Que las movilizaciones sociales creen un nuevo Chile

La dimensión y la extensión de las movilizaciones sociales, que ya cumplen más de 50 días, tienen que ver con la profundidad de la fractura social y política existente en la sociedad chilena y la generalizada desconfianza en las elites políticas, empresariales y en las instituciones en general, que han sido sorprendidas y sobrepasadas por las protestas de millones de chilenos.

Se anidaba en la sociedad un malestar profundo. En primer lugar, por las promesas incumplidas de un modelo económico que tiene como característica esencial la enorme concentración de la riqueza en pocas manos, las bajas remuneraciones, las paupérrimas pensiones de la mayoría y la falta de resultados positivos para la población, particularmente de las AFP y en las Isapres, que son los símbolos de servicios privados neoliberales que han fracasado y que no han respondido a lo que se prometió a los chilenos en el momento de su imposición en plena dictadura.

Ello se agudiza cuando el modelo se desacelera y se deteriora el crecimiento económico. Cuando por factores globales y locales, la economía deja de tirar, aumenta el desempleo y se vienen abajo las expectativas de los chilenos de alcanzar mejores niveles de vida en el contexto de una economía de mercado con un Estado subsidiario, que por su esencia es débil y no tiene los instrumentos para corregir, ni regular ni fiscalizar la economía.

[cita tipo=»destaque»]En la duración de las protestas juega un rol fundamental la total incapacidad del Gobierno de leer la dimensión de la crisis y de trabajar con convencimiento y celeridad en dar respuestas adecuadas a las demandas políticas y sociales de la movilización. La frase del Presidente “estamos en guerra contra enemigos poderosos” y de lo cual debió pedir perdón a la opinión pública, pero que sucesivamente –en diversas formas– ha vuelto a repetir, refleja la incomprensión personal del Mandatario de los problemas de fondo que afectan, transversalmente, a la sociedad chilena y la confusión de tratar el fenómeno como un tema de orden público más que político. Ello ha redundado en una masiva violación de los Derechos Humanos, ya denunciada por todas las instancias internacionales que han investigado la represión policial en estas semanas en Chile, con policías cuya función es la de mantener el orden público, pero que no están preparadas adecuadamente para ello, con códigos y procedimientos atrasados y sin aparato real de inteligencia civil y policial que pueda prevenir la comisión de delitos y neutralizar a los diversos grupos que operan en ellos. [/cita]

Hace solo dos años la mayoría de los chilenos, que votaron en las elecciones presidenciales, la mitad del padrón habilitado para hacerlo, eligió con amplia mayoría la opción de la derecha encabezada por Sebastián Piñera, confiando en que la conducción del empresario podría dinamizar la economía. La mayoría de la población, especialmente sectores medios, hicieron una apuesta por el mercado en un país donde una buena aparte de la importante movilidad social que Chile ha experimentado en estos 30 años, se ha realizado sobre la base de algunas reformas sociales que no han tocado la estructura del modelo, y del endeudamiento que afecta a más de 10 millones de chilenos.

Esta apuesta fracasó, se derrumbaron las expectativas esencialmente de los nuevos sectores medios de la población que se han expandido y la población perdió la confianza en la respuestas que el Gobierno y el sistema podían entregar a un país donde el 70% de los chilenos gana menos de 500 mil pesos y ya no solo el consumo “suntuario”, sino incluso el consumo cotidiano –alimentos, pagos de servicios, educación, prestaciones de salud– se realiza recurriendo a pagos diferidos, es decir, al endeudamiento, una bicicleta que en algún momento cortaría su cadena y que se hace imposible cumplir a partir de las bajas remuneraciones de la población.

A ello se agregan los generalizados abusos de las empresas de consumo y de servicios para obtener mayores utilidades, el alto costo de la vida y la arrogancia de quienes, en el plano político y empresarial, conducen al país. Hay una diversa percepción de subjetividad sobre la situación de Chile: mientras las élites políticas y empresariales –especialmente este Gobierno– creen vivir en un oasis, la mayoría de los chilenos siente que su nivel vida se deteriora y que ya no están en condiciones de mantener el ritmo que impone el mercado para funcionar. Son agobiados por los intereses y el cobro implacable de las deudas, creando una generalizada incertidumbre sobre el futuro inmediato, el temor de caer de nuevo en la pobreza y en la pérdida de lo que con esfuerzo se ha conquistado.

