Opinión
Lo que hizo la Universidad de Santiago no debería ser solo imitado por otras universidades, sino por todos quienes hoy tienen en sus manos la posibilidad de hacer cambios. Si el rector Juan Manuel Zolezzi pudo comprenderlo después de negarse inicialmente, ¿por qué hoy un gerente, un senador o el mismo Presidente no lo podrían hacer? Por voluntad, por intereses creados, incluso por porfía. Pero no lo dude, luchar sirve. Si no, que se lo digan los trabajadores de aseo de la USACH.
En el día 43 de la incesante protesta que se ha estado viviendo en Chile durante las últimas semanas, trascendió por redes sociales que la USACH se sumaba a la lista de instituciones que decidían, producto de la abierta discusión sobre justicia social en el país, que subirían los sueldos de sus trabajadores de aseo a partir del año 2020 y, así, acabaría con la figura de subcontratación, vinculándose directamente con ellos y comprometiéndose a su nivelación de estudios para poder acceder a convertirse en funcionarios públicos.
En palabras sencillas, se trata de cambiar drásticamente la vida de 300 personas que pasarán de ganar menos de $300 mil a $400 mil, aproximadamente, brindándoles la seguridad que la figura de la “empresa externa” no es capaz de darle a ningún trabajador, al cual se le niega hasta el derecho a formar un sindicato, so pena de ser despedido.
Esta historia no es nueva. En la USACH se tenían antecedentes al respecto desde el 2007, aunque fue recién en el 2013 cuando tomó fuerza con la creación de la Escuela de Trabajadores, iniciativa que agrupó a estudiantes dispuestos a ayudar en la nivelación de estudios mayoritariamente a mujeres, jóvenes jefas de hogar o ancianas jubiladas a las que no les alcanzaba la pensión, para poder postular a mejores trabajos o poder ingresar a trabajar directamente para la universidad y no la empresa subcontratista.
[cita tipo=»destaque»]No se confundan, estoy feliz con lo que pasa en la USACH y espero que se replique el fin de la precarización laboral en todos los espacios posibles, pero es urgente reconocer la situación que llevó a este estado de la cuestión. Es imperativo que aquellos que reciben dineros estatales no solo den cuenta de ello, sino que acaten las condiciones que el Estado debería ponerles al momento de pasarles plata. ¿No deberían funcionar respetando las leyes que el mismo Estado debe hacer cumplir?[/cita]
En la movilización del 2015, fue oficialmente parte del petitorio de los estudiantes y uno de los puntos donde hubo más trabas. Ese mismo año se discutía la reforma universitaria de Michelle Bachelet y uno de los puntos que la Confech presentó al Gobierno en sus Mesas de Trabajo –a petición de la Federación de Estudiantes de la USACH y algunas otras que se habían sumado a la pelea por el mismo tema– fue que la asignación de recursos públicos para Instituciones de Educación Superior (IES) tuviera como condicionante las situaciones laborales que existían en sus administraciones internas, particularmente en lo concerniente al subcontrato, puesto que considerábamos que el dinero estatal no podía ser utilizado en lugares donde se precarizaba la vida de trabajadores.
No tengo que decir que dicho punto fue rechazado tajantemente, tanto por el Gobierno como por un número no menor de rectores del CRUCH. El subcontrato es ampliamente utilizado en las empresas chilenas y las IES, tal y como se plantean hoy desde el modelo subsidiario del Estado de Chile, tienen administraciones de empresas, incluso aquellas que son “estatales”.
¿Dónde creen que ahorran las universidades que hoy no reciben más que un mísero 15% (en el mejor de los casos) de Aporte Fiscal Directo (AFD) de parte del Mineduc? En sus condiciones laborales, en trabajadores subcontratados, en profesores contratados por horas de clases, en arrendar parte de sus instalaciones a privados como centros de eventos, etc. Las universidades estatales hacen magia para subsistir y se llama “administración de economía de mercado”.
No se confundan, estoy feliz con lo que pasa en la USACH y espero que se replique el fin de la precarización laboral en todos los espacios posibles, pero es urgente reconocer la situación que llevó a este estado de la cuestión. Es imperativo que aquellos que reciben dineros estatales no solo den cuenta de ello, sino que acaten las condiciones que el Estado debería ponerles al momento de pasarles plata. ¿No deberían funcionar respetando las leyes que el mismo Estado debe hacer cumplir?
Es ridículo que tengamos hospitales y clínicas que reciben felices dineros de todos los chilenos, pero que se niegan por conciencia a aplicar leyes democráticamente construidas. ¿No debería ser igual con cada aporte que este Estado subsidiario haga? ¿No debería servir nuestra plata al beneficio de las verdaderas mayorías, de los más pobres, en lugar de lo que unos pocos decidan?
El tema de las condiciones laborales y el gobierno universitario se trababa en la USACH por lo mismo que se trababa en las discusiones con el gobierno de entonces: quien maneja la plata, pone las reglas. Y si menos deciden, mejor control hay del dinero y más se mantienen los intereses de la élite que administra.
Si no me cree, dígame por qué hoy le duele tanto a la derecha discutir sobre si los representantes electos para la nueva Constitución van a ser representativos o no de la realidad país: hombres, mujeres, pueblos originarios, chilenos en el extranjero, etc. En la medida en que más personas deciden y más variados son sus intereses, menos probable es que un grupo pequeño se pueda arrancar con los tarros y llevarse la pelota cuando quiera.
Lo del acuerdo de la USACH no es solo significativo porque implica estabilidad laboral para 300 trabajadores o porque nos dio la razón sobre la importancia de dicha demanda a generaciones de estudiantes organizados a través de los años, sino porque da muestras claras de que lo que traba muchas veces los avances que las mayorías claman no son solo elementos estructurales, sino voluntades políticas de ir dando pasitos significativos que modifiquen la vida, quizás no de miles de personas, pero que sí construyen comunidades más cohesionadas y dignas, como podría ser una universidad, un colegio o una comuna.
Lo que hizo hoy la USACH no debería ser solo imitado por otras universidades, sino por todos quienes hoy tienen en sus manos la posibilidad de hacer cambios. Si el rector Juan Manuel Zolezzi pudo comprenderlo después de negarse inicialmente, ¿por qué hoy un gerente, un senador o el mismo Presidente no lo podríaN hacer? Por voluntad, por intereses creados, incluso por porfía.
Pero no lo dude, luchar sirve. Si no, que se lo digan los trabajadores de aseo de la USACH.
