Opinión
La entrada en vigencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación no ha fomentado buenas prácticas contractuales y laborales. Tampoco se han visto –hasta ahora– medidas concretas tendientes a reducir la precariedad laboral que afecta a los propios trabajadores de la ANID y a los profesionales con grado de doctor que regresan al país tras ser financiados por el mismo Estado. Para este 2020 se requiere un mayor compromiso ministerial con la evidencia en las políticas públicas, con el diálogo de calidad con investigadores y funcionarios, definiciones claras y participación vinculante. En el año de la esperada nueva Constitución para Chile, es el momento de dar un par de pasos más. Un paso hacia afuera, para poner la evidencia en el centro de las políticas públicas. Y un paso hacia adentro de las comunidades de investigadores y los colaboradores de la propia ANID, con más participación vinculante y menos desigualdad laboral al interior de la Agencia.
La conversión de la Conicyt (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) en ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo) –esta última dentro del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Min CTCI)– parece, hasta el momento, haber funcionado relativamente bien a pesar de algunos sobresaltos. Por ejemplo, habría que mencionar el paro de Conicyt en agosto de 2019 debido a que no se respetaron acuerdos en cuanto a la cantidad de personal a honorarios, contratas y plantas, de acuerdo al protocolo suscrito con las autoridades anteriores y que el actual Gobierno desconoció. Aún más, podría afirmarse que la instalación de la ANID podría considerarse un éxito si este fuera el aparentemente tranquilo año 2018.
Sin embargo, ya estamos a inicios del 2020 y lo que comenzó en octubre de 2019 pasará a los libros de historia como un acontecimiento único y singular. Desde el inicio del estallido social en Chile, nuestro país se ha visto envuelto en un estado de movilización permanente. Los lemas de la lucha son bastante claros, aunque muchos no quieran escucharlos: desde la mala calidad de la salud pública hasta un sistema de pensiones que reparte pobreza, pasando por los bajos sueldos y una ideología de la desigualdad que parece haberse naturalizado en la sociedad chilena. En vez de seguridad y estabilidad, las condiciones de vida de la mayoría son precarias, inestables e inciertas.
Todas estas condiciones también se reflejan en el mundo en donde se genera el conocimiento. Hay problemas de financiamiento estructurales y a largo plazo, desconexión entre investigadores, trabajadores de la ANID, universidades, institutos del Estado y privados, desproporciones en las oportunidades para quienes comienzan (becas, retornados de doctorados), desigualdades de género tan evidentes que ya no se hacen sostenibles, falta de diálogo con las asociaciones de investigadores, poca claridad y falta de participación en la definición las políticas públicas de investigación, etc.
Si bien el ministro ha reconocido buena parte de este diagnóstico, en ciertos momentos, el Gobierno no parece estar actuando con la energía necesaria para convertir el conocimiento –el saber científico, social y cultural– en un eje a partir del cual articular no solo el Ministerio CTCI o su agencia ANID sino también las políticas públicas en general.
Debido a esto, los reproches hechos al ministro Andrés Couve en la carta pública del 7 de enero 2020, suscrita por diversas organizaciones de la comunidad científica, eran adecuados y pertinentes, ya que lo exhortaban a poner el conocimiento en el centro de la articulación de las políticas públicas. Por ejemplo, pese a la grave crisis de sequía que afecta al territorio nacional, el ministro Couve no ha manifestado una posición clara al respecto, que mantiene a comunidades sin acceso a un servicio básico como lo es el agua potable. Hacerlo lo obligaría a enfrentarse a la privatización del agua hecha en dictadura o, más aún, a la concepción misma de propiedad privada que un Gobierno de derecha en Chile difícilmente impugnaría. Cuando se trata de asuntos medulares y complejos, el conocimiento y las políticas basadas en la evidencia solo callan por falta de fuerza política.
Para un ministerio y una ANID del año 2020 y posteriores es necesario perder el miedo a las comunidades, y a las asociaciones formales que le representan. Es necesario, también, dejar atrás las participaciones consultivas que serán procesadas por un “grupo de expertos” designado por la autoridades –que representa los puntos de vista e intereses–. Estos grupos solo despiertan sospechas, debido a que su composición representa los puntos de vista e intereses de una cúpula política con cada vez menos legitimidad social, pero con enorme respaldo del poder económico. El mismo Premio Nacional de Ciencias Naturales, Fabián Jaksic, reconoce avergonzado cómo algunos de los considerados expertos técnicos son cooptados por estos grupos de poder para argumentar a favor de sus intereses –vale destacar que la mayor parte de la comunidad científica del país se mantiene fiel a la ciencia y a la independencia de su labor–.
Somos conscientes, además, que desde el Ministerio CTCI se han hecho muchas consultas a dichos investigadores en relación con la política pública de investigación, pero lamentablemente no se han visto señales claras de cómo se incorporarán tales ideas en la política.
En especial, hay que dejar el miedo a la participación vinculante ad portas del proceso constitucional que sucederá este 2020, debemos comprender que no hay nada más natural en una democracia que la participación responsable de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Para una política legítima y colectiva son importantes los procesos de diálogo y no tan solo los resultados. Asimismo, hay que preocuparse de la participación de diferentes actores, tales como funcionarios, técnicos, estudiantes e investigadores en distintas etapas profesionales. Debemos pensar desde lo colectivo y hacia lo colectivo, porque es en estos espacios múltiples y diversos en donde el conocimiento se genera.
La entrada en vigencia del Ministerio CTCI tampoco ha fomentado buenas prácticas contractuales y laborales. Tampoco se han visto –hasta ahora– medidas concretas tendientes a reducir la precariedad laboral que afecta a los propios trabajadores de la ANID y a los profesionales con grado de doctor que regresan al país tras ser financiados por el mismo Estado.
Se requiere un mayor compromiso ministerial con la evidencia en las políticas públicas, con el diálogo de calidad con investigadores y funcionarios, definiciones claras y participación vinculante. El ministro Andrés Couve lideró en el pasado protestas por estas malas condiciones, cuando el movimiento de los “delantales blancos” comenzó a visibilizar esta situación de precariedad, y la necesidad de diálogo entre las diversas disciplinas en Chile y el poder político.
Para actuar acorde al año 2020, año de la esperada nueva Constitución para Chile, es momento de dar un par de pasos más. Un paso hacia afuera, para poner la evidencia en el centro de las políticas públicas. Y un paso hacia adentro de las comunidades de investigadores y los colaboradores de la propia ANID, con más participación vinculante y menos desigualdad laboral al interior de la Agencia.