Surge también una nueva generación. Una despojada del miedo de volver a una dictadura, fuertemente influida por su conexión al mundo digital y a la inmediatez de la vida que este impone, que pone en cuestión el modelo en su conjunto, a las instituciones de representación, la democracia como existe, con sus principios y valores que tan bien explican Bobbio y Sartori. Que desecha a los partidos y organizaciones como correas de representación, de sentido y convocatoria, para expresarse directamente, sin mediadores, sin liderazgos constituidos, sin vocerías reconocidas y en la búsqueda de una forma directa de vivir la democracia, en la calle y despreciando la institucionalidad, incluso la electa democráticamente y en cuya generación, probablemente, no participaron, porque han sido parte del fenómeno de la desafección que se expresa en una primera fase de la subjetividad en formación, en la indiferencia, en la abstención electoral y, ahora, en una superior: en la protesta callejera.

Incluso los fenómenos de violencia, saqueos, incendios, que han golpeado al país durante estas ocho semanas de  protesta y donde, sin duda, está la conquista de territorios y adeptos de parte del narcotráfico, el aprovechamiento de grupos delictuales y la violencia como ideología de pequeños grupos, son vistos por amplios sectores juveniles como factores de construcción de identidad que confiere el enfrentarse al Estado y a los sitios del poder e, incluso, aún en aquellos que no los protagonizan directamente, como necesarios para visibilizar comunicacionalmente las protestas.

Lo grave políticamente de lo que vivimos es la connivencia y hasta el apoyo subterráneo a la violencia de partidos, líderes y organizaciones que sí sabiendo que ella golpea siempre a los más pobres y a la infraestructura social del país –véase la destrucción del metro– y que ellos vulneran principios esenciales de la democracia, no condenan y hasta atizan estos hechos, con la esperanza política de que ello pueda conducir a una salida anticipada del Presidente, sin respetar algo esencial del Estado de Derecho, que es que los Presidentes en democracia –en un sistema presidencialista– son elegidos directamente por el pueblo, que esa elección tiene períodos que deben ser respetados y que ellos se renuevan a través de elecciones, donde gana quien reciba el apoyo de la mayoría del cuerpo electoral que participa. Los intentos de golpes de mano, generalmente en la historia, terminan en dictaduras o en regímenes populistas autoritarios de diverso signo.

En la duración de las protestas juega un rol fundamental la total incapacidad del Gobierno de leer la dimensión de la crisis y de trabajar con convencimiento y celeridad en dar respuestas adecuadas a las demandas políticas y sociales de la movilización. La frase del Presidente “estamos en guerra contra enemigos poderosos” y de lo cual debió pedir perdón a la opinión pública, pero que sucesivamente –en diversas formas– ha vuelto a repetir, refleja la incomprensión personal del Mandatario de los problemas de fondo que afectan, transversalmente, a la sociedad chilena y la confusión de tratar el fenómeno como un tema de orden público más que político.

Ello ha redundado en una masiva violación de los Derechos Humanos, ya denunciada por todas las instancias internacionales que han investigado la represión policial en estas semanas en Chile, con policías cuya función es la de mantener el orden público, pero que no están preparadas adecuadamente para ello, con códigos y procedimientos atrasados y sin aparato real de inteligencia civil y policial que pueda prevenir la comisión de delitos y neutralizar a los diversos grupos que operan en ellos. ¿No era posible detener con antelación la utilización de balines por parte de Carabineros que han dejado irrecuperablemente a 300 personas sin sus globos oculares? No hay explicación a ello, salvo la negligencia, el enfoque errado de detener las protestas con la represión y la soberbia política que ha caracterizado el accionar del Gobierno.

Nadie entiende el retraso del Gobierno de proponer al Parlamento una Agenda Social por la Equidad, que es el tema central de las protestas, dando respuestas esencialmente a cuatro aspectos cardinales: un nuevo sistema previsional –cuando la propia nueva ministra del Trabajo ha dicho categóricamente que “las AFP han fracasado como sistema previsional”–, a las Isapres, al sistema público de salud y el costo de los medicamentos, remuneraciones y leyes contra el abuso empresarial.

