creen que la policía no genera la violencia sino que solo la contiene. Esa es al menos una visión unilateral de los enfrentamientos. Es también un intento por desconocer los estudios realizados en todo el mundo sobre los efectos violentos de la exageración policial y de la ausencia concomitante de autoridad. Carabineros debe ser ampliado, no reducido. Carabineros debe hacerse cargo del orden público en conjunto con la comunidad, recuperando su capacidad para la disuasión del delito. Una fuerza de emergencia debe poder recurrir a un voluntariado formado, similar y muy distinto al servicio militar. Todo a rostro descubierto y de cara a la gente.
Amnistía Internacional ha puesto de relieve el empleo ‘castigador’ de la violencia desmedida por parte de las autoridades y de la policía. Esto no nos debería extrañar. Deberíamos haber detectado hace tiempo la línea rizada que une los viejos instintos profesorales y policiales con el castigo físico. La pedagogía sustentada en el derecho a golpear a niños y a niñas tiene una continuidad cultural perfecta en la violencia policial.
Ha habido una evolución en las técnicas de enseñanza que no han alcanzado a la fuente ideológica que autoriza la violencia. La metáfora de la extirpación del cáncer usada en estos días por un General de Carabineros es la misma del General Leigh de hace casi 50 años. El general tiene consciencia del carácter analógico de su relato; alcanza incluso a entender que la metáfora es desafortunada pero no tiene lenguaje para decir y hacer las cosas de otro modo.
La deuda de la vieja educación con la policía, su unidad cultural en la ‘construcción de la nación’, se extiende también a los recreos y al tránsito desde el hogar al liceo. Los golpes de profesores y de policías formaban parte de una educación firme y viril. La autorización pedagógica y lúdica al uso de la legítima violencia por parte de la autoridad, es una parte del juego entre estudiantes y policías para bloquear y desbloquear las calles. A ese juego entre la autoridad castigadora y la niñez rebelde se debe lo que ocurre en torno a las barricadas y a la carga de la infantería pesada en calles sin tránsito, como en el trecho de Arturo Prat frente al Instituto Nacional.
Entre la vieja violencia escolar –de la que quedan resabios aplastantes en la arquitectura colegial- y la violencia policial, la continuidad no es analógica sino de naturaleza. La educación y la policía se deben a la formación de ciudadanos respetuosos de la majestad de la autoridad. La educación en la obediencia no se ejerce enseñando a seguir ordenes sensatas sino, al contrario, órdenes absurdas cuyo sentido es marcar la jerarquía y la autoridad.
La responsabilidad por la forma de expresión es siempre de los adultos y en especial de las autoridades provistas con el monopolio y los instrumentos técnicos para ejercer la violencia.
Tampoco en los saqueos la responsabilidad está en los delincuentes sino en la policía. Como lo señala claramente la demanda de Wallmart, el Estado no ha sido capaz de proveer un ambiente seguro para trabajar. Los delincuentes tienen por función el delito. La desprotección de los negocios no es su responsabilidad sino su oportunidad. Ellos forman parte de ese mundo subterráneo que se infiltra en todas las brechas que ofrece el vicio, la cesantía, la falta de cohesión social y las prioridades distorsionadas de la policía. La responsabilidad de la destrucción y de los saqueos corresponde a la fuerza pública y a la autoridad.
Antiguamente un carabinero se imponía por presencia. La pérdida de autoridad nunca está en los que se someten a ella sino en quienes la ejercen. Una policía dedicada a despejar calles, a impedir que se corte el tránsito y a evitar que se transite por otras calles, es una policía desviada de su función y desnaturalizada en su misión. La autoridad se ha perdido en sus propios extravíos.
El oficial de protocolo
Se ha llevado la discusión a los ‘protocolos’ como si un pedazo de papel autentificara los actos de la policía. Si el protocolo dice que primero se conversa con los manifestantes, eso quiere decir que las emboscadas blindadas a los manifestantes –que todos hemos visto- no ocurrieron.
Solo puede suceder lo que está escrito en los reglamentos y los protocolos. Por eso simplemente no pude ser que se hayan violado los DDHH. Eso no está en el reglamento. Si los balines fueran de goma no habría responsabilidad de Carabineros sino del protocolo. Si fueran metálicos la responsabilidad sería de los proveedores. Este carrusel no es Fuenteovejuna donde todos son responsables y ninguno. Esto se parece más a la Pinta en un recreo eterno. No hay literatura ni épica alguna en este correr el anillo de las responsabilidades por un portillo.
Vamos a terminar quitándole las carabinas a carabineros.
Ya es hora de abrir un debate serio sobre la relación entre el orden público y la policía. Todavía muchos creen que la policía no genera la violencia sino que solo la contiene. Esa es al menos una visión unilateral de los enfrentamientos. Es también un intento por desconocer los estudios realizados en todo el mundo sobre los efectos violentos de la exageración policial y de la ausencia concomitante de autoridad.
Carabineros debe ser ampliado, no reducido. La institución debe hacerse cargo del paso definitivo del Ejército a funciones de Defensa Nacional. Carabineros debe hacerse cargo del orden público en conjunto con la comunidad, recuperando su capacidad para la disuasión del delito. Una fuerza de emergencia debe poder recurrir a un voluntariado formado, similar y muy distinto al servicio militar. Todo a rostro descubierto y de cara a la gente.