Da la impresión que, en particular, el Presidente cree que las movilizaciones sociales se desgastarán por sí solas. Si es así, está errando nuevamente la óptica, porque ¿qué pasará el día que, frente a la inercia y la falta de voluntad política de introducir cambios estructurales en el modelo neoliberal, se vuelva a juntar un millón y medio de personas? El Gobierno no puede seguir jugando con fuego y haciendo apuestas que solo radicalizarán el enfrentamiento y alejarán cada día más a las instituciones y a la política de la ciudadanía.

Las movilizaciones sociales han obtenido ya un gran e histórico triunfo: el que se someta a un plebiscito si se quiere o no una Nueva Constitución, el que sea una Convención Constituyente la que elabore este nuevo texto desde cero y que su composición se decida también en dicha consulta popular, además de un plebiscito de salida que ratifique o no el texto aprobado por la Convención Constituyente. Nunca, en la historia de Chile, una Constitución ha sido elaborada por un órgano especialmente elegido para ello y ninguna Constitución ha sido plebiscitada en dos instancias.

Hay temas no resueltos que deberán abordarse legislativamente, porque especialmente la UDI ha vetado el que desde ya haya un acuerdo para una asamblea paritaria en género, que incorpore efectivamente a los pueblos originarios y las garantías electorales básicas para la participación de los independientes.

Es sorprendente que, en la segunda década del siglo XXI, alguien se oponga a que las mujeres que representan el 51% del padrón electoral, no tengan esta presencia efectiva en la Convención. Con ello, se ignora que estas protestas sociales no comenzaron realmente con los torniquetes, sino efectivamente con las 200 mil mujeres que un día se tomaron Santiago con las demandas feministas y que hoy, con la maravillosa creación cultural de «LasTesis», han globalizado sus demandas y las han convertido en un símbolo de protesta de las mujeres en todo el planeta. La presencia de la mujer y de sus derechos han dado a las movilizaciones sociales una nueva dimensión, la han dotado de mayores contenidos y reforzado lo pacífico de las protestas. Ello no podrá ser desoído por el Parlamento, este será un tema central del debate político hacia el plebiscito de abril y la propia movilización social se encargará de imponerla.

Igualmente inconcebible es que las fuerzas conservadoras –que seguramente votarán por mantener la Constitución de Pinochet en el plebiscito– no estén dispuestas a aceptar la presencia de una componente de pueblos originarios en la Convención, cuando en todo el mundo el tema étnico es parte de las políticas integradoras, contra el racismo y las desigualdades y cuando este tema, la presencia política de los pueblos originarios, es clave para crear un nuevo marco de relaciones con estos pueblos y etnias que antecedieron a la formación de la República y fueron parte sustantiva de este proceso.

Pero también resulta inentendible que haya sectores que cuestionan el acuerdo para la concreción de una Nueva Constitución, aduciendo excusas ideologistas u oportunistas que intentan desacreditarlo, haciendo el juego a la ultraderecha que se volcará con todo para ganar el plebiscito y mantener la Constitución de la dictadura.

Esta es una gran conquista de las movilizaciones sociales y el concretar una Nueva Constitución es una exigencia, no solo porque la actual Carta Magna carece de legitimidad de origen y mantiene la división entre los chilenos, sino también porque es anacrónica con el mundo del siglo XXI y crea una posibilidad de tener un marco que se adecue a los portentosos cambios epocales y civilizaciones que vive el mundo.

Solo una mayor democracia –cuando en el mundo la democracia representativa se muestra estrecha para representar todos los intereses, los anhelos de participación, los nuevos pluralismos, derechos y obligaciones que se deben consagrar–, una mayor igualdad e integración social y más respeto a la dignidad de todos, pueden resolver la crisis que vivimos.

Todo ello requiere, además, un profundo cambio cultural, valórico, una menor intransigencia y una mayor tolerancia a la diversidad, que es la mayor riqueza que una sociedad democrática debe cautelar.